¿Qué hacemos con las prisiones?

El día de ayer, una riña masiva en el penal de Apodaca, Nuevo León, dejó 44 muertos, además de provocar la fuga de 30 reclusos. Hace seis semanas, un incidente similar en un penal de Tamaulipas arrojó un saldo de 31 víctimas mortales. El verano pasado, en el penal municipal de Ciudad Juárez, un enfrentamiento con armas de fuego (rifles de asalto, ni más ni menos) acabó con la vida de 17 internos.

La lista de incidentes mortales ocuparía páginas enteras, pero esos son sólo las manifestaciones más dramáticas de una profundísima crisis en las cárceles mexicanas. No es hipérbole llamar al sistema penitenciario una zona de desastre. Empecemos con la sobrepoblación: en los 429 centros de reclusión que existen en el país, hay espacio para 186,000 reclusos.  El número de internos, sin  embargo, es de 231,510 (datos a octubre de 2011). A nivel nacional, la sobrepoblación es de 124%, pero en algunos penales llega a más de 250% (todas las estadisticas sobre el sistema penitenciario provienen de la SSP federal y se pueden consultar aquí).

La población penitenciaria es la octava más grande del mundo en términos absolutos y se ha casi triplicado desde 1990. El ritmo de crecimiento no cede: en 2011, la expansión fue de 4.1%. De mantenerse esa tendencia, para el final del próximo sexenio habrá una población penitenciaria de 306 mil personas.

Peor aún, la mayor parte del crecimiento es producto del uso y abuso de la prisión preventiva. A octubre de 2011, 42% de los reclusos no habían recibido una sentencia. La población de procesados (tanto federales como del fuero común) creció 7% en el periodo octubre 2010-octubre 2011, mientras que los sentenciados se incrementaron en apenas dos por ciento.

El sistema penitenciario, además, mezcla poblaciones sin el menor recato: de los 43,000 presos del fuero federal (la mayoría recluídos por delitos contra la salud o violaciones a la ley en materia de armas de fuego), sólo 16,000 se encuentran en penales federales. El resto está distribuído en penales estatales y municipales en todo el país. Los peores incidentes, ya sean riñas, motines, homicidios o fugas, han involucrado a esos presos federales encarcelados en prisiones estatales o municipales.

Por si fuera poco, los recursos humanos son escasos. Hay apenas 38,000 custodios en todo el sistema: asumiendo turnos de ocho horas, hay en cualquier momento dado un custodio por cada 18 reos. Como referencia, en Estados Unidos, utilizando la misma metodología, se obtiene una razón de un custodio por cada ocho presos. Se trata además de personal mal pagado y mal protegido: los celadores reciben en promedio un sueldo de 11,500 pesos al mes y no reciben medidas de protección fuera del penal. Son por tanto altamente vulnerables a la corrupción y la intimidación.

En ese entorno, no es extraño que la violencia y la indisciplina campeen en los penales. Tan sólo en el mes de octubre de 2011, se registraron 133 incidencias (motines, riñas, fugas, intentos de homicidio, violaciones, etc.) que involucraron a 274 reclusos. En los tres penales estatales de Nuevo León (Cadereyta, Apodaca y Topo Chico), se registraron 65 homicidios a lo largo de 2011. Esos datos son sin duda una subestimación severa de los problemas de violencia y disciplina en los penales: mucha de la violencia (si no es que casi toda) en los reclusorios no es registrada por las autoridades penitenciarias (ya sea por complicidad o por falta de recursos).

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo recuperar un módico de orden en las prisiones? La respuesta no es sencilla, pero, como mínimo, se podrían explorar las siguientes alternativas:

