¿Puede la justicia electoral revisar a la CNDH?

La semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que los spots de un órgano autónomo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueden ser revisados judicialmente por las autoridades electorales cuando podrían incidir en un proceso electoral.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundió un promocional que hacía referencia a la “violencia política de Estado de los gobiernos del PRI”, al promocionar una serie de televisión denominada Los años heridos en semanas previas al inicio del proceso electoral federal.

En contra de esa difusión, el PRI presentó una queja solicitando medidas cautelares con el propósito de suspender la difusión del promocional.

Sin embargo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE determinó que no había elementos de prueba que permitieran inferir las infracciones denunciadas y dio por concluido el procedimiento. El PRI impugnó esa determinación.

Al conocer del asunto, la Sala Superior del TEPJF determinó revocar el acuerdo impugnado (SUP-REP-42/2026). ¿Cuáles fueron las razones por las que resolvió de esta manera? Veamos.

1. La CNDH no está fuera del control electoral

La autonomía constitucional de la CNDH y el carácter institucional de sus comunicaciones no impiden que las autoridades electorales examinen sus actuaciones cuando puedan incidir en los procesos electorales.

Desde luego, la CNDH cuenta con una misión constitucional que cumplir, pero también tiene límites constitucionales que respetar.

2. Precedentes electorales en la materia

Al resolver este caso, ya existían precedentes que establecían que la CNDH puede ser sujeto de control electoral. En ellos se señaló de manera enfática y contundente que no tiene atribuciones en esta materia.

En efecto, en los juicios electorales 52 y 58 de 2024 se invalidó un mecanismo de seguimiento de las campañas de ese año y se ordenó a la CNDH retirar un informe vinculado a las campañas electorales por carecer de atribuciones para realizar acciones de vigilancia electoral.

3. La Constitución establece límites expresos de actuación a la CNDH

Nuestra Carta Magna excluye explícitamente los asuntos electorales de la competencia de la CNDH (art. 102, apartado B). Así, los materiales que difunde deben examinarse cuando, por su contenido y contexto, tengan una posible incidencia en las elecciones.

Una institución pública no puede quedar al margen de ese examen precisamente cuando se cuestiona que está rebasando los límites constitucionales de su actuación.

4. La improcedencia de la calumnia no cierra el análisis de otras infracciones

En este caso, la referida Unidad Técnica hizo depender la posible violación a la Constitución de la existencia efectiva de propaganda calumniosa (art. 134). La Sala Superior corrige este aspecto al determinar que, aunque la calumnia deba descartarse como infracción, es necesario revisar el posible uso de recursos públicos y el uso de canales institucionales para incidir en las elecciones.

Que una conducta no configure calumnia no significa que todo el actuar de la CNDH quede jurídicamente justificado. La denuncia que señala imparcialidad, neutralidad y uso de recursos públicos merece una respuesta específica al respecto.

5. Necesaria revisión del mensaje junto con el poder institucional y los recursos utilizados para difundirlo

La Sala Superior identificó los elementos que deben valorarse conjuntamente por la autoridad investigadora en este caso: la referencia expresa al PRI, la gravedad de las conductas atribuidas, la calidad de la CNDH como emisora, los recursos públicos utilizados, la difusión en radio y redes sociales, así como la proximidad del proceso electoral.

El posible alcance electoral de un mensaje depende también de quién lo emite, con qué medios y en qué circunstancias. El promocional Los años heridos denunciado debe examinarse como parte de una actuación institucional, con todos esos elementos.

6. Efectividad del control electoral mediante una investigación, con respeto al debido proceso

La Sala Superior determinó revocar el desechamiento y, por tanto, admitir la queja y continuar la investigación a la que se refiere la denuncia. Solo de esta manera puede determinarse si la CNDH, una vez más, actuó fuera de sus ámbitos de competencia.

Que la CNDH tenga por función constitucional defender los derechos humanos no la exime de cumplir otros mandatos de la propia Constitución, ni de sujetarse al control de la justicia electoral. Ni la CNDH ni ninguna otra autoridad pueden quedar excluidas o sustraídas del deber de investigar posibles conductas contrarias al proceso electoral en el orden constitucional mexicano.

La autonomía de la CNDH es una garantía para el ejercicio de su función, no una excepción al orden constitucional. Investigar no equivale a sancionar. Significa solo que las actuaciones de toda autoridad pueden revisarse cuando existe la posibilidad de que hayan rebasado sus competencias. Esa es, en esencia, la tarea de la justicia electoral.♦ 

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