Protocolos de actuación policial ¿para qué?

Por: María Elena Morera Mitre

En enero de este año, las autoridades de seguridad pública del Distrito Federal emitieron dos protocolos de actuación policial, uno en materia de detenciones y otro sobre la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y cadena de custodia. Con ello se pretenden, en conjunto con la normatividad vigente, garantizar los derechos de todas las personas que pudieran ser detenidas y realizar investigaciones profesionales y exitosas que no dejen lugar a dudas respecto de la culpabilidad o inocencia de alguna persona en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Estos protocolos integran consideraciones respecto del uso legítimo de la fuerza, elementos de una detención legal, legítima defensa, atención especializada a grupos de población en situación de vulnerabilidad, criterios para la emisión de un informe policial y un elemento destacable es la cartilla de derechos, a través de la cual los policías darán a conocer los derechos que asisten a la persona detenida.

Este tipo de protocolos —que para muchos pareciera película norteamericana— son fundamentales para garantizar al ciudadano, el pleno respeto a sus derechos. Además fortalecen las garantías del debido proceso y sin duda, dan un paso adelante para la consolidación de nuestro estado de Derecho.

Sin embargo, a escasas semanas de anunciarse, nos preguntamos ¿si son tan necesarios, por qué hasta ahora se presentan? ¿Qué tan suficiente es contar con los protocolos de actuación policial? ¿Será suficiente que la Policía lea la cartilla a los detenidos?

[contextly_sidebar id=”z8Xja2W3DFVXkHrgfdMZrufs1tJ3lZwV”]Sin duda, responder este tipo de preguntas es relativamente fácil, ya que durante muchos años los policías y servidores públicos han contado con la facultad discrecional de actuar con base en el libre albedrío y negociación con los involucrados, por lo que establecer protocolos en la materia representa un avance en la materialización de procedimientos transparentes, dan seguridad jurídica a todos los ciudadanos y permiten la democratización de las instituciones.

Por otra parte, dar una respuesta a profundidad es complicado, porque a pesar de las bondades de los protocolos en cuestión, los años de abuso policial mantienen rota la confianza ciudadana en la ley y sus operadores, elementos clave en la operación exitosa de los protocolos policiales.

La necesidad que tenemos de hacer justicia en el país empata con la de abrazar este tipo de políticas y avanzar en la construcción de estándares policiales de aplicación nacional. Sin embargo, a pesar del avance, un protocolo no garantiza el éxito de un procedimiento porque no hay soluciones por decreto.

Para que funcionen los protocolos debe existir un proceso de capacitación dirigido a los actores del sistema de justicia y seguridad pública; es urgente que se socialice, ya que de lo contrario no sirve para nada. Lamentablemente los servidores públicos no se encuentran debidamente capacitados en casi ninguna fuerza policial en el país, además de que en la mayoría de los casos la ciudadanía los percibe como corruptos, abusivos y poco profesionales.

Las instituciones de seguridad pública y del sistema de procuración de justicia están obligadas a garantizar que los policías adscritos se encuentren debidamente capacitados y cuenten con las habilidades que su función exige. Aunado a poner atención en el tipo de capacitación que se les imparte, también resulta importante considerar las condiciones en las que se están capacitando. Por ejemplo, un policía que va saliendo de una jornada de 24 horas de servicio o más, no se encuentra en óptimas condiciones para ser formado, ya que sus necesidades físicas le exigen descanso.

Nos encontramos en un momento crucial en la historia jurídica del país, pues la vigencia del Nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel nacional se encuentra próxima, y su aplicación exitosa estará condicionada a que las instituciones de seguridad pública garanticen el respeto a los derechos humanos de todas las personas, tanto al interior, como al exterior de las mismas. No queremos más detenciones arbitrarias ni abusos en el procedimiento penal, así como tampoco queremos delincuentes libres a causa de actuaciones abusivas de la autoridad.

 

* María Elena Morera (@MaElenaMorera) es presidenta de @causaencomun. Este texto fue escrito con la colaboración de Jorge Alberto Lojero.