¿Qué implica estar vivo o muerto en México?

Por: Mariana García, Investigadora de México Evalúa.

Sin duda, un país puede ser juzgado por la forma en que responde a las necesidades de sus ciudadanos activos, así como en la forma en que trata a aquellos habitantes que por alguna razón perdieron la vida dentro de su territorio. En el México de hoy, inserto en una dinámica de lucha contra los criminales,  estar vivo o muerto tiene connotaciones e implicaciones muy distintas,  que condiciona a muchos mexicanos a un destino del que muchas veces es difícil escapar. Pareciera entonces que hay diferentes maneras de experimentarse mexicano y de recibir cierto trato y consideraciones por parte del Estado.

Por un lado, estamos los ciudadanos que experimentamos nuestra vida como personas sujetas a derechos y obligaciones, y nos enfrentamos todos los días a condiciones que obstaculizan el ejercicio de nuestras libertades. La realidad mexicana limita profundamente las libertades sociales y económicas de gran parte de la población: en una sociedad extremadamente desigual con casi la mitad de la población sumida en alguna condición de pobreza,  mexicanos con bajos niveles de escolaridad y acceso a una pobre calidad educativa, servicios de salud deficientes, oportunidades laborales limitadas y un sentimiento de inestabilidad económica e inseguridad (en un país donde 65% de los mexicanos nos sentimos inseguros en nuestro estado: ENSI-7) que se refuerzan diariamente por las noticias o las vivencias propias.

A esa población de consumidores expoliados, trabajadores subempleados, jóvenes desempleados y sin opciones educativas, familias expuestas a delitos de alto impacto (homicidios, robos, extorsiones y secuestros), ciudadanos víctimas de la corrupción y la debilidad institucional y legal; pertenecemos la mayor parte de los mexicanos. A nosotros, el Estado mexicano nos debe reformas que promuevan mayor crecimiento económico y desarrollo, la creación de empleos, un sistema tributario más justo y expedito y un gasto más responsable que se refleje en el acceso a una vida digna y segura.

Por otro lado, están aquellos ciudadanos que violaron la ley y se encuentran privados de su libertad (aunque probablemente alguna de las condiciones que experimentaron como ciudadanos en libertad los condicionaron a convertirse en delincuentes). Ellos han experimentado otra realidad. Primero, al ser aprehendidos y procesados deben enfrentar una política criminal y un sistema de justicia penal profundamente ineficiente y corrupto. Posteriormente, bajo el supuesto de que fueron sometidos a un debido proceso y resultaron culpables, deben subsistir dentro de las cárceles mexicanas en condiciones de sobrepoblación y hacinamiento (60% de los reclusos subsisten de ese modo). Además, afrontan enormes amenazas a su integridad física. En este sentido, el  Índice de Desempeño del Sistema Penal de México Evalúa evidencia la baja calidad de vida a la que están expuestos los internos en las cárceles del país: en Tamaulipas (epicentro de la violencia y el terror en días recientes) la tasa de homicidios dentro de los penales fue 138.7 por cada 100 mil reclusos, ¡15.4 veces! la tasa que enfrentaron las personas en libertad en ese estado.

Los presos viven entonces en condiciones que no garantizan su integridad física ni su dignidad, y mucho menos su reinserción social. Con esas personas privadas de la libertad, el Estado adeuda la promoción  e implementación de la tan urgente reforma penal, para asegurarles un debido proceso, así como modificaciones a la operación del sistema penitenciario que garantice una mejora en las condiciones de vida de los reclusos.

Es importante analizar las características demográficas de aquellos delincuentes y miembros del crimen organizado que se dedican a infringir la ley impunemente. Son jóvenes de entre 18 y 35 años que viven en un país donde la probabilidad de ser castigado por un delito es de 0.05% y donde el 85% de los delitos no cuenta siquiera con una averiguación previa (ENSI-7). Con ellos, el Estado mexicano pareciera tener un trato preferencial para permitirles vivir fuera del margen de la ley, en la cínica impunidad y en la constante violación a los derechos de otros mexicanos.

Finalmente, y no por ser menos valiosos, están los muertos. En México venimos de una larga tradición de veneración a los muertos simbolizada en cultos, festejos y celebraciones. Sin embargo, en estos tiempos de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ese respeto a los muertos ha quedado en otro lado. El descubrimiento reciente de nuevas fosas con cadáveres en Tamaulipas ligados a desapariciones de habitantes cercanos a la zona, fue sólo un recordatorio de que en esta guerra ya no queda claro cuántos de esos muertos son sicarios y criminales y cuántos son simplemente ciudadanos indefensos, víctimas de lo que el gobierno ha llamado “el daño colateral”. A todas aquellas víctimas inocentes de la violencia criminal, el Estado mexicano les debe TODO porque falló en una de sus principales tareas que es proveer seguridad e integridad personal.  Si la vida no les puede ser devuelta, el gobierno les debe la seguridad de que el crimen y los criminales serán castigados con todo el rigor de la ley.

Al “Ya Basta” del Presidente Calderón dirigido a los criminales, las movilizaciones ciudadanas y la necesidad de códigos éticos entre los criminales (como bien dijo Javier Sicilia) para tratar con niños, mujeres, jóvenes inocentes, debemos sumarles el sentido de urgencia que deben imprimir en su actuar  nuestros políticos para evitar que más mexicanos formemos parte de las estadísticas oficiales de pobreza o desempleo y de las cifras delictivas en cualquiera de sus facetas. Ahora que muchos de ellos están insertos en la dinámica electoral, sería bueno recordarles que los mexicanos necesitamos convencernos de que José Alfredo Jiménez estaba equivocado cuando decía que en México: “la vida no vale nada”.