Promesas en marcha, derechos en riesgo, el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

por Edith Olivares Ferreto, @EdithFerreto

El 1 de octubre de 2024 Claudia Sheinbaum Pardo asumió el cargo de Presidenta de la República para un mandato de seis años, siendo la primera mujer en ocupar el más alto puesto político y administrativo del país. Recibió un país con una profunda crisis de derechos humanos que no ha sido atendida de manera adecuada.

En poco más de cinco décadas, han sido comunes en México graves violaciones a los derechos humanos. Incluso se han cometido crímenes de derecho internacional, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Han crecido la inseguridad, la violencia, la impunidad y se consolido la militarización de la seguridad pública. Además, muchas personas sufren discriminación, exclusión y violencia, en tanto que las autoridades de todos los niveles de gobierno fallan en brindar servicios esenciales de forma eficiente.

Como es ya tradición de nuestra organización, el 21 de abril presentamos el balance de la situación de derechos humanos en el país, a un año del inicio de la administración en turno. El informe Promesas en marcha, derechos en riesgo, el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum se enfoca en cuatro temas: reconfiguración institucional, seguridad ciudadana, espacio cívico y violencias contra grupos marginados.

Decisiones regresivas al reconfigurar instituciones

Poco antes del inicio de la administración de la presidenta Sheinbaum, se aprobó una reforma constitucional al poder judicial que tiene efectos sumamente negativos para la independencia de éste, ya que la elección de personas juzgadoras se efectúa sobre la base de consideraciones políticas y no técnicas, además no les garantiza la permanencia en el cargo.

En esta misma línea, el 30 de septiembre de 2024, un día antes de que la presidenta asumiera el cargo, se publicó otra reforma constitucional que convierte a la Guardia Nacional (GN) –creada en 2019– en un componente de las Fuerzas Armadas. Ya con la presidenta en funciones, en julio de 2025, se promulgaron leyes que le dieron a la GN amplias facultades en materia de seguridad, como la intervención de comunicaciones privadas, la investigación de los delitos y el control migratorio. Estas reformas implican que la principal institución federal, encargada de hacer cumplir la ley, ahora es de carácter militar.

El 20 de diciembre de 2024 se dio otra estocada a la institucionalidad mexicana con la publicación de una reforma constitucional más que desapareció al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sus funciones fueron transferidas a un organismo carente de autonomía, denominado “Transparencia para el Pueblo”. Éste, en sus primeros meses de funcionamiento, desechó 99.6% de los recursos ciudadanos que buscaban revertir negativas de acceso a la información.

Panorama desalentador en seguridad ciudadana

Al menos desde 2009 las autoridades militarizaron la estrategia de seguridad, con graves riesgos para los derechos humanos. En el primer año de esta administración documentamos al menos tres casos que lo evidencian: el 1 de octubre de 2024, en Chiapas, elementos del ejército dispararon contra un vehículo en que viajaban unas treinta personas migrantes, muriendo seis de ellas y una decena resultaron heridas. Ese mismo mes en Tamaulipas, personal militar privó de la vida a tres personas en dos hechos distintos. El 6 de mayo de 2025, en Sinaloa, dos niñas resultaron muertas después de que militares del 42º Batallón de Infantería dispararon al vehículo familiar en que viajaban.

Por otra parte, en México al menos 133 mil personas estaban desaparecidas al cierre de nuestro informe. Hoy en día estamos frente a una oportunidad histórica para que el Estado mexicano cuente con cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones forzadas y para esclarecer los vínculos entre servidores y servidoras públicas y el crimen organizado, como lo señala la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), hecha pública el jueves 2 de abril de 2026.

Esa decisión incluye una solicitud al Secretario General de las Naciones Unidas para que trasmita a la Asamblea General la consideración de establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y personas defensoras que les apoyamos. Sorprende que algunas autoridades hayan reaccionado de manera negativa a esta oportunidad que constituye una vía de esperanza para las cientos de miles de personas que buscan a sus familiares desaparecidos.

Si bien la desaparición forzada no es una política de Estado, las autoridades reconocen –e incluso han investigado y sancionado– a servidores y servidoras públicas por su participación y colaboración en la desaparición de personas.

Por si fuera poco, en la mayoría de los casos las personas desaparecidas no son buscadas por las autoridades. Es por ello que sus familiares, principalmente mujeres –madres, hijas, esposas, hermanas– se han organizado para realizar búsquedas por cuenta propia, enfrentando afectaciones en su economía y su salud, así como serios riesgos para su vida e integridad, como documentamos en nuestro informe Desaparecer otra vez. Al respecto, en 2025, se reportó el asesinato de, al menos, siete personas buscadoras y ya hemos acumulado 35 de ellas asesinadas y 8 desaparecidas.

Medidas de reducción del espacio cívico

Durante 2025 las autoridades continuaron con el despliegue masivo de policías en manifestaciones públicas, incluso dispersaron expresiones pacíficas sin justificación y sin cumplir los requisitos del derecho internacional de los derechos humanos.

En algunos casos, se registraron detenciones potencialmente arbitrarias de manifestantes, como ocurrió en protestas feministas el 8 de marzo de 2025, en que la policía utilizó métodos no autorizados por la ley, como el encapsulamiento indiscriminado y el uso de extintores de fuego para dispersar a las personas manifestantes, lo que puso a éstas en riesgo. En 2020, ocurrieron hechos similares que documentamos en el informe La era de las mujeres.

