La protección a las mujeres no puede esperar

La violencia contra las mujeres en México sigue siendo un desafío considerable que debe impulsar una reflexión profunda para la innovación y la mejora significativa en las acciones de gobierno, así como nuestro funcionamiento como sociedad. A pesar de contar con un marco normativo robusto para su erradicación, los datos actuales demuestran que la vida e integridad de las mujeres y las niñas aún no está garantizada en todo el territorio nacional.

Los resultados de 2021 de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI señalan que el 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida, un aumento frente al 66.1 % registrado en 2016. Este incremento puede deberse a que la sociedad tiene una mayor concientización frente a la violencia contra las mujeres, en contraste con otros momentos históricos en los que se consideraba normal.

Estas cifras coexisten con los resultados del Índice de Concientización sobre Violencia de Género de la Fundación Instituto Natura, en el que solo el 15 % de la población tiene un alto nivel de conciencia para identificar la violencia o actuar frente a ella. Esta falta de conocimiento, sumada al miedo y a la profunda desconfianza en el sistema de justicia, genera un vacío entre el momento en que ocurre la violencia y su posible denuncia. Dicha denuncia, en la mayoría de los casos, requiere la intervención activa de otra persona o institución para poder navegar por el sistema de procuración y administración de justicia. Este paso es solo el inicio de un proceso legal que, por naturaleza, es lento, estigmatizante y revictimizante.

La respuesta a la violencia contra las mujeres se ha centrado tradicionalmente en la denuncia como eje articulador del acceso a una vida libre de violencia, pero este enfoque resulta insuficiente e incluso puede incrementar el riesgo para las mujeres. Además, considera como medida de éxito o fracaso la sanción al agresor, dejando de lado la reparación a las víctimas. Es urgente que las mujeres, independientemente de si deciden iniciar un proceso de denuncia o no, tengan un acceso real a acciones de protección en el cual su vida e integridad sea el centro de acción inmediata. Necesitamos dejar de imponer el peso de la prueba a las mujeres y, en su lugar, activar una red integral de apoyo que fortalezca a las víctimas.

Ya se han hecho algunos avances con las reformas del 2021 a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia a las órdenes de protección las cuales deben ser fortalecidas con políticas públicas concretas que definan rutas específicas de atención y en donde es indispensable contar con herramientas de evaluación de riesgo rápidas y efectivas, brindadas por autoridades administrativas, que permitan tomar decisiones prontas y asegurar un seguimiento continuo.

El sistema de respuesta también debe contemplar mantener la integridad física mediante planes de seguridad y, de manera crucial, fortalecer la autonomía económica, una de las razones que impiden a las mujeres salir de los círculos de violencia. La articulación clara entre los Centros Libres y los Centros de Justicia para las Mujeres, apoyados por los refugios, puede traducirse en una mejor respuesta a las necesidades de protección de las mujeres.

Además, en lugar de centrarse solo en la denuncia, las campañas públicas deben ofrecer a la sociedad herramientas para identificar y reaccionar ante las primeras señales de violencia, en lugar de culpar a las mujeres por estar en una relación violenta. El mensaje social debe ser que todas y todos somos parte de una red de protección y que tenemos algún aporte que hacer para una sociedad menos violenta.

La viabilidad de un enfoque basado en la protección puede fortalecerse con una estrategia clara de inversión pública. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026 se presenta el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, con un monto global de 857 millones de pesos que fusiona diferentes programas presupuestarios de años anteriores y que estará operando con reglas de asignación de recursos a partir de datos territoriales. Sin embargo, aún se requiere que se publiquen las reglas de operación para saber cómo está diseñada la operación de estos recursos y el diseño institucional requerido.

Más allá de la cantidad asignada en el presupuesto federal, no se debe olvidar que es obligación constitucional de las entidades federativas y de los municipios brindar atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, para garantizar una protección continua e incondicional, las entidades federativas deben asumir su corresponsabilidad financiera y asignar un presupuesto propio y etiquetado. En la mayoría de las entidades federativas, la dependencia casi total de los subsidios federales deja la respuesta en el territorio en una situación de vulnerabilidad financiera. Las entidades federativas y los municipios deben contar con recursos propios que, sumados a los recursos federales, aseguren la operación permanente de los sistemas de protección centrados en las necesidades de las mujeres.

En cualquier esfuerzo por fortalecer la respuesta a la violencia contra las mujeres, es fundamental considerar la violencia sexual. Según la ENDIREH 2021, 5 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. Es crítico una respuesta rápida y coordinada para prevenir riesgos como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y trastorno de estrés postraumático (TEPT).

La baja concientización de la población, la alta revictimización y la falta de recursos suficientes y transparentes son obstáculos que las políticas públicas pueden abordar. Para romper el ciclo de la violencia de género, todos los órdenes de gobierno deben asumir su responsabilidad mediante modelos de protección que operen de manera autónoma, rápida e incondicional, liberando a las mujeres de la carga de ser las guardianas de su propia seguridad. Solo así la protección dejará de ser una opción para convertirse en una garantía inmediata y efectiva en México.