Redacción Animal Político · 19 de octubre de 2022
A lo largo de los últimos días hemos visto multiplicarse los hallazgos producidos por los Sedena Leaks, el uso de software espía por parte del ejército, su papel en el ocultamiento del caso Ayotzinapa o la violencia sexual dentro de la institución. Pero entre las múltiples notas también podemos visibilizar la profundidad, limitaciones y riesgos de la intervención militar en la seguridad pública.
Hace ya un par de semanas que se dio a conocer el hackeo masivo de 6 TB de información clasificada de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). A lo largo de estos días, cada vez más periodistas han tenido acceso a los archivos y, prácticamente, no hay día que no veamos un nuevo descubrimiento más o menos relevante o escandaloso.
Como se ha venido denunciado en los últimos meses, en este gobierno la SEDENA ha acelerado su crecimiento presupuestal, de personal y de funciones, el cual inició en 2006. Ahora, los documentos revelados han apuntado la capacidad del ejército para negociar con los poderes políticos y judiciales 1 a favor de reglamentaciones e incluso, confeccionando desde la SEDENA leyes que los involucran. 2
Para justificar el empoderamiento de las fuerzas armadas, una parte importante de la narrativa gubernamental se ha sustentado en dos ejes discursivos: su incorruptibilidad y su eficacia. Si bien ambos elementos eran per se discutibles, diversas revelaciones de los Sedena Leaks visibilizan de forma dramática su debilidad.
Por un lado, una serie de notas han exhibido los nexos que miembros de la institución guardan con el crimen organizado. Aunque desde los años noventa, con casos tan sonados como el del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, sabíamos que el uniforme militar no evitaba la entrada en redes de corrupción; los Sedena Leaks dan muestras de nuevos casos de corrupción, así como del conocimiento que de ellos se tiene dentro de la misma institución.
A través de la información filtrada se han documentado negociaciones para la venta de armas y municiones desde miembros del ejército a grupos de la delincuencia organizada, así como la facilitación de información de seguridad. 3 Se trata de armamento que saldría del Campo Militar No. 1, en la Ciudad de México para un cártel en el Estado de México. Además, se ofreció información a la misma célula sobre los recurridos de la Guardia Nacional.
Otro caso relevante es la participación de elementos de Guardia Nacional para permitir el libre tránsito de traficantes de migrantes bajo el amparo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como para el robo de hidrocarburos en Tabasco. 4 En Sonora, se identificó el pago de un grupo delictivo a un mando militar para coordinar operativos contra un grupo rival. 5
Por otro lado, si bien los datos de seguridad pública ya muestran los malos resultados que el uso de las fuerzas armadas ha tenido en el combate al crimen organizado o la disminución de la violencia, los documentos que se han revelado presentan niveles preocupantes de debilidad o inacción. De acuerdo con la misma información de la SEDENA, el ejército no cuenta con la capacidad de inteligencia y comunicación para participar en tareas conjuntas con el comando Norte de Estados Unidos. 6
También se han multiplicado los informes de oportunidades perdidas para capturar a presuntos líderes del narcotráfico. 7 Por ejemplo, los militares conocían de los planes de ataque coordinado del crimen organizado en Caborca, Sonora, a lo largo del 2020; pero no se tomaron acciones para evitarlo. 8 De igual forma, se contaba con información del poder de El Chueco, responsable del asesinato de dos jesuitas en la Sierra de Chihuahua el pasado junio, desde dos años antes del crimen. 9 En Guerrero, una situación similar sucedió con los responsables de la reciente masacre en San Miguel Totolapan, quienes eran seguidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se reportaron diversas oportunidades para su detención desde 2018. 10
A pesar de la dispersión de la información que ha acompañado a los Sedena Leaks, es posible visibilizar que los pilares sobre los que este gobierno ha justificado su confianza en las fuerzas armadas resultan endebles. Seguramente, en las próximas semanas se multiplicarán los hallazgos periodísticos, es tarea de todos y todas que estos no se pierdan en la vorágine noticiosa cotidiana, pues son la oportunidad de conocer y reconstruir una imagen de la actuación cotidiana del ejército en la seguridad pública.
* Alejandro Vázquez (@vazquez_arana) es sociólogo por la UNAM, maestro y doctor en Ciencias Sociales por la FLACSO-México. Ha colaborado en diagnósticos y evaluaciones en CIESAS, COLMEX y otras instituciones públicas, consultorías y asociaciones civiles, combinando métodos cualitativos y cuantitativos; enfocándose en la construcción de indicadores de seguimiento, evaluación e impacto sobre temas de género, desarrollo inclusivo y seguridad pública.