blogeditor · 10 de marzo de 2011
Por José F. Tapia*
*Director de Investigación en México Evalúa
Antes de perder la cordura con lo que observamos y escuchamos referente a la situación de inseguridad a lo largo de nuestro territorio, debemos considerar ¿qué es lo que quisiéramos demandar a la autoridad en la materia?
Creo que, en muchas ocasiones, nuestro estado de aturdimiento no nos permite ver con claridad las causas que subyacen al fenómeno y, por ende, nos es difícil estructurar claramente lo que necesitamos exigir.
Pasando del nivel personal al comunitario, el tratar de organizar una agenda común en medio de tanta información, temor y agravios suena realmente como algo difícil de lograr. Probablemente las autoridades en los tres niveles de gobierno siempre han contado con la premisa fundada de que la sociedad civil en México es poco fructífera al momento de generar acuerdos consensuados. Pero hoy, es precisamente el enorme ánimo de indignación e impotencia colectiva, el que puede ayudarnos a establecer acuerdos mínimos sobre lo que el Estado debería ofrecer y dar cuentas en materia de seguridad.
Un esquema de cooperación y acuerdo civil es lo que ha permitido a regiones en conflicto salir adelante y, al mismo tiempo, se ha convertido en un mecanismo de participación, auditoría social y equilibrio ante la fuerza pública y políticas de estado que no proveen resultados.
La receta es simple: debemos establecer con claridad lo que como sociedad no estamos dispuestos a tolerar más, estableciendo cuáles son las conductas y acuerdos mínimos que deben ordenar las relaciones sociales; esto es justamente lo que debemos demandar a la autoridad.
El punto de partida es exigir resultados mínimos que aseguren esta condición. Por ejemplo, en el tema de seguridad tenemos claro que todos queremos vivir sin miedo y en un estado de derecho. Por ello, debemos exigir resultados mínimos en tres aspectos de alto impacto social donde acordemos cero tolerancia: homicidio, secuestro y extorsión. Estos son los grandes temas que nos tienen sitiados y alimentan gran parte de nuestro sentimiento de inseguridad. Al atender estas tres conductas delictivas de manera efectiva, tanto a nivel federal como en cada estado y municipio, avanzaremos hacia un entorno más seguro.
Necesitamos urgentemente ver resultados en estas tres tareas: resolver homicidios, desincentivar secuestros y castigar la extorsión. Un primer paso firme y constante puede ayudar en mucho a aliviar la perspectiva de los ciudadanos y, por supuesto, atender el principal tema que subyace que es la impunidad.
Al reducir el índice de impunidad en cada uno de esos delitos suceden dos cosas: la estadística delictiva mejorará y, sobre todo, nosotros nos sentiremos más seguros. Queremos ver como contribuyentes que los recursos ejercidos por el Estado para atender el problema delictivo sirven para atender lo más básico. No importa cómo se repartan las responsabilidades entre las autoridades, es su labor dar resultados, y la de nosotros como ciudadanos evaluarlos.
Este piso mínimo de acuerdos hace más sencillo ir escalando las demandas ciudadanas, así como a buscar castigo a quienes ayudan a delinquir cuando deberían proteger, a quienes otorgan libertad cuando deberían investigar y procesar y, a aquellos que dejan reincidir cuando deberían readaptar.
Estamos convencidos que podemos empezar a exigir resultados en al menos estas tres tareas. En ellas, todos los ordenes y niveles de gobierno tienen la misma oportunidad de demostrarnos a los ciudadanos que trabajan por atender lo que les demandamos.