¿Qué sabemos sobre las mujeres que cultivan coca en Colombia?

En 2017, en Colombia persistía una alta expectativa por el inicio del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS) como parte de la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las FARC. En marzo de ese año, mujeres cultivadoras de coca se reunieron en Puerto Asís (Putumayo) para manifestar la necesidad de su reconocimiento como “cultivadoras, recolectoras y realizadoras de otras actividades asociadas a la economía de la hoja de coca”.

Su intención fue mostrar que participan de esta economía y se han beneficiado de esta, pero también han sufrido los riesgos asociados a la regulación de actores armados y la respuesta del Estado frente a los cultivos ilícitos. Sus exigencias partían de una preocupación histórica: las y los cultivadores de coca han sido el eslabón más débil de la cadena de producción de cocaína y sobre quienes ha recaído las respuestas más fuertes por parte del Estado, como fumigación aérea con glifosato, erradicación forzada, penalización y estigmatización.

Las y los cultivadores de coca son campesinas(os) con porcentajes importantes de pobreza monetaria y multidimensional, que se han vinculado a este cultivo para enfrentar vulnerabilidades económicas. Según datos de UNODC, sobre las familias vinculadas al PNIS, el 46,9% de integrantes de las familias que viven en zonas de cultivo de coca son mujeres, 29% de ellas cabezas de familia. Este dato resulta revelador considerando que, paradójicamente, las apuestas de desarrollo alternativo en el país no han considerado de manera efectiva un enfoque de género.

Conocer la situación de las mujeres en estos contextos permitiría identificar riesgos y brechas de género en zonas históricamente desatendidas por el Estado, así como contar con evidencia adecuada para diseñar programas de desarrollo pertinentes y una política de drogas garantista de los derechos humanos.

¿Quiénes son las mujeres cultivadoras coca?

La siembra, cultivo y transformación de hoja de coca como actividad agrícola implica diversos procesos: compra de semillas, disposición de la tierra, mantenimiento de cultivos, contratación de trabajadores, compra de insumos químicos para el procesamiento inicial de pasta base, entre otros. En esta cadena, las mujeres desempeñan diversos roles: son raspachinas o recolectoras, finqueras, cocineras, amedieras, o productoras.

La información disponible indica que su vinculación al cultivo se da por diferentes condiciones: por un lado, las características de producción de la hoja de coca permiten desempeñar actividades productivas combinadas con actividades de cuidado familiar. En otras palabras, permite “atender la casa y la familia” mientras se recolecta y transforma la hoja. Por otro lado, la alta demanda de mano de obra que genera esta economía permite una fácil vinculación de las mujeres, situación que no se da con otro tipo de productos agrícolas. A esto se suma que el cultivo de coca ha sido una opción económica para sobrellevar vulnerabilidades estructurales y bajo acceso a bienes y servicios básicos.

Ya vinculadas a esta economía, las mujeres perciben mayores ingresos en comparación con los cultivos legales, además, dirigen sus recursos económicos hacia el bienestar de sus familias. Una encuesta a cultivadores mostró que las mujeres invierten hasta el 33% de sus recursos derivados de estas actividades en la educación de sus hijos, mientras los hombres llegan a invertir hasta el 23%.

Algunos estudios indican que en la economía cocalera el sexo no parece ser una variable que influya en la percepción de ingresos económicos. Sin embargo, abordajes más cualitativos indican que los hombres perciben mayores ingresos en tanto las labores que desempeñan son asociadas a un mayor uso de la fuerza. En todo caso, los ingresos económicos provenientes de la económica cocalera parecen generar mayor autonomía en las mujeres y poder de decisión sobre el gasto, esto, sin ignorar las fuertes vulnerabilidades en las cuales siguen inmersas. En esta economía los logros económicos de las mujeres se combinan con riesgos por la presencia de actores armados y las respuestas punitivas del Estado.

Estas características varían territorial y poblacionalmente. Las experiencias de las mujeres indígenas, afrodescendientes y/o migrantes, podrían tener diferenciales importantes en la vinculación a estas actividades, los ingresos económicos y su destinación, al igual que frente a las vulnerabilidades de género de los contextos en los que viven. Sobre esto, la poca información persiste.

Las investigadoras del tema coinciden en señalar que la vida de las mujeres cultivadoras de coca en Colombia, envuelve diferentes inequidades: ser mujeres, pobres, víctimas del conflicto armado, y estar vinculadas a una actividad considerada ilegal y fuertemente estigmatizada.

