Protejan a las buscadoras de Guanajuato

El 16 de septiembre Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, hizo pública una comunicación a nombre al menos cuatro Procedimientos Especiales de la ONU, dependientes del Consejo de Derechos Humanos, en seguimiento a una carta que enviaron al Estado Mexicano y de la que no hubo respuesta. Los otros tres procedimientos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, y del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación.

La comunicación, que se presenta con carácter de urgente busca expresar al Gobierno de México la preocupación de los Procedimientos Especiales por los asesinatos de Javier Barajas, de Rosario Zavala y las amenazas contra Norma Barrón, Angélica Zamudio y de otras familias de personas desaparecidas en Guanajuato.

Como se sabe, Javier fue asesinado en mayo de este año en Salvatierra y Rosario en octubre de 2020 en León, Guanajuato. Si bien la Fiscalía señaló que había detenido a los autores materiales, nunca reveló si el crimen se relacionaba con su trabajo de búsqueda. Las amenazas a las buscadoras han sido reiteradas, no sólo en los casos de Karla y de Patricia, sino que se han documentado casos de desplazamiento de víctimas indirectas por amenazas, ataques armados e incluso un tercer asesinato a familiares que no ha sido visibilizado por miedo a las represalias.

Los Procedimientos señalan como contexto los 24 casos documentados por el Consejo Estatal de Protección de personas defensoras de derechos humanos en Guanajuato durante 2021, que incluyen amenazas, ataques digitales, agresiones físicas, detenciones, allanamientos, desapariciones y asesinatos. Las agresiones a buscadoras estarían relacionadas con sus labores de búsqueda, dicen los Procedimientos.

Los Procedimientos piden información detallada sobre los casos señalados, incluyendo la información sobre los procedimientos judiciales y administrativos sobre los asesinatos de Javier Barajas y de Rosario Zavala, según el Protocolo de Minnesota. También se solicita información sobre las medidas de protección tomadas para asegurar la integridad física y psicológica, al igual que la seguridad de los familiares, colectivos y organizaciones de derechos humanos. Finalmente, se pide que se indique cuáles son los planes para proporcionar compensación a las víctimas o a sus familias.

En pocas palabras, solicitan información, exigen reparación del daño y medidas de no repetición. El Gobierno de México sencillamente ignoró la solicitud de información y no respondió a los Procedimientos. Si bien el Gobierno de Guanajuato señala haber respondido la solicitud de información que a su vez la Secretaría de Gobernación le hizo, no queda claro qué información pudieron haber proporcionado que vaya más allá de los lugares comunes y el abordaje superficial que han hecho de la situación de las buscadoras de personas desaparecidas en la entidad.

Como se ha publicado en este espacio, el más reciente acto de hostigamiento contra una buscadora fue el allanamiento del que Paula Rojas fue objeto en León, Guanajuato, este mismo mes. ¿Qué espera el Estado Mexicano para tomarse en serio las condiciones de riesgo en el que se encuentran las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato?

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.