Oportunidad para garantizar los derechos de NNA en Ciudad Juárez

La vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en México es una realidad lacerante que requiere más que nunca la actuación coordinada de todos los sectores de la sociedad para hacer efectiva su protección y restitución de la manera más eficiente y eficaz posible. El hecho de que esta problemática esté asociada a una multiplicidad de factores como la violencia en sus múltiples tipos y contextos, la pobreza, la carencia de información, el contexto socio cultural, entre otros, hace aún más grande el reto de garantizar estos derechos.

La situación actual es preocupante. La violencia contra NNA se ha normalizado en la sociedad y lamentablemente, es parte de la cotidianidad. Diario ocurren hechos que ponen en riesgo el desarrollo, integridad e incluso la propia vida de NNA. Tan sólo en 2021, más de 27 mil 772 delitos en contra de NNA fueron cometidos, entre ellos, 7 homicidios diarios; en promedio 9 feminicidios mensuales y al menos 37 niñas y niños sufrieron violencia física, sin contar los casos no identificados y/o denunciados.

Si bien México ha cumplido con la creación de instrumentos jurídicos y sistemas de protección de derechos de NNA a nivel nacional y es parte de diversos sistemas de protección a nivel internacional, ha fallado en garantizar plenamente lo establecido en éstos. Una de las principales debilidades radica en que, las instancias de protección y atención a nivel local no cuentan con protocolos que guíen su actuación desde que tienen conocimiento de un acto de vulneración contra NNA, o bien, en caso de contar con un instrumento de este tipo, la coordinación y vinculación entre los actores es débil y/o inexistente. Lo anterior, incide en la revictimización y la constante vulneración de derechos de NNA.

Al respecto, el estado de Chihuahua dio un paso muy importante con la publicación del Protocolo de Coordinación Intersectorial para la detección, atención e investigación de actos que impliquen vulneración o restricción de derechos de niñas, niños y adolescentes hace dos años, y reformado en el año 2021, con la finalidad de dotarlo de carácter intersectorial y armonizarlo con las reformas a la Ley General de los Derechos de NNA referentes a la prohibición del castigo corporal y humillante como método correctivo y disciplinario.

La importancia de este instrumento radica en que fue diseñado para orientar la primera actuación de las autoridades, organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la comunidad del estado de Chihuahua que tengan contacto con NNA, a fin de detectar y atender actos que impliquen vulneración o restricción de sus derechos con un enfoque de equidad, igualdad, inclusión, eficacia y eficiencia, así como a la restitución de los mismos. Al respecto, el Protocolo establece los procedimientos que deberán llevar a cabo todos los actores que tienen primer contacto con un NNA víctima para valorar, canalizar y acompañar las primeras atenciones especializadas. Entre estos actores se incluye a la Procuraduría de Protección de NNA, el Ministerio Público y la policía investigadora, las y los médicos, psicólogos y todo el personal de la Fiscalía General del Estado, los policías que funjan como primer respondiente, las unidades de salud y otras instancias, organizaciones de la sociedad civil y cualquier integrante de la comunidad.

Esto último es muy significativo, ya que al tener carácter “intersectorial”, involucra a todos los sectores comunitarios que sospechen o tengan conocimiento de un acto de vulneración de derechos de NNA, lo cual incluye a las escuelas y espacios públicos como plazas comerciales, cines, parques, museos, entre otros. Esto es sumamente valioso ya que incrementa el espectro de actuación y de detección de posibles casos.

A pesar de todas las fortalezas teóricas de un mecanismo legal de este tipo, llevarlo a la práctica sin duda conlleva retos importantes, que van más allá de su diseño, aprobación y publicación. En este sentido, el principal reto es que el instrumento sea viable y ejecutable a nivel práctico y acorde a las capacidades estatales y municipales. Por tal motivo, la realización de pilotajes, es decir, de pruebas de viabilidad operativa de estos mecanismos, es indispensable para verificar si éstos son eficientes a nivel operativo y eficaces en los objetivos que plantean.

En el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, se inició desde el mes de febrero pasado, un proceso donde se realizará un pilotaje del Protocolo en cuestión, cuyo principal objetivo es poner a prueba si los procedimientos establecidos para cada actor son viables en su operación, así como detectar áreas de oportunidad y de fortalecimiento para cada uno de los actores clave, sus funciones y atribuciones. Asimismo, este ejercicio tendrá la finalidad de definir los mecanismos de vinculación y coordinación intersectoriales que serán indispensables para la detección y atención de casos de vulneración y de restitución de derechos de NNA.

Este ejercicio piloto, liderado por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) estatal y municipal y FICOSEC Zona Norte, y con partipación de Inteligencia Pública, representa un hito a nivel estatal y nacional, toda vez que será de suma utilidad para asegurar que las políticas públicas no sólo estén bien diseñadas en papel, sino que sean viables en la práctica.

En los próximos días, se diseñará un Plan de Acción, en el cual se definirán las responsabilidades de cada actor, la zona y calendario de operación, los mecanismos de comunicación e intercambio de información, los mecanismos de vinculación y coordinación, así como los indicadores de desempeño para pilotaje, que contará con la participación de instituciones estatales y municipales clave en la materia, como el DIF, la Secretaría de Educación, Jurisdicción Sanitaria, Fiscalía General, Secretaría de Seguridad Pública y Subprocuraduría de Protección de NNA, entre otras.

Como resultado de este ejercicio piloto, será posible generar recomendaciones de mejora al Protocolo, principalmente a nivel operativo e institucional, lo que permitirá que los actores respondan de manera cada vez más eficaz y eficiente a casos de vulneración de derechos de NNA.

Si bien el éxito de esta iniciativa depende de la atención a las recomendaciones generadas a cada uno de los actores, así como de la voluntad política, es deseable que este tipo de ejercicios se repliquen en otras partes del estado y del país, a fin de que la garantía de los derechos de NNA pase del papel, a la realidad.

@IntPublica