Asimismo, las autoridades no han tomado medidas concretas y efectivas para investigar y sancionar la vigilancia selectiva ilegal que personas defensoras de derechos humanos y periodistas sufrieron durante los gobiernos pasados; ni han dado garantías de que dicha práctica haya cesado. Pero, además, la presidenta Sheinbaum impulsó una serie de reformas legales que menoscaban la protección legal de la privacidad y dotan a las autoridades de facultades desproporcionadas y no sujetas a regímenes de autorización y revisión adecuados. Por ejemplo, ya se permite a las Fuerzas Armadas tener acceso a la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.

Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas siguen enfrentando ataques, hostigamiento y censura, sin que las autoridades adopten medidas adecuadas para protegerlas, investigar las amenazas en su contra o llevar ante la justicia a quienes sean responsables.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización hermana, hizo público que 2025 se consolidó como el segundo año con más eventos de agresión a defensores y defensoras medioambientales en la última década, al registrar un total de 135, que derivaron en 314 agresiones específicas. Asimismo, durante el primer año de gobierno de Sheinbaum fueron asesinadas, al menos, nueve personas periodistas.

Luces y sombras en atención a grupos marginados

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconocido que las mujeres enfrentamos un contexto histórico de violencia, desigualdad y exclusión. Desde el inicio de su administración, se creó una Secretaría de las Mujeres y se distribuyó masivamente una Cartilla sobre los derechos de las mujeres.

Sin embargo, a pesar de que los feminicidios son un problema de larga data, las estadísticas y documentación sobre este crimen son inadecuadas, las investigaciones penales deficientes y la mayoría de los casos quedan en la impunidad.

El feminicidio de Edith Valdés es una dolorosa constatación de que la creación de fiscalías especializadas, leyes, protocolos y mecanismos de coordinación entre autoridades son insuficientes. Las fiscalías continúan cometiendo las mismas deficiencias que hemos documentado en Amnistía Internacional desde 2003, cuando publicamos el informe México: Muertes intolerables, 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua.

La forma en que se movilizó la familia de Edith para presionar a las autoridades a que intervinieran y la buscaran nos recuerda que hoy, como ocurría en Ciudad Juárez, son los familiares y personas conocidas quienes organizan las búsquedas y recaban las pruebas, y lo que reciben a cambio es violencia por parte de las autoridades. Las fiscalías son cascarones vacíos, carecen de personal técnicamente calificado, de equipo, de recursos que les permitan cumplir con su deber de investigar con la debida diligencia los feminicidios.

Como advertimos hace más de 20 años con Muertes intolerables y como repetimos hace 5 años en el informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, es necesaria “una profunda reforma estructural de la administración de justicia para que sus procedimientos y capacidades de investigación garanticen a las víctimas el pleno acceso a la justicia”. Esta reforma sigue pendiente.

Afortunadamente, también hay buenas noticias. Al cierre del primer año de Sheinbaum el aborto era legal en 24 de las 32 entidades federativas y en todas ellas es posible y legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales siguen enfrentando obstáculos para el disfrute de sus derechos, debido a barreras motivadas por prejuicios sociales, discriminación cotidiana y por omisiones legales. Además, sufren crímenes violentos vinculados al odio y discriminación en su contra, por lo que al menos 137 fueron asesinadas entre 2024 y 2025.

Un día antes de que la presidenta Sheinbaum iniciara su mandato, se publicó una reforma constitucional para extender el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no se definió claramente su derecho al territorio, ni al consentimiento libre, previo e informado en los asuntos que les afecten. Esta reforma se deberá implementar en un contexto en que el racismo y la discriminación son sistémicos.

La misma reforma buscó reconocer derechos de las personas afromexicanas y sus comunidades. Sin embargo, la población afrodescendiente sigue enfrentando estigmas y prejuicios que impactaron en el disfrute de sus derechos, sin que el Estado cuente con políticas específicas para luchar contra la discriminación racial estructural que afecta a las personas afrodescendientes, tal como lamentó el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial en 2024.

Diálogo, escucha y trabajo conjunto

El informe Promesas en marcha, derechos en riesgo incluye más de 30 recomendaciones para las cuatro temáticas aquí referidas. Esperamos tener la oportunidad de presentar este informe y conversar sobre sus recomendaciones con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este es un momento crucial para la vigencia y respeto de los derechos humanos a nivel global, como lo advertimos en el informe sobre La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26, que también hicimos público el 21 de abril. México no es la excepción.

Este gobierno tiene la oportunidad de cambiar las estructuras y las prácticas que permiten que autoridades y agentes del Estado, de todos los niveles, violen de manera sistemática y generalizada los derechos de las personas. Pero ese cambio no se puede generar de manera aislada. Es indispensable que quienes gobiernan abran espacios de diálogo y escucha.

Con esperanza, compromiso y convicción, hago un llamado respetuoso a las autoridades mexicanas para que acepten y aprovechen el acompañamiento que la comunidad internacional, las organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y víctimas de violaciones a derechos humanos estamos en posibilidad y disposición de brindar, como una oportunidad para fortalecer las acciones encaminadas a enfrentar las condiciones estructurales que posibilitan e incluso alientan las violaciones a derechos humanos y así avanzar en procesos que nos permitan construir procesos de verdad, justicia y reparación integral del daño para las víctimas.

* Edith Olivares Ferreto, (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México @amnistiamexico