¿Qué viene en 2019 en temas de impunidad?

Debido a la crisis de inseguridad y violencia que azota al país, y dadas las propuestas para combatirla que ha hecho el nuevo gobierno, en Impunidad Cero nos hemos dado a la tarea de ofrecer información veraz y confiable sobre los temas de impunidad de la agenda pública de 2019. Para empezar, ofrecemos una lista de asuntos coyunturales de impunidad presentes en la discusión pública a los que nos parece indispensable dar seguimiento.

Creación de la Fiscalía General y elección del Fiscal General

Se ha vuelto evidente la necesidad de avanzar hacia un modelo de procuración de justicia que garantice el acceso a la justicia de todas las personas que vivimos en el país. Es por ello que la creación de una Fiscalía General a nivel federal, junto con la creación de fiscalías locales, ha estado en el debate público en los últimos años. Aunque hay diferentes visiones al respecto, la mayoría de las voces están de acuerdo en lo esencial: las fiscalías deben ser autónomas, independientes, profesionalizadas y con un servicio civil de carrera que asegure la capacidad de su personal, con el fin de que éste cuente con una alta capacidad técnica y de investigación.

Al menos en el discurso, la lucha contra la corrupción y la impunidad son prioridades centrales del gobierno federal. Para que esto se vuelva una realidad, es indispensable transitar hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Impunidad Cero, como parte del colectivo #FiscalíaQueSirva, estará atento al proceso de elección del Fiscal General, quien además de dirigir la Fiscalía tendrá la labor de diseñar un “Plan Estratégico de Transición” a lo largo de un año. Este proceso será, si se sabe aprovechar, una oportunidad histórica que tendrá impacto tanto a nivel federal como en los estados.

Transición de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX a Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Este proceso de transición de una procuraduría a una nueva Fiscalía General de Justicia de la CDMX debe atender las ineficiencias que presenta el sistema de procuración de justicia de la ciudad: de acuerdo con nuestro Ranking estatal de fiscalías y procuradurías, publicado en 2018, la PGJ de la CDMX es la instancia de procuración de justicia a la que se le asignan mayores recursos de todo el país; sin embargo, esta ventaja presupuestal no se ha visto reflejada en mejoras en su desempeño, ni en la efectividad en sus investigaciones. Además, la PGJ es la procuraduría que menos confianza reporta entre los ciudadanos, por lo que los retos para su reestructuración requieren mucho más que un cambio de nombre. Para disminuir la impunidad, son necesarias acciones concretas que garanticen mejoras en la capacidad de investigación y modelos de gestión que garanticen el esclarecimiento de los delitos.

Ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa

Dada la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa nuestro país, una de las propuestas del nuevo gobierno ha sido reformar el artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos en los que opera la prisión preventiva oficiosa para llevar a cabo la investigación. Con la reforma, se busca aplicar prisión preventiva para delitos relacionados con hechos de corrupción, robo de hidrocarburos y uso de programas sociales con fines electorales.

Esta iniciativa no solamente viola el derecho de presunción de inocencia, sino que contribuye a que las instancias de administración de justicia tengan un aumento en la carga de trabajo, además de desincentivar la labor de investigación del Ministerio Público, lo que llevaría a un aumento en el rezago, que se traduce en una baja probabilidad de esclarecer estos delitos para los que prevalece la  impunidad, ya que 37.87%¹ de la población privada de la libertad no ha recibido una sentencia. Cifras como ésta nos demuestran que la estrategia no debe enfocarse a tener a más personas en la cárcel sin sentencia, sino a mejorar los modelos de investigación para sancionar más delitos y así hacer frente a la impunidad generalizada que enfrenta nuestro sistema de justicia.

Creación de la Guardia Nacional y el rol que asumirá en investigación y sanción de delitos

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 se registraron en el país 30,499 muertes por homicidio doloso. De éstos, 21,543 fueron con arma de fuego, convirtiendo a 2018 en el año más violento de las últimas décadas. Ante esta crisis, el nuevo gobierno ha propuesto crear la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad mixto que tenga formación militar y funciones de policía.

El gran dilema al que nos enfrentamos es si esta nueva organización logrará hacer frente a la violencia o la aumentará. De acuerdo con el director del IIJ de la UNAM, Pedro Salazar, la nueva redacción del artículo 21 constitucional refleja que el mando de la Guardia Nacional será militar. Esto resulta preocupante debido a que, en el pasado, el ejército mexicano no ha garantizado el respetado de los Derechos Humanos de la población. Alejandro Hope, señala otro tipo de problemáticas. En la iniciativa de ley se menciona que esta medida será sujeta a evaluación a los tres años de ser implementada tanto por el poder Ejecutivo como por el Legislativo. ¿Con base en qué cifras sabremos si persiste la impunidad en delitos que generan violencia en el país?

Investigación y sanción de casos de corrupción penal y administrativamente

Desde su campaña, el presidente anunció que uno de los objetivos de su gobierno es lograr que en el país haya “cero corrupción y cero impunidad”. Es importante mencionar que, independientemente de este objetivo, desde la pasada administración se establecieron algunas políticas encaminadas a combatir la corrupción a las cuales hay que dar seguimiento. Por ejemplo, en diciembre se dio a conocer la Política Nacional Anticorrupción (PNA) que determinará la estrategia de los distintos entes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para hacer frente a este grave problema. La PNA tiene como primer eje el combate a la impunidad de este delito. Para lograr esto se tiene que establecer la coordinación de varias instituciones que tienen a su cargo la prevención, detección, denuncia, investigación y sanción de casos de corrupción. En este punto es importante tener en cuenta dos aspectos: las responsabilidades administrativas que se derivan de un hecho de corrupción y las responsabilidades penales que se derivan de ello.

Respecto a las responsabilidades administrativas, tal y como se desprende de la investigación de Darío Ángeles para Impunidad Cero, la Secretaría de la Función Pública tan sólo sanciona 8% de las denuncias o quejas que recibe por la actuación irregular de los funcionarios, ya que muchas de las sanciones son anuladas por el TFJA. Esto se debe a varias fallas en el mecanismo de asignación de responsabilidades administrativas.

Para poder consolidar el SNA y que los casos de corrupción no quedan impunes, es necesario que:

1. Los actores involucrados en el sistema de responsabilidades administrativas entiendan cuáles son sus nuevas atribuciones según las nuevas leyes del SNA.
2. Los actores involucrados en sancionar penalmente los delitos que involucran casos de corrupción (cohecho, delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otros) tienen que tener las capacidades técnicas para poder investigar conductas delictivas complejas así como para identificar a los involucrados en redes de corrupción.
3. Se identifiquen las fallas en la forma de operar de estas instancias antes de la entrada en vigor del SNA para poder mejorar sus procesos de prevención, detección, investigación y sanción de actos de corrupción.
4. Se elaboren indicadores y métricas de seguimiento y evaluación de los procesos.

Estos son algunos de los puntos a los que consideramos importante dar seguimiento respecto al combate de la impunidad. A lo largo del 2019 nos comprometemos a ofrecer material veraz y claro que contribuya a enriquecer la discusión pública sobre estos temas que tanto nos preocupan a todas y todos. #HablemosDeImpunidad.

 

@ImpunidadCeroMx

 

 

¹ Cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, Octubre 2018.