Prostitutas organizadas: ¿vergüenza o reparación?

¿Qué es lo más difícil de ser prostituta? Siempre me encuentro con esa pregunta cuando digo abiertamente que soy trabajadora sexual. Mis clientes, los colegas periodistas e incluso gente que recién me conoce asume esta como la gran duda sobre mi trabajo.

Tampoco es de sorprenderse, porque el imaginario que se ha creado sobre las trabajadoras sexuales tiene que ver más con el rescate de nuestras vidas que en las experiencias reales de quienes ganamos dinero por ofrecer servicios eróticos.

Hoy es 17 de diciembre, Día Internacional para poner fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. Y aunque esta fecha tiene su origen como una forma de denunciar los feminicidios de las compañeras que laboraban en Seattle a principios de los años dos mil, este día pasa desapercibido porque representa un tema incómodo: las prostitutas y nuestros derechos.

Y es que no conozco a una sola colega que no haya sido atravesada por el estigma de nuestra chamba. Ya no llevo la cuenta de las tantas veces que me sentí avergonzada por trabajar en la calle. Lo que si tengo lúcidas son las excusas que se iban acumulando con mi familia y amigos para evitar hablar sobre mi trabajo.

Yo estudié Comunicación en la UNAM por allá del lejano 2008, y cuando eres una travesti que vive en el Estado de México, una de las entidades más violentas para ser mujer trans en el país, las alternativas laborales son casi nulas.

Así que comencé a trabajar en Calzada de Tlalpan, la avenida más importante para talonear en la Ciudad de México. Era el año 2010 y con lo que ganaba en calle alcanzaba a cubrir mis gastos de la universidad y apoyar a mis padres, dos viejos que migraron de San Bartolo Coyotepec Oaxaca a la capital en busca de una vida más vivible.

Las excusas sobre mi chamba venían de mi parte más imaginativa -“es que trabajo en un bar”; “soy edecán independiente y me pagan por eventos privados”- siempre había una forma de evadir las explicaciones. A esos pretextos ahora les puedo poner nombre y apellidos: el jodido estigma hacia las trabajadoras sexuales.

Llevo trece años siendo trabajadora sexual y aún veo incipientes los logros que hemos ganado en la lucha por reconocer nuestros derechos laborales. Pese a que el trabajo sexual no está considerado un delito o falta administrativa en la capital, las colegas seguimos padeciendo las consecuencias de la criminalización.

A finales de 2021 levantamos una encuesta junto con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) en la Ciudad de México. En ella es interesante observar que las colegas identifican a los policías, el ministerio público y los doctores como los principales agentes que ejercen violencia institucional.

El 65 % de las trabajadoras sexuales de calle refirieron haber sido violentadas por clientes, transeúntes, vecinos, taxistas y personal de hoteles donde hacemos los servicios.

Las patrullas en zonas como Calzada Ermita-Iztapalapa, Tlalpan, La Merced o Revolución siguen extorsionando a los clientes. Los hoteles no garantizan la seguridad de las compañeras que ingresan a sus habitaciones. Nuestras vidas en los puntos -como le llamamos a las zonas donde laboramos- están constantemente en disputa.

Esta semana, a tres días de conmemorarse la lucha para poner alto a estas violencias, la Fiscalía de Puebla montó un operativo antitrata donde retuvieron contra su voluntad a 16 colegas e intentaron trasladarlas sin una orden judicial ni placas en sus vehículos.

Gracias a las protestas de las propias compañeras trabajadoras sexuales y los vecinos se logró su liberación. Estos son los efectos de una Ley General de Trata en nuestro país que no distingue entre el trabajo sexual autónomo y la explotación de terceras personas. La colectiva Chicas de la 14 se están movilizando ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para poner fin a la persecución y violencia policial.

Hace unos meses le quitaron la vida con un arma blanca a Natalia González, joven trans de 28 años en el hotel Condesa de la zona sur. En 2016 Alessa Flores y Paola Ledezma, dos mujeres trans que laboraban en Puente de Alvarado y San Antonio Abad, fueron asesinadas por asfixia y arma de fuego respectivamente. Sus historias se han vuelto un parteaguas en la lucha por los derechos de las mujeres trans.

