blogeditor · 17 de enero de 2022
El 19 de marzo de 2018, Mississippi promulgó la “Ley de edad gestacional” que estableció requisitos para las y los médicos que realizan abortos, señalando de manera específica que no se podía realizar un aborto hasta que un médico determinara y documentara la edad gestacional probable del feto. La ley prohibía los abortos después de la decimoquinta semana de embarazo, excepto en casos de emergencias médicas o anomalías fetales, e imponía sanciones al personal médico encargado de realizarlos.
El día en que se promulgó la ley, Jackson Women’s Health Organization, el único centro de aborto autorizado en Mississippi, impugnó su constitucionalidad en una Corte de Distrito de Estados Unidos y solicitó una orden de restricción temporal de emergencia para bloquear su aplicación. La Corte para el Distrito Sur de Mississippi concedió la solicitud y concluyó que el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos no permitía que los estados prohibieran los abortos antes de las 24 semanas de embarazo, cuando el feto se vuelve viable.
La Corte de Distrito emitió un juicio sumario a favor de la clínica, sosteniendo que la ley era inconstitucional porque “la viabilidad marca el punto más temprano en el que el interés del Estado en la vida fetal es constitucionalmente adecuado para justificar una prohibición legislativa de los abortos no terapéuticos”. Asimismo, otorgó medidas cautelares permanentes, invalidando la ley. Thomas Dobbs, en su calidad de representante del Departamento de Salud de Mississippi, apeló dicha decisión ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos para su revisión. El Tribunal de Circuito confirmó el fallo, sosteniendo que la ley era inconstitucional.
Dobbs recurrió ante la Corte Suprema de Estados Unidos el 15 de junio de 2020 y ésta concedió la revisión del caso el 17 de mayo de 2021. Este caso no sólo aborda la constitucionalidad de una ley estatal de Mississippi que prohíbe los abortos después de la decimoquinta semana de embarazo, sino que también pone la lupa sobre el futuro de las decisiones de la Corte Suprema en Roe v. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992).
Fundamentalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos está llamada a determinar si todas las prohibiciones de los abortos electivos antes de la viabilidad son inconstitucionales, como lo señala el famoso caso de Roe v. Wade. Por ello, el impacto de Dobbs podría ir mucho más allá del estado de Mississippi. A partir de este caso se busca cuestionar un estándar mantenido durante cinco décadas, que considera a la viabilidad como el punto adecuado para determinar hasta cuándo una mujer puede decidir libremente respecto a la interrupción de un embarazo.
El principio de stare decisis significa que la Corte Suprema generalmente respeta decisiones pasadas para evitar confusiones y permite que las personas confíen en las interpretaciones de la Corte sobre el texto constitucional. Sin embargo, esta no es una doctrina inviolable, y en ocasiones los tribunales pueden anular y han anulado decisiones anteriores.
Mississippi argumenta que el principio de stare decisis no debería prohibir a los y las ministras revocar a Roe v. Wade. A pesar de ser un precedente establecido desde hace mucho tiempo, dicho estado argumenta que el stare decisis está en su punto más débil en este caso, ya que está cuestionando uno que interpreta la Constitución. Mississippi señala que los precedentes de Roe y Casey son “extremadamente equivocados” y se encuentran “desfasados por décadas” en tanto que no hay una mención explícita del derecho a la privacidad en la Constitución estadounidense, y los avances tecnológicos significan que sabemos más sobre cómo se ve un feto a las 24 semanas y si puede sentir dolor. También argumenta que un embarazo no deseado ya no es la carga que solía ser, ya que el control de la natalidad y la adopción están fácilmente disponibles. Finalmente, debido a que Roe ha sido controvertido desde que se decidió por primera vez hace medio siglo, Mississippi señala que las mujeres no deberían confiar razonablemente en este precedente como ley establecida.
La otra parte del juicio argumenta que la ley de Mississippi es una prohibición total al aborto, no una restricción a éste. En lugar de una carga indebida, señalan simplemente una prohibición por lo que según Casey es claramente inconstitucional. Finalmente, la clínica argumenta que Casey no sólo es precedente que la Corte actual debe respetar, sino que el único cambio desde que se decidió Roe es que los abortos se han vuelto más seguros, y llama a los argumentos de Mississippi paternalistas y falsos.
Al nombrar a los ministros Kavanaugh, Gorsuch y Barrett para la Corte Suprema, el expresidente Trump señaló específicamente que estaba buscando ministros dispuestos a derrocar a Roe. Y el presente caso es un vehículo para que la Corte lo haga.
Además, el hecho de que la Corte Suprema se hiciera cargo del caso, después de una larga deliberación, sugiere que varios ministros creen que hay al menos cinco votos a favor de revocar a Roe y Casey de alguna forma.
Entonces, ahora que la Corte Suprema lo tiene, ¿qué hará? Hay tres posibilidades:
Si bien queda por verse cómo las y los ministros deciden el caso, dado que Dobbs involucra cuestiones sobre el derecho a la privacidad, la decisión también podría afectar otros asuntos fuera del aborto, como el derecho a los matrimonios interraciales y entre personas del mismo sexo.
Como dijo la ministra Sonia Sotomayor, de revocar Roe, la Corte correrá el riesgo de perder legitimidad y obliga a preguntarnos: “¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su lectura son sólo actos políticos?”.
* Melissa Ayala (@melissaayala92) es coordinadora de Documentación y litigio de casos en @GIRE_mx.