Redacción Animal Político · 27 de abril de 2025
Era 2010. La guerra de entonces ocurría entre los Beltrán Leyva y el resto de las familias del Cártel de Sinaloa, sobre todo los Guzmán, a quienes Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como “El Barbas”, acusaba de traidores por la detención en Culiacán de su hermano Alfredo, “El Mochomo”.
En Mazatlán, yo llevaba menos de dos años como director ejecutivo de Noroeste en el sur del estado. La guerra había sido tan fuerte que dejaron de llegar los cruceros, el turismo se fue, el auge inmobiliario que había se paró en seco y la Zona Dorada de la ciudad perdió todo su brillo y se puso en renta. Fue una época terrible para el puerto: los homicidios y la crueldad estaban al orden del día, también se hizo presente la extorsión, y un nombre antes desconocido para los mazatlecos surgió en la conversación: “Los Zetas”.
En aquel entonces, las redes sociales eran incipientes, de modo que la atención de la gente estaba en los medios de comunicación que cubríamos la violencia.
Y no solo en la de la gente común, sino también en la de los criminales, quienes buscaban validar en nuestras páginas y portales sus actos de violencia, al tiempo que amedrentaban y presionaban para inhibir las noticias que les afectaban o mostraban alguna debilidad de su parte.
La noche del 30 octubre de 2010 cubrimos un ataque a balazos en una avenida importante de la ciudad. El parte policial decía que además de los muertos había un herido inocente cuya identidad se protegía. Publicamos así la nota y no tardó en llegar la amenaza acusándonos de mentir y de servirle a un bando específico.
No pudimos validar la información que querían que publicáramos, el comandante que firmaba el parte nunca respondió. Nos dieron tres horas para subir la versión que se nos exigía, con información sensible de una persona. Rechazamos la exigencia y lo pagamos de inmediato: a las 00:20 horas del primero de septiembre, un auto se detuvo frente a nuestro edificio y un par de jóvenes descendió del vehículo. Primero instalaron una lona de varios metros en la banqueta con un largo mensaje escrito y, luego, con un cuerno de chivo cada uno, dispararon contra la fachada un par de ráfagas que perforaron vigas, paredes y cristales. Por la hora, el personal estaba en la nave industrial y nadie resultó herido, afortunadamente.
Se nos vino la noche; la exigencia criminal seguía ahí. Paramos la prensa y denunciamos el ataque en portada. Luego, decidimos mantener la postura. La portada del día siguiente fue categórica: “No vamos a ceder”.
Ese día ratificamos que no aceptaríamos el rol de ser voceros involuntarios de los criminales. Que nuestra misión, sí, era informar, pero con una postura ética que tuviera estándares y límites. Sobre esa premisa descansan nuestros lineamientos denominados “Responsabilidad frente a la violencia”, que van mucho más allá de las mantas o las amenazas, y que han sido nuestra guía para la toma de decisiones en coyunturas tan complejas como esta guerra.
Casi quince años después, creo profundamente que esos criterios siguen siendo correctos, el problema es que esta guerra es diferente. También lo es el contexto en el que se desarrolla y por eso nos somete a nuevos dilemas. Acaso la mayor diferencia en términos periodísticos es la instalación de las redes sociales como el principal camino para llegar a la gente. Medio que, obviamente, no tiene límites ni estándares rigurosos, sino unos bastante laxos. De modo que ahora todo contenido –odio esa palabra– llega en crudo, directo y sin ningún tipo de verificación o tratamiento ético hacia los usuarios.
Las redes sociales llegan siempre primero que los medios y periodistas profesionales porque la gente ya está ahí con un teléfono en la mano. Los medios, si somos serios, perderemos minutos preciosos en ir al lugar de los hechos para validar, preguntar, construir una versión lo más veraz posible, etc. Luego vendrá la edición, la toma de decisiones sobre los alcances, los riesgos, las implicaciones éticas. Todo eso en la exigencia implacable del “tiempo real”.
Visto así, tengo cada vez más dudas si los lineamientos que diseñamos para informar sin reproducir el discurso de los violentos tienen todavía algún impacto en la manera en que las audiencias se informan. Por ejemplo: las fotos o videos explícitos, crueles y violatorios de derechos que en Noroeste decidimos no publicar, rolan a granel en los grupos de WhatsApp en los que todo el mundo está inscrito; muchos de esos grupos incluso usan material gráfico de medios y periodistas formales sin citar la fuente o pedir autorización; hay también periodistas que generan ese material y lo venden a grupos porque sus medios no les permiten publicarlo. Ese material es recogido por miles de fan pages o cuentas anónimas de redes para obtener clicks y monetizar.
En Sinaloa llevamos casi ocho meses consumiendo el bufet de la violencia, sin hacer ningún reparo en las consecuencias de este consumo adictivo y pernicioso, tanto emocional como psicológicamente en nuestras vidas y nuestro tejido social.
Sí, es la realidad, la violencia es así. Las miles de víctimas son de carne y hueso y no merecen que maticemos su dolor, pero mi pregunta va más allá: ¿qué hacemos con el horror? ¿Volvemos a publicarlo en su expresión más cruda? ¿Moverá así alguna indignación, una empatía? ¿Cambia algo?
No lo sé. Me pregunto si no es eso lo que quieren los criminales: convertirnos en espectadores cautivos de su espectáculo macabro.