¿Qué les puedo decir? Yo misma he sobrevivido a la violencia feminicida. El 16 de enero del  año pasado fui atacada por un cliente que casi logra acabar con mi vida.

Desde entonces he emprendido un viaje en busca de justicia y reparación que ha sido profundamente doloroso. Mi agresor se encuentra vinculado en el reclusorio preventivo varonil del sur y a casi dos años de mi ataque aún no hemos logrado pasar de la etapa intermedia de audiencias. Mi abogada, Olivia Rubio, me dice que falta un largo camino para llegar al juicio oral y con suerte a una sentencia por tentativa de feminicidio.

Las revictimizaciones están presentes en cada etapa del proceso legal: ¿qué fue lo que le hiciste para que te atacara? ¿Le robaste la cartera? ¿Estabas drogada? Siempre existe el cuestionamiento que nos obliga a las sobrevivientes a sentirnos avergonzadas por el daño que nos siembran nuestros agresores. Especialmente si eres trabajadora sexual.

Y es que cuando agreden, discriminan o asesinan a una colega a nadie la importa o en el mejor de los casos hay una excusa para justificar esa violencia. “Ellas mismas lo provocaron por dedicarse a esa vida”, dicen. En las instituciones de procuración de justicia y en redes sociales he tenido que defenderme de la criminalización y la culpa.

Por eso creo que es tan importante hablar sobre reparación y vida para las mujeres trabajadoras sexuales. Y aunque a veces me pregunto si hay un sistema de justicia que alcance a reparar tanto daño, también creo que hay otras formas de tejer la justicia.

Una de ellas es admitir la lucha política que desde hace décadas llevamos las compañeras que taloneamos en las calles, avenidas, parques y espacios públicos del país. Nuestras luchas quizás no son tan visibles legislativamente, pero si en el día a día.

Cada vez que una trabajadora sexual se defiende de la extorsión de la policía, del cobro de piso o del “nos reservamos el derecho de admisión” en un hotel, ella ya está haciendo política y agenciándose como una mujer que exige sus derechos laborales como el resto de las personas que se dedican a la economía informal, y que representan casi el 56 % de la población en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2023.

Hace poco el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, a través de su cuenta de X llamó “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. La respuesta de ella fue contundente: “Yo soy una dama. Soy licenciada, empresaria, esposa y madre. No somos accesorios ni objetos, no puede hablarme así y menos de esa forma tan vulgar”.

Es curioso porque congresistas, legisladores, diputados y feministas salieron a defender a Rodríguez porque les parece ofensivo comparar a una mujer con una trabajadora erótica o dama de compañía. Pero no les parece insultante el concepto de “primera dama” como accesorio ornamental de sus gobernadores y presidentes.

¿Cómo son entonces las damas de compañía, según Mariana y Vicente? Porque nosotras sus colegas si sabemos cómo son. Mujeres trabajadoras que tienen familias, proyectos de vida e historias de resiliencia. Son mujeres cuyo trabajo sigue afectado por la clandestinidad y la falta del reconocimiento de derechos.

Si seguimos pensando que ser dama de compañía o trabajadora sexual es un insulto, entonces no hemos entendido la lucha histórica de las mujeres trabajadoras que defendemos la autonomía corporal en su más amplio sentido. Y eso implica reconocer las violencias a las que somos sujetas y los derechos laborales que aún nos faltan por conquistar. Y en eso el Estado mexicano tiene mucho que reconocer y reparar.

Vuelvo entonces a la misma pregunta ¿qué es lo más difícil de ser prostituta? Pienso que la parte más dolorosa para mí ha sido el estigma social. Porque al subestimar nuestro trabajo como algo que debe ser escondido o clandestino, también se están truncando proyectos de vida de miles de mujeres que chambeamos diariamente en el talón.

Las trabajadoras sexuales laboramos con o sin legislaciones, con o sin policías que extorsionen o arresten a nuestros clientes en las calles, con o sin reconocimiento del Estado. La pregunta es ¿lo continuaremos haciendo desde la vergüenza o con la conciencia que las mujeres tenemos el derecho a decidir en qué queremos trabajar sin que se nos juzgue y criminalice por ello?

* Natalia Lane (@natalia_lane) es mujer trans, comunicóloga y asambleísta consultiva en @COPRED_CDMX.