blogeditor · 15 de diciembre de 2022
Desde Mexiro A. C. realizamos un pronóstico de la agenda anticorrupción internacional, nacional y local para 2023. Aquí te explicamos qué es lo que nos espera el próximo año y lo que esto podría implicar para que todos, todas y todes podamos gozar de una vida libre de corrupción.
En el ámbito internacional, Mexiro A. C. cumplirá su segundo año formando parte de la Coalición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y estará desarrollando propuestas en cuatro ejes principales: recuperación de activos, corrupción a gran escala y captura del Estado, delitos ambientales y corrupción, y víctimas de la corrupción. Estas se llevarán a cabo a lo largo del año. Desde nuestra parte se pondrá énfasis en impulsar en el ámbito internacional el enfoque feminista, antimilitarista, decolonial y comunitario.
También se llevará a cabo la 10ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), y si bien en ella se plantea la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, en 2022 se encontraron grandes barreras para el acceso ciudadano. Por tanto, para la COP de 2023 se esperaría que las autoridades y personas organizadoras lleven a cabo una nueva revisión de la Convención con participación activa de la sociedad civil, de no ser así esto afectará los avances de la agenda anticorrupción de los Estados parte.
Otro proyecto internacional planteado para 2023 es la creación de una Corte Internacional Anticorrupción. Esta propuesta busca permitir la participación de OSC e impulsar el fortalecimiento de la UNCAC. Ante ello, es importante enfatizar que la cooperación internacional no debe de dejar de lado las exigencias de las mujeres del Sur Global. En este sentido, para el próximo año se debería de esperar la formulación de propuestas y convocatorias que incentiven su participación.
En términos de la agenda nacional anticorrupción, se debe de tener en cuenta los siguientes hitos:
Presupuesto anticorrupción
En términos del panorama nacional, el presupuesto ejercido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) ha variado a lo largo de los años desde su creación. Ejemplo de ello es que en 2018 este fue de 113 mil 168.8 pesos; para 2019 hubo una disminución de 12.88 % (98 mil 591.6 pesos); en 2020, hubo un incremento a 88, millones 674 mil 775.34 pesos; para 2021, fue de 85 millones 943 mil 509.73 pesos y, posteriormente, en el primer trimestre de 2022 de 25 millones 466 mil 335 pesos. Así, a través del tiempo se puede identificar que a pesar de la disminución de recursos financieros (de 2018 a 2019 disminuyó 12.88 %, de 2019 a 2020 aumentó un 89 mil 842.06 %, de 2020 a 2021 disminuyó un 3.08 % y de 2021 a 2022 disminuyó un 70.37 % para el primer trimestre) estos comenzaron a destinarse de manera estratégica de acuerdo a las necesidades del sistema. En este sentido, se espera que para 2023 los recursos financieros sean destinados a la implementación de la etapa del SNA llamada “Federalismo Anticorrupción”, en la cual se pretenden desarrollar acciones anticorrupción en todo el país.
Para el ámbito local, en Chihuahua el Congreso del Estado analiza destinar 490 millones de pesos entre las instituciones anticorrupción, entre ellas la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción, como resultado se espera que con este presupuesto mejore la transparencia y el funcionamiento del Sistema Anticorrupción. En el estado vemos con preocupación que este presupuesto no tenga efectos positivos, un ejemplo de ello son los golpes políticos a la Fiscalía Anticorrupción para evitar su correcto funcionamiento.
En Veracruz, su Congreso y la Secretaría de Finanzas y Planeación analizan aumentar el presupuesto para su Sistema Estatal Anticorrupción luego de una reunión con sus integrantes. Con esta medida, el Sistema debe mejorar sus capacidades humanas para la mejora de su funcionamiento, pues el recurso debe eficientar los resultados.
En Hidalgo observamos que su Congreso Estatal considera importante fortalecer su Sistema Estatal Anticorrupción para evitar más actos de corrupción; ello, dado que desde la creación del Sistema hasta la fecha de este artículo no se encuentra con ningún sujeto obligado del Sistema en la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que no se ha logrado un vínculo con la ciudadanía en materia de transparencia. Así, para 2023 se esperarían logros y/o cambios en su actuar.
Políticas y acciones anticorrupción
En México existe una Política Nacional Anticorrupción (PNA) y de ella se desprenden 32 Políticas Estatales Anticorrupción (PEA) y cada una debe tener un Programa de Implementación. A nivel nacional, la PNA se encuentra en el proceso de su Programa de Implementación y de la publicación de la Guía de elaboración de un Programa de Implementación de las Políticas Estatales Anticorrupción, lo cual debe seguir un acompañamiento para las PEA.
A nivel local, Mexiro identificó que en 2022 únicamente se aprobó la Política Estatal Anticorrupción (PEA) del estado de Guerrero. Mientras que las PEA de Morelos, Chihuahua y Baja California Sur no han sido aprobadas a más de cinco años de la instalación de sus sistemas. Asimismo, es preocupante que las PEA de Ciudad de México, Tamaulipas y Nuevo León no han presentado una propuesta final. Lo anterior muestra un atraso en la implementación de las medidas anticorrupción en el ámbito local, y por tanto se esperaría que estos Sistemas Anticorrupción agilicen sus procesos de aprobación de sus políticas.
