¿Qué hacemos con la consulta?

Este 1 de agosto tendremos una consulta popular. Hemos escuchado las múltiples críticas en contra de la solicitud presidencial, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la liosa pregunta. Han sido justas y necesarias. Pero nada de esto quita que la consulta será una realidad. Ninguna diatriba entierra el hecho de que definirá decisiones presidenciales de los próximos años. Y creo que entre tanto vituperio y diatriba en eco, estamos cayendo en el delirio del canto de las sirenas, permitiendo que este proceso se escurra entre los dedos.

Ya muchas voces han explicado con rotunda claridad por qué no es verdad que la consulta popular sea para preguntar si queremos o no “enjuiciar a expresidentes”. Esta posibilidad no solo sería contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales de derechos humanos, sino que ya fue descartada por la SCJN. Desde su pantanosa redacción, está más enfocada a la búsqueda de mecanismos para el esclarecimiento de casos de corrupción y de graves violaciones a derechos humanos cometidos en administraciones pasadas. Esto resulta, además, congruente con las propuestas de campaña de Andrés Manuel López Obrador y con el proyecto político que planteó al tomar posesión para superar nuestra crisis de violencia y de devaluación de la vida.

Como mucha gente, vi con esperanza el inicio de los “Diálogos por la paz, la verdad y la justicia” de 2018. Se respiraba el ánimo de poder hacer algo diferente para que en México nos dejemos de matar entre nosotros y nosotras. El tiempo se encargó de empolvar ese sueño. Aunque a la fecha figura como parte del Plan Nacional de Desarrollo, de aquel anhelo solo queda una nostalgia del futuro. Esta consulta, con sus ineludibles pesares, debiera ser un espacio para reconquistar esa deuda.

A diferencia de otros ejercicios improvisados y sin metodología realizados a principio de este sexenio, la consulta del próximo mes es un mecanismo previsto constitucionalmente cuya ejecución estará a cargo del Instituto Nacional Electoral. En el imaginario colectivo, el resultado final de la votación tendrá la gran distinción de ese aval. Y es ahí donde se encuentra su gran impacto en la vida pública, independientemente de si llegamos al umbral del 40% que exige la Constitución Federal para que sea vinculante. El verdadero ejercicio deliberativo que tendremos no será sobre si gana el “sí” o el “no”, sino sobre la narrativa de sus implicaciones. ¿Qué es lo que el Estado debería priorizar hoy día? ¿Un juicio a cinco individuos? ¿O la atención a una violencia estructural que debemos entender para poderla corregir? En el debate público y mediático, existe una meta-consulta acerca de si debe prevalecer en el país la visión de una justicia romana o la de una justicia restaurativa que atienda a nuestro herido tejido social.

Si el único contra-discurso sobre la consulta se limita a un espacio para revolcarnos en las acertadas y en su momento necesarias críticas sobre sus fallas, otros aprovecharán para instaurar una narrativa contraria a la Constitución y evasiva a la deuda de emprender mecanismos extraordinarios que nos ayuden a transicionar hacia la paz. El anhelo de contar en México con un proceso de justicia transicional fue el factor definitivo para que muchas personas hayamos decidido en 2018 que valía la pena apostar por este sexenio. No podemos concedernos la negligencia de no exigirlo. Se lo debemos a las miles de vidas que hemos perdido en la espera.

@kalycho