¿Qué futuro construirá México?

El gobierno mexicano ha promovido una agenda alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), construyendo su discurso político en torno a las ideas de sociedad más igualitaria, economía centrada en el bienestar, mercado dinámico que garantice empleos para todos. Sin embargo, la crisis actual por la COVID-19 nos echa en cara nuestra total indefensión y las profundas desigualdades sociales y vulnerabilidad diferenciada de nuestra sociedad. De ahí la urgencia que los ODS no sean solo estandartes de buena voluntad, pero que sean concretamente integrados, tanto en los planes para afrontar esta crisis, como para definir los planes de rescate para salir de ella y reconstruirnos como país. En la próxima fase de reactivación económica hay una oportunidad que no debe desaprovecharse de ligar los ODS con la ambición climática, sobre todo tomando en cuenta que el 38% de estos objetivos ya están intrínsecamente relacionados con acciones climáticas.

En un país como México, en el que el 70% de las emisiones totales a nivel nacional son generadas por el sector energético, la inclusión de energías renovables en la matriz energética aparece como crucial para reducir drásticamente los gases de efecto invernadero, pero también, para impulsar un sector que promete ser una importante fuente de empleo. El gobierno mexicano ya ha hecho la promesa, a través de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés), de producir para 2030 el 43% de la electricidad a partir de fuentes limpias. Desgraciadamente, este compromiso no parece estar alineado con los actuales planes del gobierno mexicano. Las recientes acciones, justificadas bajo el lema de la autosuficiencia y seguridad energética, parecen ir en sentido contrario a la diversificación. La construcción de refinerías, compras de carbón, cancelación de las subastas eléctricas que habían sido introducidas en 2015 como una de las mayores promesas para desarrollar las energías renovables, son tantos pequeños pasos en la dirección incorrecta.

Si México logra cumplir su NDC en el sector energético, esto se traduciría en 1,647 muertes evitadas por contaminación y un ahorro monetario por la reducción de esta mortalidad de 2.7 mil millones de dólares (con una clara contribución al ODS 3 de salud y bienestar), lo que equivale al 41% del presupuesto nacional de salud del 2019. Estos sustanciales ahorros podrían ser canalizados a otras actividades prioritarias como, por ejemplo, fortalecer nuestro sector salud. De igual manera, pese a que reverdecer la matriz energética se traduce inevitablemente en una pérdida de empleos en los sectores de las energías fósiles, como el carbón o el petróleo, estos pueden ser compensados al ser relocalizados en las energías renovables, y contribuir a un incremento del empleo en el sector energético del 38% (ODS 8). Finalmente, también aporta a la seguridad energética (ODS 7), pues reduce la dependencia del gobierno mexicano a las importaciones de combustibles fósiles; una obsesión que ha conducido al actual gobierno a reexplorar las energías fósiles. Así, para 2030, los ahorros en energía representarían el 60% de la importación de gas natural (combustible más utilizado en el sector energético en México), 8% de la importación de diésel, y más de 5 veces la importación de combustible, si comparamos con las importaciones totales de 2018 en México.

México ya cuenta también con el necesario andamiaje institucional, legislativo y político para lograr acelerar la transición energética. En 2014 fue publicada la Ley de Transición Energética (LTE), que reemplazó la anterior ley del 2012 para el Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía y que fue actualizada en 2016 para establecer el ambicioso objetivo de generar el 50% de la electricidad de fuentes limpias para 2050. Bajo el cuadro de la LTE, se crearían más de 350,000 trabajos directos e indirectos para 2030, y más de 1 millón para 2050. En un cuadro más ambicioso de cero emisiones de carbono, se podrían crear 667,000 empleos para 2030 y 1.9 millones para 2050. Impulsar este sector podría ser una de las tantas ramas a incluir en el plan de rescate económico post-COVID, pues es precisamente en la construcción de las plantas que el sector de las energías renovables supera por mucho las tecnologías de energía fósil en términos de creación de empleos. Así, la energía eólica aporta más de 21 años de trabajo por MW instalada, lo que representa mucho más que los 5.5 años de trabajo por MW que se aportan por la energía carboeléctrica y el año de trabajo por MW para la energía con gas (turbina de gas de ciclo combinado).

