Protección social y crisis sanitaria, ¿qué cabría esperar?

Se han elaborado numerosos análisis y reflexiones en torno a las afectaciones sanitarias, económicas y sociales de la epidemia de la COVID-19, y todas apuntan a un escenario complicado para México. Respecto de las afectaciones en la calidad de vida de los mexicanos, los planteamientos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) son impactantes: la caída de ingresos causada por la epidemia tendría como resultado el aumento entre 8.9 y 9.8 millones de personas en condición de pobreza por ingreso y un incremento de entre 6.1 y 10.7 millones de personas en condición de pobreza extrema por ingreso; lo cual, señala el CONEVAL, equivaldría a revertir los logros de una década (2008-2018) en el combate a la pobreza.1 De acuerdo con ello, sufrirían las afectaciones en mayor medida la población en condición de pobreza urbana y rural, personas trabajadoras tanto del sector informal como del formal, las personas desempleadas y las micro, pequeñas y medianas empresas.

La conclusión es compartida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, al destacar que “(…) la crisis sanitaria ha afectado principalmente las fuentes de trabajo y, por consiguiente, los ingresos laborales.”2 Como medida para atender tales afectaciones, la Oficina del PNUD en México indica la necesidad de focalizar los apoyos para llegar a los grupos más vulnerables frente a la crisis, las personas trabajadoras informales. No obstante, dada la combinación del impacto de la crisis generada por la COVID-19 y las vulnerabilidades preexistentes en el país, el PNUD señala la posibilidad de que la atención a los sectores vulnerables siente las bases de un ingreso básico; cuestión a retomarse para un momento posterior a la crisis.

El caso de México tiene sus particularidades, pero los análisis que se han hecho de la situación nacional tienen similitudes con lo que se observa en todo el mundo. No podía ser de otra forma si en todo el mundo hubo la necesidad de parar la actividad económica para evitar la propagación del virus. La muestra clara de las similitudes está en las medidas adoptadas para atender el impacto socioeconómico de la COVID-19, tan solo en la región de América Latina y el Caribe 23 países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago, han implementado transferencias monetarias temporales en apoyo a los ingresos de los hogares o de los trabajadores y trabajadoras que perdieron su empleo como resultado de la epidemia.3

A la fecha el gobierno mexicano no ha implementado una medida similar, pero existen propuestas legislativas al respecto. Sin duda la más visible es la propuesta del ingreso vital, medida impulsada por organizaciones de la sociedad civil y distintos partidos políticos, que implicaría una trasferencia monetaria de $3,745 pesos cada mes durante tres meses para trabajadores y trabajadoras que perdieron su fuente de ingreso durante la pandemia.4

Frente a la propuesta, la postura del gobierno y de MORENA (salvo algunas excepciones) ha sido de rechazo. Los argumentos van de 1) señalar la imposibilidad fiscal de implementar la medida (no se piensa contratar deuda, en el corto plazo no habrá reforma fiscal, y no se quiere redirigir el gasto de los proyectos de infraestructura), 2) los programas sociales de gobierno existentes ya son usados como canales de atención a los efectos de la epidemia y cualquier acción a tomarse debería usar esos canales y 3) al provenir (supuestamente) de la oposición, la propuesta levanta suspicacias.5

Lo que sobresale de los argumentos es que se sostienen en dos cuestiones: capricho y cálculo político. Toda vez que los programas sociales del gobierno son perfectibles y aun así se deberían considerar mecanismos adicionales para atender la reducción de ingreso provocada por la crisis sanitaria, así apuntado por el CONEVAL, de los argumentos queda la simple negación por buscar alternativas para financiar la propuesta y la preocupación por darle una victoria a la oposición. A lo anterior cabría señalar que el rechazo a la propuesta de ingreso vital sería una derrota, por encima de todo, para la población ya golpeada por la epidemia.

Con un escenario tal, ¿qué cabría esperar para la protección social en México?

En primer lugar, que la propuesta de ingreso vital se las vea negras. Proponentes de la medida apuestan a que el consenso político entorno a ella le favorezca y que la necesidad se imponga al rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ese rechazo no es poca cosa y de mantenerse no será solo del presidente, sino que estará invariablemente seguido por legisladores de MORENA y demás funcionarios.

En segundo lugar, que se exploren medidas de protección social lo suficientemente flexibles para adecuarse a una crisis que evolucionará y será duradera. Al respecto, desde la organización Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) se ha indicado la necesidad de generar sistemas de protección social que no solo protejan a las personas en situación de pobreza, sino que permitan a un sector más amplio de la sociedad entrar y salir del sistema en la medida que sea necesario para soportar un shock como el causado por la pandemia. En un contexto en el que quedó atrás el distanciamiento social generalizado, la focalización de intervenciones se señala como la opción a seguir, así se propone que las políticas de protección social se aten a las métricas de salud regionales, lo que en el país equivaldría vincular las acciones a los semáforos epidemiológicos. De tal forma las regiones en color rojo (que requieran reinstalar medidas severas de distanciamiento social) serían atendidas con programas universales o transferencias más generosas, las regiones de color naranja (en que se puedan relajar medidas de distanciamiento) serían atendidas con medidas más focalizadas, y así las intervenciones estarían diferenciadas para regiones amarillas y verdes de modo que las transferencias de recursos dependan de las condiciones de salud.

Tal estrategia implicaría una focalización geográfica con la ventaja de limitar temporalmente las medidas y favorecer la decisión política de retornar al confinamiento en caso de ser necesario. La propuesta fue planteada por J-PAL como una a ser explorada y evaluada en sus detalles.6

En tercer y último lugar, para el mediano y largo plazo lo que cabría esperar en relación con la protección social es una discusión, apunta el CONEVAL, para la generación de: “(…) estrategias de protección social y política económica cuyos resultados sean resilientes, para dejar atrás la fragilidad y precariedad con la que las y los mexicanos enfrentan riesgos económicos y sociales”.7 Los pasos tomados en esa dirección deberían contemplar la construcción de un sistema universal de protección social, algo propuesto por el CONEVAL por lo menos desde el 2012, que tenga cobertura para toda la población y que prevea la existencia de pisos mínimos para cada una de sus dimensiones de intervención, las cuales habrán de ligarse a los riesgos asociados a las distintas etapas del ciclo de vida.

 

1 Los efectos de la crisis producida por el COVID-19 y propuestas de atención son presentadas en el informe del CONEVAL: La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID19) en México. Disponible aquí.

2 Establecido así en el documento de la Oficina del PNUD en México: Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México. Panorama Socioeconómico, p. 32. Disponible aquí.

3 Véase la base de datos de las respuestas de protección social en el mundo frente a la COVID-19 elaborada por el Banco Mundial aquí.

4 Véase los argumentos detrás de la propuesta y sus características expuestos por las organizaciones Nosotrxs y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

5 Argumentos expuestos por el Dip. Mario Delgado y la Dip. María de los Ángeles Huerta en el Conversatorio ¿Por qué y cómo un Ingreso Vital para México? organizado por la Cámara de Diputados. Video disponible aquí.

6 Véase las participaciones de Rema Hanna y Benjamin A. Olken en el webinar “Social Protection in the COVID-19 Era: What can the evidence tell us?” organizado por el Banco Mundial. Video disponible aquí.

7 CONEVAL, op. cit., p. 111.