La promesa climática de México no pasa la prueba del presupuesto

Por Sandra Guzmán*

México se prepara para llegar a la COP31, la cumbre del clima de Naciones Unidas en noviembre, con una señal presupuestaria que merece mucha atención. Se trata del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, que propone alrededor de 52,000 millones de pesos menos en los recursos etiquetados para cambio climático respecto del presupuesto aprobado para este año.

La reducción es de 24.7 % en términos nominales y, según ha explicado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, parte de esta disminución responde a la conclusión de grandes obras. Esto abre también una oportunidad para revisar cómo se orientan los recursos públicos hacia nuevas acciones climáticas. Desde el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) hemos señalado que el reto no es solamente aumentar el gasto identificado como climático, sino avanzar hacia una mayor coherencia en la orientación del conjunto de las finanzas públicas.

Esta discusión cobra mayor relevancia al mirar los resultados de nuestro Índice de Finanzas Sostenibles 2025. Según ese índice, en México los ingresos asociados con actividades intensivas en carbono fueron 86 veces mayores que los ingresos sostenibles, mientras que el presupuesto destinado a esas actividades fue 15 veces mayor que el destinado a las sostenibles. Estos resultados muestran que la brecha no se limita al gasto etiquetado para el cambio climático, sino que forma parte de una estructura más amplia de las finanzas públicas que todavía favorece ese tipo de actividades.

Los compromisos de México carecen de respaldo presupuestario

México llegará a la COP31 con los compromisos ante el Acuerdo de París establecidos en su NDC 3.0, presentada en 2025, que define la ruta del país en materia de mitigación, adaptación y transición hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. El siguiente paso es asegurar que esos compromisos encuentren respaldo en las decisiones presupuestarias, porque la política climática y el presupuesto no pueden avanzar por vías separadas. Por eso el presupuesto debe convertirse en una de las principales herramientas para traducir las metas de la NDC en acciones concretas.

Esa consistencia también debe reflejarse en las decisiones que pueden profundizar la dependencia de actividades intensivas en carbono. A propósito del Día Internacional contra el Fracking, el 11 de octubre, vale la pena recordar que cualquier decisión para avanzar hacia esa técnica tendría implicaciones no solo ambientales, sino también fiscales y presupuestarias. Abrir espacio a nuevas inversiones, infraestructura o incentivos asociados con los combustibles fósiles implicaría destinar recursos públicos a actividades que pueden prolongar esa dependencia, justo cuando México necesita ampliar el financiamiento para cumplir sus metas climáticas.

Desde GFLAC hemos planteado dos propuestas que deberían formar parte de una ruta de mediano plazo para alinear mejor las finanzas públicas con los objetivos climáticos del país. La primera es avanzar de manera gradual en la reasignación de al menos 8 % de los subsidios a la producción de combustibles fósiles hacia la transición energética justa, lo que, de acuerdo con un estudio de nuestra organización, permitiría liberar alrededor de 2,178 millones de dólares. 

México plantea metas climáticas ambiciosas sin modificar la forma en que recauda recursos

La segunda consiste en mejorar progresivamente el Anexo Transversal de Cambio Climático para fortalecer la trazabilidad de los recursos y su contribución efectiva a las metas de mitigación y adaptación. Aunque no son cambios que vayan a resolverse en unas semanas, sí son decisiones que deberían empezar a orientar la construcción de los próximos presupuestos.

Del lado del ingreso, la Ley de Ingresos 2027 tampoco apunta a un cambio de rumbo, pues la propuesta mantiene prácticamente la misma lógica fiscal y no incorpora nuevos instrumentos ambientales que ayuden a incentivar actividades sostenibles. El 20 de octubre es la fecha límite para su aprobación en la Cámara de Diputados y, a estas alturas del proceso legislativo, no es realista pensar que esa estructura vaya a transformarse de manera sustantiva. El problema de fondo permanece, porque México sigue planteando metas climáticas ambiciosas sin modificar la forma en que recauda y orienta sus recursos públicos.

Ese mismo día presentaremos el Índice de Finanzas Sostenibles 2026, con las cifras actualizadas de México y de América Latina y el Caribe, en un lanzamiento público y virtual al que invitamos a quien quiera saber a dónde va el dinero. La Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto, con la COP31 ya en marcha, y ahí puede dar las primeras señales de esa ruta de mediano plazo. En GFLAC ponemos nuestros datos y propuestas a disposición de quien desee consultarlos.♦ 

*Sandra Guzmán es fundadora y directora general del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), colega de la Coalición México Resiliente.

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