Para el resto de los estados, siete de ellos (Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Tabasco, Campeche y Quintana Roo) ya se encuentran en el programa de implementación de su PEA. Los 19 Sistemas Anticorrupción restantes apenas han conseguido en años recientes que sus PEA sean aprobadas, por tanto se pronostica que para 2023 las entidades sumen esfuerzos para entrar (y en dado caso, continuar) con la etapa de implementación con transparencia, apertura ciudadana y la transversalización de los enfoques de perspectiva de género y de derechos humanos para este proceso.
En términos de acciones anticorrupción nacionales importantes, el SNA presentó el Programa para la interconexión y operación efectiva de la Plataforma Digital Nacional y las Plataformas y Sistemas Digitales Estatales Anticorrupción 2022–23, con el fin de mejorar y acelerar el proceso de conexión de las Plataformas Digitales Nacional y Estatales Anticorrupción. Se espera que en 2023 la ciudadanía pueda acceder con mayor transparencia y facilidad a los documentos generados por los Sistemas Anticorrupción y se refuerce su lugar como mecanismo de rendición de cuentas mediante la vigilancia de los sistemas de declaraciones, servidores públicos en contrataciones, sancionados, fiscalización, denuncias y contrataciones.
En términos de acciones anticorrupción se tiene contemplado el convenio de colaboración entre la SNA con el INE, 1 el cual tiene como propósito prevenir, detectar y sancionar actos en materia de corrupción electoral y fiscalizar los recursos que serán utilizados en las juntas electorales; para 2023 entra en vigor y tendrá vigencia durante los próximos dos años donde se monitorearán los comportamientos anticorrupción que se deriven de las elecciones estatales y nacionales. Debido a ello, se esperará que los actos de corrupción en materia electoral disminuyan.
Designaciones anticorrupción
En el panorama nacional, desde el SNA existe un proceso de designación pendiente para dos integrantes faltantes en la Comisión de Selección. De la misma forma, la designación de dos personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) queda pendiente, así como de dos integrantes honoríficos del Consejo Consultivo del INAI. Por tanto, en 2023 se esperaría que dichos nombramientos sean atendidos a la brevedad, de lo contrario, el Sistema continuaría alentando su actuar en materia.
También se destaca que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) tiene 60 vacantes de magistradas y magistrados sin nombramiento, lo cual significa que el Tribunal está en crisis y expuesto a una incertidumbre jurídica. Lo anterior evidencia el poco compromiso institucional para fortalecer y agilizar medidas contra personas funcionarias que cometan actos y hechos de corrupción. Esto deja al país en un ambiente propicio a seguir cometiendo faltas administrativas sin sanción alguna.
En el ámbito local identificamos dos designaciones pendientes para las nuevas personas integrantes de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) de los Sistemas de Zacatecas e Hidalgo, donde su Comisión de Selección designará a una nueva persona integrante del CPC posterior a la conclusión del cargo de una de ellas. Resalta el caso de Ciudad de México, donde está pendiente la designación de la presidencia del CPC debido a la falta de presupuestos asignados y se encuentran bajo riesgo al solo tener tres de los cinco integrantes en funciones.
Respecto a cambios administrativos en las Secretarías Ejecutivas o Técnicas, identificamos tres casos en los estados de 1) Chihuahua, donde se encuentran en el proceso de diseño de una convocatoria para el perfil idóneo de la nueva persona titular de la Secretaría Ejecutiva de su Sistema, con respaldo de sociedad civil para incluir sus propuestas metodológicas; 2) en Jalisco el Comité de Participación Social abrió la convocatoria para integrar la terna de personas interesadas en ocupar el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva de su Sistema; 3) en Coahuila a finales de 2022 se designó a la nueva titular de la Secretaría Ejecutiva de su Sistema, por lo que el próximo año se le debe dar continuidad a los temas pendientes en la agenda anticorrupción local.
Respecto a los cambios en las Comisiones de Selección (CS), que son las instituciones encargadas de designar al Comité de Participación Ciudadana, en Sinaloa ya designaron a sus integrantes de la Comisión de Selección para que diseñen la convocatoria para conformar el CPC de su entidad.
Dado que en 2023 sucederán grandes cambios y oportunidades de acción se exhorta a la ciudadanía a monitorear los eventos descritos. Desde Mexiro continuaremos con el Observatorio de los Sistemas Anticorrupción de México expandiéndonos a las 32 entidades del país y fortaleciendo nuestras alianzas con organizaciones civiles, para monitorear y accionar mecanismos de respuesta ciudadana organizada sobre el funcionamiento de los sistemas, principalmente frente a los grandes pendientes del SNA, tales como la coordinación para concluir la Ley de Protección a Alertadores de la Corrupción, la inclusión efectiva de víctimas de corrupción y la recuperación de activos.
* Gabriela López (@gabyvendetta) es Coordinadora de Proyectos de Mexiro A. C. y politóloga de la UNAM con interés en crimen organizado y en análisis de políticas anticorrupción con enfoque de Derechos Humanos, género y feminismos. Alexa Pérez (@alexadaryana) es politóloga internacionalista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Analista Jr. en Mexiro A. C. Maria Fernanda Aponte (@elmundodemafer) es politóloga internacionalista de Sciences Po Paris, interesada en temas de género, migración y desarrollo sostenible, y voluntaria en Mexiro A. C. Mexiro A. C. (@yomexiro) es una organización feminista anticorrupción que lucha contra la centralización del poder.
1 El convenio fue firmado el 19 de octubre de 2022 entre Roberto Moreno, secretario técnico de la SESNA; Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, y Magdalena Rodríguez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.