¿Qué ley necesitamos para una buena política de ciencia y tecnología?

En el Congreso de la Unión está por discutirse una iniciativa de ley presentada recientemente por el ejecutivo federal en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Como cualquier iniciativa de ley, esta está sujeta al escrutinio público. Diversas voces, desde Academias Nacionales, instituciones científicas en los estados y colectivos de personas dedicadas a la investigación han expresado preocupaciones y ofrecido propuestas. En ese espíritu, el viernes 17 de febrero el Sindicato de Personal Académico del CIDE y la Asamblea Académica convocaron a un foro para discutir la iniciativa (las intervenciones pueden verse acá).

Mi participación se orientó a analizar la capacidad de la ley para dar lugar a una política pública que permitirá cumplir el objetivo de que las mexicanas y los mexicanos podamos “gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación” que la Constitución federal establece como derecho desde 2019.

La discusión pública sobre la iniciativa de ley debería tener ese derecho como guía. En otras palabras, la argumentación sobre las virtudes y los defectos de la ley en su conjunto, y sobre cada una de sus disposiciones, no debería basarse en posiciones polarizantes o ideologizadas, en retórica llena de frases sin contenido, en la descalificación de quienes la revisan críticamente, en las preferencias de un grupo político o de una funcionaria, sino en lo que la constitución ha definido como el “derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación”.

Este derecho, como cualquier otro, supone una obligación del Estado de proveer las condiciones para que efectivamente pueda ser ejercido. Es decir, todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar este derecho. Estas obligaciones del Estado mexicano solo pueden cumplirse si la Ley que se apruebe en el Congreso provee los instrumentos necesarios: una distribución de competencias entre los ámbitos de gobierno, reglas claras para la asignación de los recursos, un Consejo Nacional con las atribuciones para conducir la política nacional, un conjunto de instituciones que cuente con las capacidades y las garantías de libertad de cátedra e investigación. Y, en ese conjunto de instrumentos, los recursos públicos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación no solo deben ser suficientes –y ahí es importante no retroceder en lo que ya se ha ganado de tener como meta un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto–, sino que su ejercicio debe tener criterios claros que no estén sujetos a la discrecionalidad.

La constitución establece que la materia de ciencia, tecnología e innovación es una facultad concurrente. La razón de esta disposición constitucional no responde a un capricho, sino al reconocimiento de que México es un país federal: hoy, los gobiernos estatales tienen políticas de ciencia y tecnología, prioridades específicas y comunidades académicas y de innovación que entienden mejor que cualquier funcionario federal las necesidades locales, los problemas públicos que requieren investigación básica o aplicada y las formas, diversas y específicas, en que la divulgación de la ciencia es pertinente en las comunidades. Las prioridades de investigación son distintas en la península de Baja California, en el Golfo o en el Bajío. Es ingenuo (e incorrecto) pretender que el que haya una sola voz dictando las prioridades en el desarrollo de la ciencia, no terminará por invisibilizar la diversidad, pluralidad y heterogeneidad de nuestro país.

Como en cualquier sistema nacional, las responsabilidades y los recursos corresponden a diversas autoridades. Por eso, esta pluralidad debe estar representada en los espacios de decisión. Decir que el Estado tiene la responsabilidad de conducir la política de ciencia y tecnología no puede usarse como pretexto para construir un modelo de gobernanza centralizado, jerarquizado y burocratizado. Estos espacios de decisión no pueden verse reducidos a una mesa de funcionarios y funcionarias federales, construyendo una agenda “nacional” sin incluir las voces representativas de los gobiernos estatales, de los sectores público y privado y sin la participación de la comunidad académica mediante procesos que garanticen la representatividad.

Hay que recordar que la libertad académica es un requisito para poder hacer realidad el derecho a los beneficios de la ciencia. Los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria expresan claramente la interacción entre derecho a los beneficios de la ciencia y libertad académica: “La libertad académica implica el derecho de toda persona a buscar, generar y transmitir conocimientos […], a formar parte de las comunidades académicas y a realizar labores autónomas de forma libre y sin temor a represalias. Adicionalmente, la libertad académica tiene una dimensión colectiva, consistente en el derecho de la sociedad y sus integrantes a recibir las informaciones, conocimientos y opiniones producidas en el marco de la actividad académica y de obtener acceso a los beneficios y productos de la investigación e innovación.”