En línea con la política actual y los programas gubernamentales de jóvenes construyendo el futuro, existe la oportunidad de crear un programa de bienestar para jóvenes con el objetivo concreto de atraerlos a la industria emergente de las energías renovables. Es una apuesta a largo plazo, no sólo de creación de capacidades y empleos, pero también de asegurarles un mejor futuro, con trabajos más especializados y mejor remunerados. Es importante, también, incluir al sector privado por medio de mecanismos de participación pública/privada para lograr masificar los proyectos de transición energética; así como meter el tema de las finanzas verdes en la agenda de gobierno, regularizarlo para darle al sector privado los incentivos necesarios para que puedan arriesgarse a invertir en otros sectores emergentes. Finalmente, hay una oportunidad en la “tropicalización” del sector. Es decir, revisar los procedimientos de licitación para poder incluir regulaciones para el uso de componentes tecnológicos locales, fortalecer una industria nacional y fomentar empleos en toda la cadena de valores de las energías renovables. Se podrían explorar también requisitos adicionales para emplear a las comunidades locales para lograr una derrama económica local importante.

Estas opciones de política pública deben ser consideradas cuidadosamente para que se den en el lugar correcto. Que los empleos se creen evaluando dónde se encuentra la mano de obra más calificada y en paralelo, se identifiquen los estados que tienen el mayor potencial para el despliegue de energía fotovoltaica y eólica. Se debe cuidar también el involucramiento y cohesión del sector privado, el gobierno y las instituciones educativas para lograr desarrollar un pool de especialistas, habilidades y conocimientos necesarios para hacer crecer el sector. Se necesita también reconocer el rol clave que pueden jugar las comunidades locales en el desarrollo de estos proyectos. Es un trabajo de largo aliento, pero con beneficios a corto y mediano plazo.

Estamos atravesando una época extraña, triste, un periodo de redefinición y un futuro incierto pero que puede y tiene que ser mejor. Por el COVID-19 se ha perdido en el mes de abril en México, 555,247 empleos. Esto es tan solo una vaga estimación, pues se refiere únicamente al sector formal. Si tomamos en cuenta que el 56.7% de la población mexicana trabaja en el sector informal, las cifras son probablemente mucho más elevadas. Y sobre todo, se incrementarán rápidamente en los meses que vienen. Ante la crisis económica por la pandemia, el gobierno anunció un plan de créditos y reforzamiento de programas sociales, y prometió la creación de 2 millones de empleos en nueve meses. Sin embargo, los empresarios consideran que las medidas son insuficientes para lograr dichos objetivos. Por eso es importante ver más allá del coronavirus, ver más allá, también, de la visión clásica de reactivación económica. Que la época post-pandemia no nos agarre desprevenidos, que no se reconstruya el país en el caos y sin plan. Que sea una oportunidad para crecer como país y tomar un rumbo más esperanzador y positivo. Que se diseñe un futuro tomando en cuenta los retos climáticos, creando empleos con futuro y no trabajos con fecha de expiración; evidenciados de manera cada vez más obvia con la caída abrupta en los precios del petróleo. Reactivar la economía sí, pero evitar el repunte de las emisiones; aplanar la otra curva también, aquella de los gases de efecto invernadero. El gobierno tiene la oportunidad de afianzar nuevos horizontes, de asegurarse que no regresemos a lo mismo, porque la normalidad de antaño ya tenía regusto a crisis. Tiene la responsabilidad de ofrecer mejores oportunidades a la sociedad actual, pero también tiene una obligación con las futuras generaciones.

@andreabizberg

Las sinergias, análisis de co-beneficios y propuestas de políticas públicas mencionadas en este texto, son parte de los dos nuevos reportes publicados por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), el reporte, “Haciendo cuentas: cuantificando los co-beneficios de la acción climática para el desarrollo sostenible en México” realizado en colaboración con la Oficina de la Presidencia de la República y el de “Los co-beneficios y la contribución de la transición energética para el desarrollo sostenible en México”.