Publicidad oficial: la regulación pendiente

Por: Ricardo Reyes (@vegetable0000)

En las últimas semanas, la arbitrariedad y la falta de transparencia en la asignación de la publicidad oficial a medios fueron temas que volvieron a la discusión. La lista que hace referencia a una serie de periodistas y medios de comunicación que se beneficiaron con recursos públicos (1,081 mdp) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que el periódico Reforma publicó, pone en relieve una discusión inacabada en la que requerimos profundizar.

En principio, hay que decir que el primer problema que la lista esboza tiene que ver con un contexto de opacidad histórica del gasto y de falta de accesibilidad a la información (1).

El artículo 70 fracción XXIII de la Ley General de Transparencia, aprobada en 2015, menciona que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar en sus bases de datos, todos los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña. No obstante, la lucha por el acceso a la información del gasto todavía no se convierte en victoria pues a nivel estatal la información es incompleta y a nivel federal poco accesible (son bases de datos inmensas, que requieren de expertise y pericia para su lectura) y desde enero de 2019 inexistente (2).

En relación con la lista en específico, la falta de transparencia ha originado que se desconozca el motivo de la contraprestación con los distintos periodistas y medios de comunicación. Es decir, no basta con saber que recibieron cientos de millones, requerimos más información: los contratos -si los hubiera-, el concepto del gasto, los testigos que den cuenta del cumplimiento del contrato y el beneficio social que dicho gasto generó.

El segundo problema deriva de la arbitrariedad y discrecionalidad con la que se ejerce el gasto. Artículo 19 dio cuenta en su informe anual 2018 de los medios de comunicación que más dinero recibieron por publicidad oficial a lo largo del sexenio de Peña Nieto (3). En él, se puede apreciar la gran concentración de recursos en una minoría privilegiada que no abonó -a pesar del discurso- a la democratización de los medios. Durante el sexenio pasado se gastaron más de 60,000 mdp, de los cuales 26,861 mdp -casi la mitad- se concentraron en 10 medios.

Dentro del plan de austeridad del nuevo gobierno se planteó una reducción del gasto al 50 %. En el sexenio de EPN era de casi 10 mil millones anuales. No obstante este recorte al presupuesto, no es suficiente sin una ley que prohíba expresamente el uso proselitista de la publicidad oficial, a la vez que garantice el ejercicio de la libertad de expresión y fije criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación de la pauta. La falta de una correcta regulación ha permitido que millones de pesos se destinen a promover figuras públicas y a sesgar la información que consumimos además de generar un efecto inhibidor para el libre ejercicio periodístico.

Los cuestionamientos respecto a la lista nos demuestran que es necesario replantear la actual relación entre la prensa y el gobierno, pues si bien los cambios que se han realizado a través de los lineamientos y la política de comunicación social del gobierno federal son positivos, también hay que reconocer que son insuficientes, pues el ejercicio arbitrario del gasto que hoy existe no es exclusivo de un partido, del gobierno federal o de la administración pública, está en todos lados.

El contexto actual de las cosas requiere que la Ley General de Comunicación Social sea abrogada y así dar inicio a una nueva discusión legislativa bajo un modelo de parlamento abierto con la iniciativa que el colectivo #MediosLibres presentó en octubre del 2018 (4). Mientras exista una ley que permita el uso arbitrario y discrecional de la publicidad oficial, que no contemple sanciones ni topes presupuestarios, seguirá existiendo el condicionamiento de las líneas editoriales, la asfixia financiera, el premio y el castigo a los medios, la censura; y por el contrario, la democratización de los medios y la pluralidad informativa no serán posibles.

*Ricardo Reyes es investigador del Programa de Derecho a la Información de @article19mex.

 

(1) Si bien es cierto que la información sobre el gasto a nivel federal se encuentra disponible a través de COMSOC, la misma carece de accesibilidad pues son bases de datos complejas que requieren conocimiento técnico y también que las mismas no tienen el nivel de detalle de la ley. El mismo problema existe a nivel local en los Estados.

(2) Disponible aquí.

(3) Disponible aquí.

(4) Disponible aquí.