Promete INAI que (ahora sí) funcionará la Plataforma Nacional de Transparencia

Por: Miriam Castillo (@micmoya) / Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (@MXvsCORRUPCION)

La transparencia, uno de los primeros logros de la alternancia, vive un apagón en México como nunca en los últimos 16 años.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que cuenta con un presupuesto anual de más de 936 millones de pesos, ha sido incapaz de cumplir la ley y echar a andar una plataforma que debía concentrar todos los sistemas de información pública que ya estaban dando servicio en los 32 estados.

Lanzada oficialmente el 6 de mayo, la Plataforma Nacional de Transparencia está colapsada desde medidados de ese mes, y hoy funciona parcialmente en conjunto con los portales que debieron haber sido dados de baja.

Los errores del portal se enumeran fácilmente: no se pueden leer las respuestas de las solicitudes que se ingresaron; no se generan registros de usuarios nuevos; se tienen que llenar por fuerza todos los campos de registro en el nombre; hay sujetos obligados que no existen, pero se les pueden hacer solicitudes de información, y otros más que sí están en el organigrama de gobierno no se les puede hacer consultas, porque no están enlistados… una mezcla de inoperancia que da como resultado opacidad.

Tampoco se pueden interponer quejas: al momento de registrar un Recurso de Revisión no carga los datos de respuesta de la solicitud, ni el vínculo al documento anexo (se tiene que hacer manual), tampoco enlaza a quien va dirigida la queja. Hay de hecho regresión en algunos procesos que ya ocurrían de manera automática en el anterior sistema.

Las fallas han sido de tal magnitud que, de facto, se volvió al antiguo esquema donde cada estado tenía su plataforma, pero éstas no subieron con las mismas características, por lo que gobiernos en transición como Tamaulipas, Quintana Roo y Chihuahua no garantizan que se pueda ingresar una solicitud al poder ejecutivo de los estados respectivos.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información sólo ha balbuceado algunas explicaciones respecto del apagón.

Las fallas se achacan a Intellego y Dotted Cloud, empresas que estuvieron involucradas en la primera parte del desarrollo, y a IDS Comercial, que desarrolló la parte dos del sistema.

Para ello se gastaron 20 millones de pesos en una plataforma digital que tuvo que sustituirse por el portal anterior 20 días después de que entrara en funciones.

El sitio nuevo no soportó ni tres horas con un tráfico regular de quienes querían interponer peticiones de información, una práctica que sobrepasa los 40 millones de solicitudes anuales por año.

Los criterios para elegir esa empresa por parte del INAI no fueron del todo claros. Los estudios de mercado únicamente incluyeron presupuestos de tres empresas y el INAI calificaba la experiencia de éstas por capturas de pantalla de sus portales de internet donde se exponía el año de fundación de la empresa y el perfil de la misma.

El pago fue liquidado en diciembre de 2015, meses antes de tener claro si la plataforma funcionaba como se requería, y las fallas han rebasado incluso al término de la garantía, estipulado para el 30 de junio.

Intellego es una empresa que se define como especializada en soluciones de Tecnologías de la Información. En 2014, se le abrió un proceso legal en una corte de Estados Unidos, en el distrito de California, por presuntos sobornos para obtener contratos con la empresa Hewlett Packard y Petróleos Mexicanos.

El comisionado encargado de la operación y puesta en marcha de la Plataforma, Oscar Guerra, justificó en diversas declaraciones públicas que no se le podía negar la participación a esa empresa debido a que no había sido sentenciada por ningún delito.

Organizaciones sociales como Borde Político, Ciudadanos por la Transparencia, Codeando México, Gobierno Fácil y algunos otros activistas critican que no se haya hecho una comparación de mercado o una selección de productos especializados.

Según los activistas, el desarrollo de la plataforma fue caro pues lo que se entregó no pudo haber requerido la participación de muchas personas o de un gran despliegue informático.

Intellego y Dotted Cloud hicieron un convenio para participar y obtener un contrato por nueve millones 663 mil 240 pesos para armar y lanzar la primera parte de la página más importante en materia de acceso a la información.

La segunda etapa estuvo a cargo de IDS Comercial, tuvo un costo de 10 millones de pesos y fue la encargada de algunas sincronizaciones y procesos que tampoco han funcionado al cien por ciento.

