Qué pasa con las familias después de recibir los restos de una persona desaparecida

Por Armando Noriega

La autoridad llamó a una mujer para informarle que había localizado el cuerpo de su familiar, a quien buscaba como desaparecido. Sin embargo, cuando acudió, quisieron entregarle un dedo en una bolsa de plástico. Liliana López, integrante del Comité Investigador del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), relata que tampoco le entregaron el informe que debía sustentar la identificación. La mujer señaló que encontrar un dedo no demostraba que su familiar hubiera muerto y exigió que continuaran buscando. Quería que le explicaran cómo habían determinado su muerte y dónde estaba el resto del cuerpo.

López comparte este caso con la condición de reservar nombres y lugares. La misma reserva aplica a un segundo episodio que refiere durante la entrevista. Ambos se presentan a partir de su relato; para este texto no se entrevistó directamente a las familias ni se tuvo acceso a sus expedientes.

En el segundo caso, una mujer centroamericana que buscaba a su hijo recibió la noticia de que había sido identificado. De acuerdo con Liliana, le entregaron una bolsa con cenizas sin proporcionarle el informe correspondiente. La madre cuestionó cómo podía saber que pertenecían a su hijo y por qué habían cremado el cuerpo sin su autorización. No aceptó la identificación en esas condiciones.

Los relatos plantean preguntas sobre qué información recibe una familia para comprender la identificación y qué puede hacer cuando tiene dudas. En el primer caso, también estaba pendiente recuperar el resto del cuerpo. López aclara que las prácticas varían entre autoridades y que hay equipos que sí preparan las notificaciones con el cuidado necesario.

Qué información debe recibir la familia

La integrante del GIASF explica que el informe debe describir las pruebas realizadas e identificar a quienes las practicaron. Los términos técnicos pueden dificultar la comprensión de una familia que recibe la noticia de una muerte. Por eso señala la importancia de que participe el personal forense que conoce el caso y pueda explicar sus conclusiones, junto con asesoría jurídica y atención psicológica.

El Protocolo de Actuación Nacional de Notificación y Entrega Digna de Persona Identificada, aprobado en 2025, establece entre sus objetivos dar certeza mediante la explicación detallada de los resultados de las especialidades que intervinieron. Sus políticas indican usar lenguaje sencillo y evitar tecnicismos en la medida de lo posible. Su aprobación, por sí sola, no demuestra cómo se aplica.

Cuando existen dudas, la familia puede cuestionar la identificación. El Protocolo Homologado de Búsqueda, actualizado en marzo de 2026, obliga a la autoridad a contrastar los elementos disponibles con sus observaciones. Si sostiene su determinación, debe explicarla detalladamente y dejar a salvo el derecho a impugnarla. La ley general en materia de desaparición reconoce también la posibilidad de solicitar expertos o peritos independientes en las acciones de búsqueda, conforme a la normativa aplicable.

López señala que las necesidades culturales y religiosas deben considerarse durante la restitución. La lengua puede ser otro obstáculo para comprender las actuaciones. Una familia necesita condiciones para preguntar antes de tomar decisiones sobre la entrega y los actos funerarios.

Qué ocurre con la investigación

Identificar a una persona permite establecer a quién corresponde el cuerpo o los restos recuperados. Puede quedar pendiente esclarecer las circunstancias de su desaparición y muerte. López distingue la búsqueda de la investigación penal, dirigida a determinar los delitos y a sus responsables. “La carpeta de investigación no se cierra porque la persona haya sido identificada”, explica.

Según la investigadora, familiares con quienes ha trabajado el grupo describen que deben insistir ante el Ministerio Público para conocer diligencias o pedir copias. Su observación se refiere a esas experiencias de acompañamiento. La identificación no elimina la necesidad de recibir información sobre el expediente y conocer qué se está investigando.

El protocolo de búsqueda dispone que, cuando la desaparición esté relacionada con un delito, el equipo multidisciplinario explique a la familia el estado de la investigación. Debe identificar a las autoridades ministeriales responsables e informar cómo contactarlas. La restitución tendría que dejar una vía para conocer las actuaciones posteriores y plantear diligencias pendientes.

Las necesidades después de la entrega

Liliana López explica que las respuestas familiares varían. Algunas personas continúan participando en colectivos después de encontrar a su familiar; otras se retiran. También cambian las preguntas: quien antes quería conocer el paradero puede necesitar después saber qué ocurrió. Cuando se recuperan fragmentos, puede mantenerse la exigencia de localizar el resto del cuerpo.

El acompañamiento posterior requiere atender las dudas que surjan con el tiempo. López explica que las necesidades pueden cambiar después del hallazgo, incluso cuando una familia pensaba que conocer el paradero sería suficiente para dejar de buscar.

La violencia en el lugar de residencia también puede influir en la decisión de continuar exigiendo respuestas, señala la investigadora. Hay familias que temen que otro integrante resulte afectado. Su participación posterior debe entenderse dentro de esas condiciones y de las necesidades que expresan.

El seguimiento está contemplado en el Protocolo Interdisciplinario de notificación de la identificación de personas desaparecidas y restitución digna, publicado por organizaciones civiles en junio de 2021. El documento, en cuya elaboración participó el GIASF, propone continuidad jurídica y acompañamiento psicosocial acordado con las familias. Advierte que pueden aceptar ese apoyo tiempo después. Es una propuesta civil, que no debe confundirse con una disposición adoptada automáticamente por todas las autoridades.

López también identifica dificultades en la asesoría jurídica pública: la carga de trabajo y los cambios de personal pueden interrumpir el acompañamiento. Esa representación debe ayudar a las familias a ejercer sus derechos durante la búsqueda y la investigación penal, explica.

Después de la entrega, la familia necesita saber quién atenderá sus solicitudes y cómo acceder al apoyo disponible. La fiscalía debe continuar esclareciendo los delitos pendientes. Que una persona decida apartarse de un colectivo o deje de acudir con la misma frecuencia al Ministerio Público no permite concluir que sus preguntas quedaron respondidas.