Redacción Animal Político · 6 de febrero de 2023
Hace semanas, se filtró un aparente anteproyecto que se presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su estudio, análisis y opinión con el fin de impedir operaciones al transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Parecía que se quedaría en rumor, pero el jueves pasado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación fue publicado el decreto que prohíbe el transporte de carga en el AICM para contribuir, según la exposición de motivos, a disminuir su saturación.
Con esto, a partir de mayo de 2023, el AICM quedará cerrado para las operaciones de concesionarios y permisionarios que proporcionan servicio de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga. Pero, ¿qué implica esta decisión? ¿Servirá realmente para disminuir la saturación del aeropuerto más importante de nuestro país? Basta abordar la respuesta a estas preguntas desde dos lentes.
Los primeros, analizando el argumento central para prohibir las operaciones de carga en el AICM: la saturación en la que se encuentran las terminales 1 y 2. Con base en información del AICM, hay 13 aerolíneas (nacionales e internacionales) dedicadas exclusivamente a ofrecer servicios de carga, entre ellas: Aerounion, Cargolux, MAS, Estafeta, Tampa Cargo, UPS, Cathay Pacific y Emirates SkyCargo. De acuerdo con esas mismas estadísticas, hay en promedio 33 operaciones de carga diarias, cerca de mil al mes y unas 12 mil operaciones anuales.
Tomando en cuenta dicha información, la decisión planteada por el ejecutivo federal reduciría apenas en un 3.4 % las operaciones diarias en el AICM. Una implicación que pareciera insignificante en términos de liberación de espacio, por lo que la saturación no sería resuelta en la magnitud que se pretende.
El otro par de lentes deben enfocarse en observar esta situación desde el punto de vista de las empresas de carga. Desde ahí todo parece muy diferente: el AICM es el aeropuerto de carga más importante de nuestro país. Tan solo durante el año pasado, la mitad de toda la carga en nuestro país llegó por las pistas del Benito Juárez (49.5 %), seguido del aeropuerto de Guadalajara que recibe el 15 % de la carga total y del aeropuerto de Monterrey que atrae al 6.8 %.
En pocas palabras, el decreto presidencial no resolverá la saturación en el AICM, pero sí impactaría directamente a las empresas del sector, las cuales tendrían que trasladar la mitad de sus operaciones a otros aeropuertos, como pueden ser el Felipe Ángeles o el aeropuerto de Toluca. Dichos aeropuertos, sobre todo el primero de ellos, carecen de la infraestructura no solo para recibir esa cantidad de carga sino también para trasladarla al resto de los destinos. Como se ha insistido desde este espacio, toda decisión que pretenda resolver un problema público debería estar basado en evidencia y en un diagnóstico sólido, en este caso con la información pública disponible, parece que no es así. A menos de que el gobierno federal cuente con evidencia distinta a la publicada por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).