Por ello, es fundamental que la libertad académica no sea solo un principio genérico enumerado en la ley, sino que se establezcan los mecanismos y garantías para que ocurra: la autonomía de las instituciones académicas, la colegialidad de los espacios de decisión en los centros públicos y la libertad de cada persona dedicada a la investigación. El sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) propuesto en la iniciativa de reforma es una clara manifestación de la anulación de este principio.

Como las comunidades de los centros públicos de investigación han expresado (por ejemplo, el Colegio de Investigadores e Investigadoras del Instituto Mora, o la comunidad del Colegio de la Frontera Norte) la iniciativa de ley preparada por Conacyt elimina la autonomía administrativa, operativa y presupuestal, al reconocer únicamente la autonomía técnica y de gestión de los CPI. También se anula la autonomía y el autogobierno en materia académica de los centros públicos, incluyendo las reglas para el acceso, la evaluación y la promoción del personal científico. Desde la comunidad académica del CIDE se ha levantado también la voz por “la anulación de los órganos colegiados para volverlos solo espacios consultivos, la pérdida de representación de las comunidades académicas, y la creciente verticalidad y discrecionalidad en la toma de decisiones”. Si la iniciativa de ley se concreta tal como está, esto que ha ocurrido recientemente en el CIDE se volverá la norma para todos los centros públicos del país.

Los destinatarios de una buena política de ciencia y tecnología no solo son las instituciones académicas o las personas investigadoras, sino, como lo mandata la constitución, todas las personas que pueden beneficiarse del desarrollo de la ciencia y de la innovación. Como con cualquier derecho, no puede haber discriminación desde el propio Estado. No es aceptable que, desde la ley, se pretenda excluir de la posibilidad de ejercer ese derecho desde las instituciones privadas; que se mantenga la vulnerabilidad de los investigadores del programa cátedras por México o que se deje sin oportunidades de becas a personas que no se dedican a la agenda definida por el gobierno en turno.

Y es importante darle voz a esas niñas y niños que, sin una buena ley de ciencia, no se beneficiarán de las actividades de divulgación del conocimiento, las y los jóvenes que perderán la oportunidad de ingresar a instituciones autónomas, donde las decisiones académicas se toman por las comunidades académicas siguiendo principios académicos, no funcionarios siguiendo órdenes burocráticas. Muchas de las personas que actualmente nos dedicamos a la investigación lo hacemos gracias al respaldo de Conacyt y de otras instituciones y mecanismos del Estado mexicano que permitieron nuestra formación de posgrado y el inicio y desarrollo de nuestras carreras académicas. Es crucial mantener las vías para construir carreras académicas para jóvenes investigadores hoy y en el futuro. Las y los jóvenes investigadores no deberían tener que escoger entre posiciones precarizadas o tener que abandonar su vocación científica.

Hay muchas formas de mejorar las iniciativas que el Congreso tiene en la agenda. Recientemente el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados anunció que se convocará a un proceso de parlamento abierto. Es deseable que ese ejercicio sirva efectivamente para una deliberación franca y abierta de propuestas e ideas, sin hostigamiento ni descalificación a quienes participen y con voluntad por parte de las y los legisladores de construir una ley que permita una política científica que tenga posibilidades de ser efectiva en garantizar el derecho establecido en la constitución.

En efecto, el final de este proceso no es la promulgación de una ley sino la construcción de una política nacional de ciencia, humanidades, tecnología e innovación bien entendida. La política científica en una democracia consiste en generar las condiciones para que las instituciones académicas y las personas investigadoras puedan desarrollar, con libertad, sus labores, no en construir un aparato y un modelo de control jerárquico y centralizado. Por supuesto, la conducción de la política científica requiere que existan principios rectores y prioridades de apoyo institucional, pero esto no debe ser un vehículo para inhibir la creatividad de las comunidades académicas ni para que el gobierno en turno decida –sin la voz de la comunidad académica– lo que se debe y lo que no se puede investigar.

Por ello, necesitamos una ley que no vulnere la libertad académica ni amanece la operación autónoma de las comunidades académicas, incluidos los Centros Públicos de Investigación. La conducción de la política de ciencia y tecnología en una democracia no puede anclarse en una lógica de control jerárquico y obediencia burocrática, sino en la creación de las condiciones para que las actividades necesarias para la ciencia, las humanidades y la innovación puedan desplegarse con libertad, con recursos suficientes y sujetos a criterios científicos.