¿Cómo han sido impactadas las mujeres por las políticas contra las drogas desplegadas por el Estado Colombiano?

La respuesta del Estado Colombiano frente a los cultivos de coca ha sido el centro de profundos debates en el país, pues el “problema de las drogas” se ha argumentado como el inicio y motor del conflicto y la violencia. Bajo este marco se ha justificado la respuesta militar y punitiva a los cultivos de coca. Actualmente, la discusión por el retorno de la estrategia de aspersión con glifosato ha revivido bajo la excusa del deterioro de la seguridad en diferentes regiones del país. Pero esta vez, la discusión se da en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, que se propuso justamente dejar de lado las respuestas inmediatistas para apostarle a una transformación territorial en el largo plazo. Esta discusión actual, deja ver puntos clave sobre las consecuencias e impactos que ha traído la respuesta del Estado Colombiano en las comunidades que cultivan coca, y en particular, en las mujeres.

Las estrategias de erradicación forzada y aspersión con glifosato, de manera general, han llevado a la falta de legitimidad y confianza entre Estado y comunidades. Los estudios sobre las mujeres cultivadoras indican que para ellas son al menos tres los impactos centrales de estas políticas:

• Efectos sobre la seguridad alimentaria de sus familias debido a que la mata de coca si bien no suele ser la fuente única de ingreso, si es la principal y la más rentable. En este sentido, la erradicación implica la pérdida del sustento básico.
• Consecuencias del glifosato en la salud
• Estigmatización de su labor debido a las narrativas que equiparan al campesinado cocalero con narcotraficantes.

Estos impactos llevan a una relación ambivalente con el Estado, que complejiza, por ejemplo, el acceso a justicia por parte de las mujeres y que da lugar a formas de control armado por parte de grupos ilegales. En estos contextos, las violencias de género son fuertemente invisibilizadas. Justamente, conocer la perspectiva de las mujeres en estos mercados, ayudaría a entender cómo la inequidad y las vulnerabilidades son exacerbadas por diferentes políticas contra las drogas. En Colombia, si bien hay avances, aún estamos en deuda de comprender estas dinámicas desde la perspectiva de género.

¿Qué nos dice esto sobre los desafíos en materia de política pública?

En el marco del PNIS, los cultivadores y recolectores de coca en Colombia firmaron acuerdos colectivos con el Estado para la erradicación voluntaria. El programa contempló subsidios económicos y proyectos productivos de corto y largo plazo. De los acuerdos colectivos, solo el 26% fueron firmados por mujeres. Actualmente, el programa reporta que el 36.4% de los beneficiarios son mujeres.

Como en 2017, las mujeres cultivadoras de coca hoy siguen insistiendo en la necesidad de hacer real medidas de género en el PNIS, pero, además, reconocer sus capacidades y conocimientos para el diseño de políticas y programas de desarrollo en sus territorios.

En el fondo, además de un problema en el enfoque de la política de drogas, en Colombia hemos estado frente a un problema de desarrollo y garantía de derechos humanos de poblaciones históricamente excluidas. Con la información disponible sobre las mujeres cultivadoras en el país, son varias las recomendaciones para avanzar en la generación de conocimiento sobre este tema y aportar a la política pública. Se destacan tres acciones desde los cuales investigadoras e investigadores podemos hacer un aporte relevante:

• Reconocer el activismo y la capacidad de agencia de las mujeres cultivadoras de coca, identificando no solo sus vulnerabilidades sino también sus capacidades y aportes al desarrollo rural.
• Visibilizar las voces de estas comunidades en las decisiones de orden trasnacional de la política de drogas, donde han sido inexistentes y tenido por tanto, una limitada capacidad de incidencia.
• Indagar y comprender las dinámicas económicas y sociales detrás de los mercados de drogas desde una perspectiva de género, poniendo en el centro del análisis las voces y necesidades de las comunidades para la transformación de narrativas en torno a su labor.

* Irina Cuesta Astroz es Socióloga, Magíster en Sociología de la Universidad del Valle, Colombia. Actualmente es investigadora de la Fundación Ideas para la Paz.

 

Las opiniones expresadas en este blog son de exclusiva responsabilidad de la autora o autor y no necesariamente representan la opinión del Programa de Política de Drogas.