• Dejar de abusar de la prisión preventiva: salvo personas de alta peligrosidad o con elevadísimo potencial de fuga, nadie debería de enfrentar su proceso en prisión. En algunos estados, ya se está experimentando (y con buenos resultados, sobre todo para menores) con mecanismos que le permiten a los jueces determinar con mayor precisión quien sí y quien no debería de ser encarcelado durante el proceso penal. Ya existen asimismo opciones tecnológicas (brazaletes electrónicos y geocercas) para mantener el control sobre personas sin tener que recluirlas. Pero para masificar esta alternativa, es necesario abandonar el populimo penal de considerar todo o casi todo delito grave. En esto, los medios tienen un rol que jugar: es indispensable que dejen de llamar “impunidad” al hecho de que una persona enfrente su proceso fuera de prisión.
• Utilizar intensivamente los mecanismos alternativos de resolución de controversias: la reforma penal de 2008 abrió la puerta para utilizar diversos mecanismos de sanción y resolución de disputas (reparación del daño, trabajo comunitario, libertad condicional, etc.) como alternativas a la prisión. El año pasado, todos los estados aprobaron las llamadas leyes de ejecución de sentencias, las cuales operacionalizaron el concepto. Sin embargo, hasta ahora, el uso de los mecanismos alternativos ha sido muy limitado. Es urgente crear incentivos para ampliar masivamente su adopción. Por ejemplo, se podría establecer una bolsa de transferencias presupuestales concursables que fueran a los estados que utilizaran más intensivamente el nuevo tipo de salidas a las disputas penales.
• Separar poblaciones: la Secretaría de Seguridad Pública federal se encuentra en proceso de construcción o adaptación de doce penales federales adicionales. Urge que concluya ese esfuerzo en el menor plazo posible. Es necesario que los candidatos presidenciales se comprometan a que, antes de 2015, todos los reos federales se encuentren en CEFERESOs. Asimismo, a nivel estatal, se requiere la construcción de nuevos penales o la adaptación de los existentes para evitar que se mezclen reos de alta y baja peligrosidad, así como procesados y sentenciados.
• Profesionalizar a los custodios:  El coeficiente reos/custodios debería de homologarse con el de Estados Unidos o Europa Occidental (ocho a uno, aproximadamente). Eso tal vez implique ampliar el número de celadores, al menos inicialmente. Pero, además de ampliar el número, es indispensable mejorar sus condiciones laborales, invertir en su capacitación, proteger su integridad física y la de sus familias y someterlos a controles de confianza más o menos regulares (no es necesario pasarlos a todos por polígrafo todos los años. Basta con un sistema aleatorio que les haga sentir que pueden perderlo todo si se desvían del camino correcto) ¿Cuesta todo eso? Sin duda, pero un sistema penitenciario medianamente humano y eficaz no es gratuito.
• Ampliar el número de extradiciones: hay muchos reos de altísima peligrosidad que no pueden ser resguardados de manera segura en prisiones mexicanas y que, además, dada la naturaleza de sus delitos, podrían ser procesados en Estados Unidos. Hay que explorar las alternativas jurídicas para que un número mucho mayor de presos sea extraditado al país vecino e, incluso, investigar la posibilidad de subcontratar servicios penitenciarios en Estados Unidos (es decir, lograr que algún número de reos sentenciados en los estados fronterizos purguen su pena en cárceles estadounidenses).

Algunas de estas ideas pueden ser inviables o indeseables por múltiples razones. No presumo de tener la verdad absoluta. Pero lo que resulta intolerable es el statu quo. Las prisiones han sido un tema huérfano en este sexenio (en comparación con las policías, por ejemplo): es hora ya de que adquieran la prioridad que se merecen.

PD: Mi amigo y notable diplomático Francisco de la Lama me manda unos datos muy pertinentes para el análisis de la crisis penitenciaria. Cito textualmente, porque vale la pena que los conozcan: “En los últimos tres años la capacidad de las penitenciarías federales pasó de 6,400 a 18,000 internos; la Academia Nacional de Administración Penitenciaria de Xalapa está ahora en pleno funcionamiento; 2,600 funcionarios del Sistema Penitenciario Federal, incluidos especialistas en clasificación, han recibido capacitación de primer nivel (la mayoría de los entrenadores de la SSP se han capacitado en la Academia Correcional de Nuevo México); y además de la Academia Nacional de Xalapa, cuatro CEFERESOS han sido sido acreditados recientemente por la Asociación Correcional Americana.” Hay sin duda un esfuerzo en marcha: es necesario mantenerlo y profundizarlo, particularmente a nivel estatal.