Promoción de la imagen y aspiraciones electorales

Por: Fabiola Navarro (@fabbiolanavarro)

Uno de los problemas más insidiosos para las autoridades electorales (AE’s) se refiere a la contención de la publicidad de las aspiraciones político-electorales. ¿Por qué debe contenerse? Porque la ley lo dice, los partidos y sus legisladores así lo dispusieron en los años 2007-2008. Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Rafael Moreno Valle aspiran ser candidatos a la Presidencia de la República en el proceso electoral que comenzará en nueve meses y las AE`s deben conocer de las acusaciones que por la publicidad de esa circunstancia se generen. De acuerdo con el rol político de cada aspirante la normatividad que le es aplicable: Zavala milita en un partido político, pero no es ni dirigente partidista ni servidora pública; Anaya y López Obrador son dirigentes partidistas, y Moreno Valle gobierna un estado. Por tanto, normativamente de Zavala se espera que no se anticipe (a promoverse); de Anaya y López Obrador que organicen procesos democráticos para elegir a las personas que postularán los partidos que dirigen, y de Moreno Valle que gobierne con imparcialidad y no emplee recursos públicos para difundir su imagen.

La publicidad de las aspiraciones electorales y la búsqueda de apoyos para obtener las candidaturas no puede darse de manera libre ya que existe un minucioso modelo de comunicación político-electoral que 1. restringe el acceso a la radio y televisón, 2. limita la propaganda gubernamental y 3. prevé la pérdida del registro de la candidatura para castigar los actos anticipados (de precampaña y campaña). La motivación detrás de estas medidas lleva al proceso electoral del año 2006 y las acusaciones que ampliamente se repitieron (inequidad del uso de la radio y tv, uso de propaganda gubernamental con fines electorales e inequidad en la competencia). El propósito parecía claro: controlar el uso con fines electorales, sobre todo, de la radio y televisión.

Los primeros casos ante la AE advirtieron la amplitud de las infracciones referidas a los “actos anticipados”, así como importantes inconvenientes de dejar en manos de éstas el poder de quitar o dejar contendientes en las competencias por causas tan complejas como justipreciar los diversos actos de promoción anticipada de la imagen.

Los candidatos encontraron una oportunidad inmejorable para quitar rivales del camino al denunciarlos por todo -y todo el tiempo- de promoción anticipada. La campaña se trasladaría de la confrontación de propuestas e ideas a la expulsión de los oponentes. Entonces hubo que construir una normatividad paralela a la que los legisladores crearon. Las AE’s llevan nueve años arreglando las normas para no expulsar de la competencia electoral por “anticiparse” a candidatas y candidatos a gobernantes[i].

Existe otra infracción extravagante asociada a la promoción de la imagen y las aspiraciones: se refiere a las violaciones al artículo 134 constitucional. Al igual que con los actos anticipados de pre y de campaña existe una voluminosa y compleja normatividad creada por las AE’s, y pese a que se han tramitado cientos de casos terminan en lo mismo: sin que se encuentre mayor responsabilidad y sin sanciones a los infractores. Esto lleva a una reflexión simple: o los servidores públicos no se promocionan con recursos públicos o hay un problema mayor con la aplicación de esas normas.

Tenemos muchos ejemplos, uno reciente lo vivimos con el gobernador de Puebla a quien en los últimos meses lo han acusado de varias infracciones. Moreno Valle es un gobernante de coalición que ha dicho que quiere ser candidato a la presidencia de la República por el partido en el que milita (PAN), que constantemente aparece en los medios de comunicación y distintos espacios publicitarios hablando de su labor como gobernador.

Solo el 16 de diciembre de 2016 la Sala Superior del TEPJF dictó 5 sentencias en diferentes expedientes relacionados con él. La conclusión en todos los casos es que las conductas denunciadas no constituyeron propaganda gubernamental que hubieran implicado una promoción personalizada o un uso indebido de recursos públicos, ni una campaña sistematica de promoción de su imagen.

Previamente el INE por conducto de su Comisión de Quejas y Denuncias advirtió una ‘sobreexposición’ –concepto que no contempla la ley– de la difusión de la imagen y una campaña publicitaria con el objeto de resaltar la imagen y persona del gobernador de Puebla. Al valorar las quejas la Comisión tomó en cuenta que Moreno Valle en otros años resultó responsable de difusión indebida de publicidad relacionada con el primero, tercero y cuarto informe de gestión como gobernador, así como la constante difusión de propaganda en diversos medios como radio, televisión, cine, espectaculares, internet, propaganda en muros ubicados en estaciones del metro y metrobús, autobuses de transporte urbano, parabuses, también que la difusión se ha realizado fuera del ámbito territorial en que ejerce su cargo.

A pesar de esos elementos la AE jurisdiccional no encontró responsable al gobernador Moreno Valle. No se trata de un caso aislado, todos los gobernadores lo saben; por ello quienes tienen aspiraciones políticas publicitan su imagen como gobernadores y un discurso de logros de gobierno, dentro y fuera de las demarcaciones donde gobiernan. Lo hizo el actual presidente Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, y lo hace Graco Ramírez, gobernador de Morelos, y muchos otros sin distinción partidaria.

La falta de sanciones para 1. la anticipación de los actos para alcanzar una candidatura o votación para el cargo fuera del periodo de campaña electoral, como para 2. los servidores públicos que se promocionan para un siguiente cargo con recursos públicos, no ayudan a la construcción de confianza en las autoridades y partidos electorales, ni a mejorar la mala percepción que sobre la política y los políticos tiene la mayoría de la población. Pronto presenciaremos más quejas y acusaciones entre partidos, aspirantes y las propias AE’s, y es posible que sigamos como empezamos, sin sanciones que castiguen lo que los legisladores dijeron no se iba a permitir.

* Fabiola Navarro es socia de Strategia Electoral.