¿Qué pasa con las cifras sobre seguridad?

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (INEGI, 2022), la cual mide la percepción de inseguridad, el 65% de los mexicanos considera como una de sus principales preocupaciones ser víctima o atestiguar algún delito, y consideran sentirse inseguros en las ciudades en donde radican. Además, alrededor del 60% de la población consideran que la situación de inseguridad seguirá igual o empeorará en los próximos meses. Por estos motivos, la sociedad ha cambiado el hábito de llevar objetos de valor por temor a ser víctima de la delincuencia.

En este contexto en donde se padece una violencia crónica en el país no es posible decir que los índices de seguridad “han mejorado”. Lamentablemente, existe un serio problema de subregistro de delitos que la ciudadanía no denuncia, como lo atestigua la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2021), en donde se estima que el 93.3% de los delitos no se denunciaron, esencialmente por falta de confianza en las instituciones.

A lo anterior se suman probables anomalías, en particular en los rubros de homicidio doloso, feminicidio, trata de personas, extorsión, secuestro, robo a transeúnte con violencia, robo de vehículos, violencia familiar y narcomenudeo, los cuales, de acuerdo al INEGI, son los delitos con mayor cifra negra. Debe subrayarse que la pandemia no solo inhibió la comisión de ciertos delitos, sino que también inhibió aún más la denuncia.

En Causa en Común se realizó un recuento de probables anomalías correspondientes al primer trienio del actual gobierno, el cual se presenta en el informe “Un país sin denuncia… Y probable manipulación y ocultamiento de información sobre inseguridad”. En este análisis, el documento halló posibles tipos o formas en que se presentan “anomalías”, como puede ser un número reducido de registros de delitos y caídas drásticas en el número de delitos registrados por las fiscalías.  A su vez, no es posible descartar que en algunos casos la reducción en algunos delitos sea real y no necesariamente producto de una manipulación. También es vital mencionar que estas probables manipulaciones seguramente se presentaban en administraciones previas.

Entre los hallazgos encontrados se puede analizar que algunas entidades posiblemente no registran delitos y las autoridades federales responsables de las cifras de incidencia no hacen aclaraciones ni verifican la información que les brindan las fiscalías estatales. Esta situación abre espacio a una falsa idea que se atiende de forma eficaz la delincuencia, cuando en realidad, tal vez no la reportan.

Algunos ejemplos de esta probable situación anómala son:

• Coahuila registró una disminución de 55% en el número de víctimas de homicidio doloso de 2020 a 2021, pero un incremento de 140% en homicidios culposos, lo cual abre la posibilidad a que cifras de homicidio doloso se clasifican dentro de la categoría de culposo.
• En cuestión de feminicidio, Tamaulipas registró una caída del 67% en 2021 respecto a 2020, con 4 víctimas de feminicidio en el año. Sin embargo, Causa en Común ha documentado al menos 12 casos de asesinato de mujeres con violencia extrema durante el periodo.
• En trata de personas, Durango y Guanajuato registraron una disminución de 100% de las víctimas de este delito entre 2021 y 2020, ya que no reportaron ninguna víctima en 2021. En el trienio, ambos estados reportaron en total 6 y 8 víctimas de trata, respectivamente. Destaca el caso de Guanajuato, donde Causa en Común documentó al menos 7 eventos relacionados con trata y/o esclavitud, al menos 6 en 2020.
• En secuestro, Durango solo ha informado de dos secuestros desde 2019. En 2021 no se reportó ninguno.
• Para el caso de extorsión, Tlaxcala solo reportó ocho víctimas en el trienio.
• En robo a transeúnte con violencia, Tabasco registró una disminución de 35% de 2019 a 2020 y de 54% entre 2020 y 2021.
• En el delito de robo de vehículo con violencia, Colima no ha registrado ningún caso en el trienio.
• Respecto a violencia familiar, Tlaxcala reportó 17 casos en 2019, 18 en 2020, y 78 en 2021.
• Por último, en narcomenudeo Sinaloa reportó una disminución de 15% entre 2019 y 2020, y de 40% entre 2020 y 2021, con 145 casos.

Este tipo de ejemplos solo demuestran la posible alteración entre registros y una realidad de inseguridad crónica que vive el país, lo cual tiene consecuencias negativas para el establecimiento de la paz, ya que provoca un estancamiento de la estructura institucional de seguridad y procuración de justicia.

Es indispensable que se evidencien este tipo de situaciones, ya que México requiere cifras de delitos más cercanas a la realidad para el diagnóstico, análisis, diseño y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad. Al respecto, Causa en Común propone:

• Promover la denuncia ciudadana mediante campañas permanentes, multiplicar los mecanismos y canales para realizar las denuncias, y proveer acompañamiento y apoyo especial para personas en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres y niños.
• Es indispensable que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública cumpla con sus responsabilidades en cuanto a información sobre criminalidad en el país. Sobre esta base, se propone:
  • Capacitar a los servidores públicos encargados de recolectar la estadística de incidencia delictiva, a fin de proporcionar un esquema homologado de información.
  • Establecer mecanismos institucionales de seguimiento, supervisión, detección y sanción para aquellas autoridades que proporcionen información incompleta, manipulada o falsa, y vincularlos con ejercicios de rendición de cuentas y transparencia.

* Luis Carlos Sánchez Díaz (@luiscsd23) es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha colaborado en proyectos de investigación en la Universitat Autònoma de Barcelona, la Academia Mexicana de Ciencias y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Se ha especializado en investigación metodológica, análisis de datos y planeación estratégica de proyectos sociales y políticos.