¿Cómo proteger las pensiones en una sociedad que vive más?

Por Icoquih Flores, Pedro Marcial y Carlos Contreras*

América Latina y el Caribe envejecen a un ritmo sin precedentes. Mientras a Europa le tomó alrededor de 70 años duplicar la proporción de personas mayores dependientes, nuestra región recorrerá un proceso similar en apenas 25. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2022 había 88.6 millones de personas mayores de 60 años, equivalentes al 13.4 % de la población; en 2050 serán cerca de 193 millones, más de una cuarta parte del total.

México sigue la misma tendencia. Actualmente, alrededor de 17 millones de personas tienen 60 años o más y representan 12.8 % de la población. Hacia 2070 podrían constituir más de una tercera parte.

Vivir más años es una buena noticia y uno de los grandes logros del desarrollo social. Al mismo tiempo, esta transformación plantea nuevos desafíos para los sistemas de pensiones: ¿cómo garantizar ingresos suficientes cuando las personas viven más años después de retirarse?

En el ámbito previsional, este fenómeno se conoce como riesgo de longevidad. Su relevancia aumenta en una región donde la informalidad laboral supera 50 % en varios países —55.7 % en México— y donde la cobertura previsional alcanza, en promedio, al 73.9 % de las personas mayores de 65 años.

En los sistemas basados en el ahorro individual, el efecto de la longevidad es particularmente importante: si el periodo de retiro se extiende, los recursos acumulados deben financiar más años de vida. Sin mecanismos adecuados, esto puede traducirse en pensiones de menor monto.

Herramientas para calcular los retiros

Distintos países e instituciones están utilizando herramientas para gestionar este riesgo. Una de las principales son las tablas de mortalidad, base de cualquier proyección actuarial confiable, que permiten estimar cuánto tiempo vivirá una población y constituyen la base de las proyecciones actuariales de los sistemas de pensiones.

Su actualización es fundamental. Sin embargo, en parte de América Latina todavía se utilizan tablas construidas con información desactualizada o basada en contextos demográficos distintos, lo que puede llevar a estimaciones que no reflejan adecuadamente cuánto están viviendo las personas.

Otra herramienta es el seguro de longevidad, diseñado para proteger económicamente la etapa más avanzada del retiro: por ejemplo, a partir de los 85 años. Su objetivo es complementar el ahorro individual cuando una persona alcanza edades en las que aumenta el riesgo de que sus recursos resulten insuficientes.

Existen otros mecanismos, como los bonos y swaps de longevidad, los reaseguros y los fondos de reserva, que permiten distribuir los riesgos financieros entre distintos actores del sistema. Sin embargo, las tablas de mortalidad y los seguros de longevidad ofrecen dos referencias particularmente útiles para analizar algunas experiencias que ya existen en América Latina.

En República Dominicana, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) ha propuesto un esquema en el que la pensión se financia mediante la cuenta individual hasta los 80 años. A partir de esa edad entraría en funcionamiento un seguro de longevidad, financiado mediante una contribución adicional progresiva —de 0.4 a 1.25 % del salario— y recursos del Fondo de Solidaridad Social.

Simulaciones realizadas por la SIPEN, con acompañamiento técnico de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), indican que este mecanismo podría contribuir a mejorar la suficiencia de las pensiones manteniendo la sostenibilidad del sistema.

Otras acciones en la región

Por su parte, El Salvador cuenta desde 2017 con un beneficio de longevidad dentro de su Sistema de Ahorro para Pensiones, que garantiza un ingreso vitalicio a partir de los 85 años o 20 años después del retiro. El beneficio se financia mediante la Cuenta de Garantía Solidaria. Aunque el esquema enfrenta presiones financieras, organismos como el Fondo Monetario Internacional han planteado alternativas para diversificar sus fuentes de financiamiento e incorporar ajustes en los parámetros del sistema.

Estas experiencias coinciden con estimaciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2017, el organismo calculó que una aportación adicional cercana a 1 % del salario de cotización podría financiar un seguro de longevidad capaz de cubrir alrededor del 70 % de la pensión al llegar a los 85 años. Además, este mecanismo permitiría incrementar hasta en 10 puntos porcentuales la pensión durante los primeros años del retiro.

Las experiencias regionales y los estudios desarrollados hasta ahora apuntan hacia una misma necesidad: construir estrategias previsionales capaces de responder a sociedades donde las personas viven cada vez más años.

No existe un modelo único para enfrentar el riesgo de longevidad. Las características del mercado laboral, la informalidad, los niveles salariales, las capacidades fiscales y el diseño de cada sistema de pensiones obligan a encontrar soluciones propias. Sin embargo, contar con tablas de mortalidad actualizadas e incorporar mecanismos que protejan a las personas durante las etapas más avanzadas de la vejez pueden ser herramientas relevantes, particularmente en los países con esquemas obligatorios de ahorro individual.

México frente al enorme desafío

Fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones de seguridad social, actualizar periódicamente las bases actuariales y mantener una coordinación estrecha entre autoridades, entidades gestoras y aseguradoras son pasos que distintos países de América Latina ya están explorando.

México tiene frente a sí la oportunidad de estudiar estas experiencias para identificar qué herramientas pueden contribuir a fortalecer su propio sistema previsional.

Si vivir más es uno de los grandes logros de nuestras sociedades, nuestros sistemas de pensiones también deben prepararse para acompañar vidas más largas. El desafío es conseguir que esos años adicionales lleguen acompañados de seguridad económica y de una protección social capaz de sostener una vejez digna.

Icoquih Arzu Flores Martínez es integrante del programa de personas becarias y servicio social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y egresada de la carrera de Actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pedro Yabal Marcial Ríos es integrante del programa de personas becarias y servicio social de la CISS y estudiante de la Licenciatura en Actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Carlos Contreras Cruz es investigador en Actuaría y responsable del equipo actuarial de la CISS y actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM.

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