¿Qué tanto conocemos al Poder Judicial?

El Poder Judicial es un poder alejado de la sociedad. Desconocemos en gran medida su funcionamiento, atribuciones y facultades; los sectores político y económico tienen gran injerencia en la selección de su personal, sobre todo, en posiciones de alto nivel; tampoco, —salvo contadas excepciones—1 contamos con información sobre las sentencias que emiten, pues no las publican.

Por ejemplo, la encuesta Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia 2018 del INEGI demuestra que la ciudadanía tiene un bajo nivel de confianza en este poder, situándolo en los últimos lugares de la encuesta

El miércoles 4 de septiembre se llevó a cabo el foro titulado “Debate inaplazable: las transformaciones que los Poderes Judiciales necesitan en el México del Siglo XXI”, iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil del colectivo #LoJustoEsQueSepas.2 Con este se buscó propiciar un diálogo multilateral entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, academia y sociedad civil, sobre las distintas perspectivas de tan amplia discusión.

Dicha discusión giró en torno a tres temas: independencia y gobierno judicial, selección de personas juzgadoras idóneas y, por último, transparencia judicial y participación ciudadana. Es justo en este último punto donde deberíamos detenernos a cuestionar y reflexionar: ¿A quiénes se está dejando fuera de las discusiones sobre las reformas que se pretenden hacer al Poder Judicial y qué consecuencias tiene esto?

Para entender el panorama completo resulta imprescindible reconocer que este es un proceso donde las voces del Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, de la academia y de la sociedad civil son importantes; no debemos olvidar que el debate principal en términos de acceso a la justicia y garantía de los derechos humanos tiene que poner en el centro a las personas.

¿Se las está considerando lo suficiente en estas iniciativas? ¿Las reformas promueven el acceso a la información pública y la participación ciudadana, derechos humanos que pocas personas conocen y sin los cuales se dificulta la exigencia de otros derechos? ¿Estas iniciativas favorecen un sistema de justicia abierto, basado en los principios de transparencia, apertura de datos, participación ciudadana y colaboración entre gobierno y ciudadanía?

Es claro que son múltiples los retos a resolver en los Poderes Judiciales. En este contexto, el foro fue un buen primer paso de un largo camino que implica, como mínimo, responder a estas preguntas para transitar hacia una justicia abierta que sea cercana a las personas.

Para revertir la idea de que los Poderes Judiciales sólo son accesibles para quienes entienden el lenguaje jurídico, las discusiones en torno a estas reformas deben darle un lugar central a las personas, que son quienes se enfrentan a las deficiencias en la impartición de justicia y quienes no necesariamente son especialistas en la materia.

Por lo tanto, es necesario que contemplen el acceso a la información como un derecho humano y no como cargas administrativas para las agencias del Estado.

Se requieren además procedimientos transparentes que propicien la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Sólo de esa manera podremos conocer cómo funcionan dichas instituciones para disminuir la enorme distancia que aún existe entre quienes imparten justicia y las personas a quienes sirven.

* Cinthya Alvarado (@sheiscin) es investigadora del Programa de Derecho a la Información en ARTICLE 19 México y Centroamérica.

 

1 De acuerdo al Informe de EQUIS Justicia para las Mujeres (IN)Justicia Abierta: Ranking de opacidad judicial en México, el Poder Judicial de Durango es el único que publica todas sus sentencias.

2 El colectivo está integrado por EQUIS Justicia para las mujeres, Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, México Evalúa, Borde Político, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Fundar Centro de Análisis e Investigación.