Prohibicionismo: sin salida a la violencia y narcotráfico

Viví durante casi 5 años en un pueblo pequeño de Chiapas. De venir de la monstruosa Ciudad de México a este lugar rodeado de montañas y sus 15,000 habitantes, pasé a la sorpresa de poder caminar por el pueblo en la madrugada y sentirme segura, confiar en las personas de mi cuadra, explorar la tranquilidad de lo aislado. Esta tranquilidad duró hasta hace poco más de un año y medio. La paz se fue transformando de forma gradual en rumores, personas desconocidas que transitaban por las calles, hasta convoyes de más de 15 camionetas abarrotadas con personas armadas.

En julio de este año estuve en este pueblo por última vez y las miradas tímidas y el silencio durante las tardes me hicieron saber que ya todo era distinto. Mis seres queridos me actualizan sobre la situación, y es difícil dimensionar cómo este lugar que para mí fue como un santuario, se fragmenta. La impotencia me inunda.

La presencia de estos grupos y los constantes sonidos de detonaciones de fuego no son lo único. También se ha vuelto parte de la cotidianidad el tránsito de camionetas del ejército, la guardia nacional y la policía municipal. Sin embargo, su presencia sólo ha traído más incertidumbre e inseguridad. Recordemos que la militarización de nuestro país ha causado graves violaciones a los derechos humanos, desde detenciones arbitrarias, tortura, abuso sexual, hasta desapariciones forzadas.

Entre 2006 y 2019, dos tercios de las violaciones graves a derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas armadas, y durante 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 359 quejas hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 350 hacia la Guardia Nacional por violaciones a los derechos humanos.

“Se siente como que me están arrebatando mi hogar”, me dijo uno de mis amigos cercanos. Una buena parte de su familia, que durante generaciones había vivido en una pequeña comunidad en Chiapas, migró a los Estados Unidos ante la explosión de violencia y amenazas en el estado. Esta experiencia no fue única, sino que se ha multiplicado en toda la región.

Cerca del pueblo donde viví, una comunidad entera fue desplazada debido a la presencia y conflictos de grupos de crimen organizado y grupos militares. En otra comunidad un poco más lejana, amenazaron a todos los hombres para organizar un retén no oficial con el fin de impedir el paso al ejército nacional. También se encontró más de una decena de cuerpos en zonas aledañas, algunos de ellos que hasta la fecha continúan abandonados en el lugar de los hechos. Historias como estas se han replicado durante décadas por todo México y ahora llegan a Chiapas.

Lejos de abordar con sensacionalismo las desafortunadas situaciones que enfrenta el sur del país, traigo a la conversación estas situaciones complejas que no dependen de hechos aislados, sino que son parte de un sistema y una serie de problemáticas históricas que no han sido abordadas con una perspectiva de derechos humanos, y para no dejar de hablar de las personas que se han visto afectadas por la situación de violencia en el sur del país. Honrarles es lo mínimo que les debemos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia afirmó hace casi un mes: “Si mañana la cocaína es legal, se acaba la guerra en Colombia”. Y si bien no es tan simple como eso, sí que es verdad que la regulación legal de muchas sustancias psicoactivas podría comenzar a cambiar el panorama de violencia para los países latinoamericanos.

El modelo prohibicionista y punitivista bajo el que vivimos nos ha traído más violencia, detenciones arbitrarias, desapariciones, encarcelamientos innecesarios y militarización como únicos resultados. En 2018, 28,910 personas estaban privadas de la libertad por delitos relacionados con las drogas, de las cuales 80.4 % eran por “narcomenudeo” y 19.5 % por narcotráfico. Si bien existe una tabla de orientación de dosis máximas que las personas pueden portar en México, estas cantidades son muy bajas, lo que propicia que personas usuarias, portadoras de sustancias para uso personal, sean criminalizadas.

Durante el inicio del sexenio de AMLO, y como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad, se vislumbraban ideas prometedoras que parecían estar encaminadas hacia la despenalización de algunas sustancias y una postura crítica ante el prohibicionismo. Sin embargo, hoy en día nos seguimos encontrando con un país prohibicionista, militarizado y violento. Los planes de reformar las políticas de drogas en México no avanzaron como se esperaba.

Sin embargo, este tipo de enfoques alternativos no sólo se tratan de legalización; son los enfoques informativos para las personas usuarias, la desestigmatización y no-discriminación, los derechos de las personas cultivadoras, la eliminación de la violencia, el reclutamiento forzado, entre muchos otros factores, lo que constituye realmente una nueva perspectiva respecto a las sustancias psicoactivas y nuestro país.

La guerra contra las drogas en México ha convertido comunidades enteras en campos de batalla, en los que la esperanza y el miedo coexisten en un frágil equilibrio. Los pueblos se enfrentan a una punzante invasión a su realidad, donde las amenazas y la sangre se vuelven cotidianas. Palabras como “justicia” o “seguridad” carecen de valor y sentido al encontrarnos con una inmensa incertidumbre y terror; la aplastante impotencia de no poder proteger a quienes se ama; el enmarañado laberinto que es la violencia en nuestro país y toda América Latina.

Urge generar estrategias alternativas a la prohibición y a la violencia. La paz y tranquilidad de los pueblos ya no pueden esperar más; la indiferencia no debe ser la norma y las condiciones de violencia a lo largo y ancho del país son indignas e inhumanas. Necesitamos asegurar la reparación de daños a las comunidades vulneradas: desde las comunidades cultivadoras, personas usuarias, población privada de la libertad, familiares de personas desaparecidas, y comunidades que habitan en territorios en disputa.

* Paola Rodríguez es Diseñadora Multidisciplinaria por el INBA y maestra en Prácticas de Desarrollo de Regis University. Le apasiona compartir información sobre políticas de drogas y modelos de reducción de riesgos y daños por uso de sustancias, así como dignificar a las personas usuarias en sus distintas interseccionalidades. Actualmente es encargada de Comunicación y Redes Sociales en Instituto RIA.