“Es preocupante que el estudio de mercado sea solicitar presupuestos. Parece que no hubo ninguna comparación con lo que se hace en otros países. Un diseño propuesto por el mismo instituto, sin ningún avance específico”, lamentó Mariana Niembro, de la organización Borde Político.

Los errores que presentaba la nueva plataforma de transparencia contravenían incluso las características elementales que se solicitaron en los lineamientos para la implementación y operación publicadas el 13 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

En estas características se pide que la plataforma incluya: “Un campo de texto donde se pueda señalar con claridad y de manera resumida el asunto del comunicado. Para lo anterior, se requerirá que el campo de texto pueda aceptar cuando menos 500 caracteres, incluyendo acentos, signos de puntación y la letra “Ñ”.

Una de las primeras fallas que registró la página es justo no poder utilizar esos símbolos o letras.

Al solicitar una réplica al INAI, los comisionados declinaron hacer algún tipo de comentario respecto de las fallas de la plataforma.

El INAI designó como vocero para esta materia a su director general de Tecnologías de la Información, José Luis Hernández, quien contestó algunas preguntas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

—¿Hasta cuándo funcionará correctamente la PNT?

–El 5 de agosto tendrá que estar funcionando al 100 por ciento.

—¿Quién absorberá los gastos de relanzamiento de la Plataforma?

–Se está llevando a cabo una conciliación de las garantías y la empresa no se ha negado a atenderlas, tenemos 30 funcionalidades pendientes. Sin embargo, como ya venció la garantía no se puede atender de manera libre, sino en un acuerdo conciliatorio.

—¿Se eligió mal la empresa?

–No es que nosotros hayamos elegido a la empresa, se hizo a través de Compranet. El proceso lo llevamos a través de este sistema con las reglas que se tenían que seguir. Se llevaron a cabo todos los procesos, al final se emitió un fallo y obtuvo las mejores calificaciones. No es que lo hayamos seleccionado nosotros. Con base a las reglas, se adjudicó.

—¿Habrá sanciones dentro del INAI por la inoperancia de la plataforma?

–Se estará revisando en su momento, es algo que han comentado los comisionados, pero el objetivo y la prioridad del Instituto es dar cumplimiento con la Plataforma.

Integrantes de organizaciones sociales enviaron una carta al INAI para pedir una reunión con los responsables del desarrollo, donde expusieron la falta de consideración hacia el usuario, mala sincronización con elementos gráficos y acoplamientos entre otros programas.

Francisco Mekler, quien fuera Chief Technology Officer del IMCO, y ahora jefe de arquitectura en OPI, asegura que debido a las fallas que registra la Plataforma de Transparencia resultó extremadamente cara.

“Hay procesos que son mucho más sencillos de solucionar, que no implican un desembolso tan grande de dinero. Para mí, el producto que se entregó no vale 10 millones de pesos, a lo mucho 500 mil pesos. Debería ser prácticamente perfecto si costó tanto dinero. Sería interesante conocer los criterios bajo los que se aceptó el trabajo y pagar ese monto”.

Entregables, quejas y peticiones

En una revisión de los documentos que hizo públicos el INAI después de que así lo exigieran las citadas asociaciones civiles, uno de los reclamos es que la experiencia de las empresas y el seguimiento del trabajo fue deficiente.

Las organizaciones sociales como Borde Político y Social TIC reclamaron que el diseño de la plataforma no incorporó las sugerencias de la sociedad civil, que fue convocada para opinar sobre el prototipo.

“Algunas de las fallas que se detectaron se habían adelantado en la reunión de la sociedad civil. Es decir, desde antes tenían conocimiento que era algo elemental que iba a pasar”, dijo Luis Godoy, uno de los integrantes de los colectivos sociales que han dado seguimiento a la plataforma.

Según los documentos que presentó el Instituto Nacional de Transparencia, la justificación de experiencia y especialidad debía garantizar que había cumplido con trabajos de ese monto en ocasiones anteriores.

Lo que se entregó para justificar ese rubro fue una captura de pantallas de las empresas que podían competir por el trabajo donde detallaba el año en el que las empresas abrieron sus operaciones.