¿Qué pasa cuando todo puede pasar? El dilema del autócrata moderno

Ser autócrata hoy en día no es cosa fácil. Ser demócrata es mucho más sencillo. Bajo un modelo democrático, “el sistema” gobierna junto con quien encabeza al Estado. Hay orden y cada quien tiene un carril del que no se puede salir. Las reglas son claras y uno puede predecir hasta dónde y cómo podrá actuar incluso un enemigo político. En otros tiempos el monarca o el emperador abiertamente era privilegiado y gozaba del uso exclusivo del poder. El autócrata moderno se necesita legitimar como representante de la voluntad popular y al hacerlo camina sobre la delgada línea de lograr controlar el poder que ha concentrado.

En teoría, la democracia incorpora en su diseño del Estado guardas contra la concentración del poder. El autócrata moderno debe encontrar la fórmula para concentrar el poder sin aparentar violar las reglas de Estado que están en boga. Lejos de declararse en contra de tan noble idea, el autócrata moderno usa los propios mecanismos de la democracia para concentrar su poder. Poco a poco se eliminan los contrapesos y límites del modelo a la vez que se mantiene un discurso democrático. Así se puede respetablemente ejercer un poder absoluto.

El problema para el autócrata moderno es que para concentrar todo el poder debió eliminar las reglas para todos y todas. Salvo en la monarquía declarada, la autocracia no suele permitir la excepción para un solo individuo. La autocracia moderna suelta las amarras para todos y reza que su propia fuerza política alcance para controlar lo que se desata.

En México se juega este peligroso juego de ver qué pasa cuando todo puede pasar. Al amparo de las mayorías absolutas se disuelven uno a uno los contrapesos prometidos por el modelo democrático. La apuesta es que la combinación de autoridad moral y alianza política alcanzará para controlar a un país con múltiples frentes en ebullición.

De manera evidente el primer contrapeso eliminado es el poder judicial. A pesar de obstáculos a la reforma, y de múltiples oportunidades para frenar, moderar o mejorar la misma, la determinación ha sido de avanzar sin tregua. No queda claro si el compromiso con la marcha forzada es una verdadera convicción o una forma de evadir la confrontación entre aliados de partido y al medir poderes salir perdiendo. Lo que sí queda claro es que la reforma judicial no se deja controlar.

La elección judicial no ha avanzado más que a trompicones. En el tumulto no parece haber un control claro del proceso electoral o de quienes meten mano para incidir en el mismo. La eliminación de este contrapeso toral en un modelo democrático ha mostrado una fragmentación de voluntades hacia el interior del poder político en turno en donde no hay una sola voz cantante.

Si no se puede controlar la elección federal de juzgadores, resulta imposible pensar que las elecciones locales podrán ser ordenadas, técnicas y mantener al margen los poderes fácticos. Más difícil aún será controlar la actuación de los jueces y juezas electos en todo el país. Una vez sueltos los amarres técnico-jurídicos, el control de poderosos órganos disciplinarios parece una ambición poco realista.

Otro contrapeso eliminado es el de la legalidad. Usando discursos jurídicos se decide discrecionalmente cuáles órdenes judiciales se deben acatar y cuáles no. Así, al estilo de la autocracia moderna, se usa el discurso de derechos para violar la primera regla del debido proceso: la obligación de dirimir desacuerdo ante los tribunales. La gran pregunta es: ¿quién controla el desacato? Se limita a la presidencia, incluye a los líderes políticos del partido, se limita a solo algunos temas o se trata de una nueva interpretación constitucional aplicable a todos los poderes ejecutivos y legislativos del país.

La concentración de poder se beneficia enormemente de la opacidad. Así, en los caminos hacia la autocracia moderna, una parada necesaria es la eliminación de los órganos independientes o funcionales de transparencia. Una vez más, se trata de una apuesta riesgosa de poder controlar lo que se genera. La falta de transparencia atraviesa a todas las instituciones. No solo se trata de menor información reportada a la ciudadanía, se trata también de menor información documentada hacia el interior de cada institución. Si bien quien concentra el poder reportará menos información a la población, él o ella también contará con menos información sobre el estado que encabeza. Sus fuentes de información dependerán de su poder político y la rectitud con la que mantiene obediencia. Cuando se apaga la luz, todos se quedan sin ver.

La eliminación de reglas democráticas también se replica hacia el interior del Estado. Cuándo la Secretaría de Gobernación, el pasado mes de febrero, despide a personal al margen de los procesos legales existentes, ¿se trata de algo que controla la ejecutiva o se trata de la interpretación que hace la titular de la institución bajo la consigna actual de que la ley se aplica a discreción? Un Estado de derecho evita esta molesta encrucijada. Ni quien ostenta el poder necesita meter mano en toda decisión a todo nivel, ni los subordinados están en libertad para interpretar a modo cómo proceder. En un modelo democrático, la ley debería establecer los parámetros de actuación pública. ¿Pero qué sucede cuando estos contrapesos y límites se eliminan? El control de las acciones de todo el aparato estatal parecen una ambición improbable.

Frecuentemente el autócrata moderno confía en que mientras cuente con personal leal, todo se mantendrá bajo control. El pasado muestra que la lealtad política es caprichosa y poco confiable. No es necesario hurgar en el pasado lejano, basta con recordar las palabras de AMLO, quien concentraba indudable liderazgo político, cuando lamentó en la conferencia mañanera del 2 de marzo del 2023 refiriéndose a ministros de la Suprema Corte de Justicia: “Me equivoqué con los que propuse”.

Los límites impuestos en una democracia son parte del diseño del sistema. Su propósito es garantizar el funcionamiento del Estado asumiendo que no solo es indeseable sino que es imposible controlar todo, a todos y en particular a las luchas políticas. El sistema prevé que las reglas funcionan también como un control para el propio líder de la nación. Son una precaución ante quien, a pesar de llegar con buenas intenciones, sobre la marcha va racionalizando como algo necesario la cada vez mayor imposición de voluntad. El modelo democrático lo diseña así porque sabe que todo el mundo se ha cachado alguna vez contándose a sí mismo una mentira.

El dilema del autócrata moderno es saber si podrá o no mantener control del enorme poder concentrado. Al carecer de límites institucionales y tampoco poder declararse único y privilegiado, se encuentra frente al genio de la botella sin certeza de poderlo gobernar.

* Margarita Griesbach es coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos de la Infancia Ibero-CDMX y consultora independiente.