¿Qué sigue si se aprueba la nueva Ley de la FGR?

De aprobarse la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, sin duda seguiría explorar las alternativas jurídicas para cuestionar la constitucionalidad de la nueva legislación y reformas conexas, pero -con independencia de su resultado- lo más importante sería empezar un proceso de reflexión que nos lleve a plantear una reforma profunda a nuestra regulación constitucional de la investigación penal y su interacción con otras funciones (más bien obligaciones) del Estado, tales como la búsqueda de personas, la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, o la prevención y combate al lavado de dinero.

El común denominador a todas estas obligaciones es que su cumplimiento efectivo depende en gran medida del uso de herramientas investigativas que, históricamente, han permanecido bajo el control exclusivo del ministerio público, como conductor de la persecución de los delitos. Sin embargo, estamos en presencia de obligaciones donde concurren diversas entidades públicas, y la FGR, bajo el argumento de una malentendida autonomía, se niega a participar en espacios interinstitucionales para tomar decisiones conjuntas y coordinadas.

Con la propuesta de nueva Ley de la FGR, todo indica que esa postura no cambiará, así que ha llegado la hora de cuestionar el monopolio del ministerio público sobre el uso de ciertas herramientas investigativas. Lo anterior no significa romper con la sacrosanta tradición de la conducción ministerial de la investigación penal, sino reconocer que existen otras entidades públicas que, para cumplir con sus mandatos constitucionales, requieren de las herramientas investigativas adecuadas y suficientes para ello, sin depender de una FGR que abiertamente reconoce su falta de voluntad para actuar de forma coordinada con otras instituciones.

Un ánimo de escepticismo, por decir lo menos, impera entre quienes hemos cuestionado la inminente aprobación de una nueva Ley de la Fiscalía General de la República. Todo indica que no han sido suficientes los reiterados llamados a un proceso mucho más profundo de reflexión, ni las múltiples advertencias sobre los retrocesos que implicaría esta nueva legislación. Múltiples actores han encendido las alarmas: la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, 4 mecanismos especializados de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decenas de colectivos y organizaciones de derechos humanos, y hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja (organismo reconocido por prudencia mediática), todos ellos, sin excepción, se han pronunciado públicamente con gran preocupación por las posibles consecuencias de aprobar la propuesta de nueva Ley de la FGR. Sólo la FGR y los senadores de Morena defienden esta iniciativa.

Tal como ha ocurrido en otros temas sensibles, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional, el Senado ha optado por simular la escucha. El pasado lunes 1 de marzo se convocó a un foro que está muy lejos de poderse calificar como un verdadero ejercicio de parlamento abierto; el foro fue convocado con menos de tres días de anticipación y ni siquiera había claridad sobre el documento objeto de la discusión, por lo que las personas fueron invitadas a emitir su opinión sobre la base de la especulación. Desde diciembre del año pasado se han filtrado una iniciativa, un proyecto de dictamen y un par de documentos de trabajo, pero a la fecha nadie tiene claridad sobre cuál es la propuesta que discutirán las comisiones dictaminadoras y, eventualmente, el pleno. Así que no, la señales no son buenas, todo parece indicar que nuestra instancia de procuración de justicia federal retrocederá al menos dos décadas en el tiempo.

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.