Geraldina González de la Vega · 23 de octubre de 2026
La discriminación es una conducta por medio de la cual se trata de manera diferente o menos favorable a una persona o grupo de personas con base en prejuicios o estereotipos. Es decir, se trata de una conducta arbitraria que carece de una fundamentación racional, es más bien subjetiva y atiende a ideas preconcebidas sobre ciertos grupos de personas. Así, existen prejuicios respecto de si “las mujeres no sabemos manejar”, “las personas con discapacidad no son autónomas”, “las infancias no deben tomar decisiones por sí mismas” o “es inmoral ser homosexual”. Todos esos prejuicios se ponen en acción cuando, con base en ellos, limitamos, excluimos, obstaculizamos, negamos el acceso a un derecho o a un servicio a una persona por ser quien es (identidad) o hallarse en la circunstancia en la que se halla (contexto).
En el trabajo esto sucede más de lo que pensamos. Muchísimas personas no acceden a un empleo por su identidad (ser mujer, por ejemplo) o su contexto (ser migrante, por ejemplo). Desde hace muchos años, en México la discriminación está prohibida. En 2001 se reformó la Constitución Política de nuestro país para introducir en el artículo 1° la cláusula de no discriminación y con ella dejar claro que existen ciertas categorías por las que discriminar es una violación a los derechos humanos. De las cláusulas se pasó a las normativas de derechos humanos y, también, a los códigos penales. Con ello, se dejó claro que en nuestro país discriminar está prohibido y muchas veces, conlleva una sanción.
Sin embargo, la razón de nuestros prejuicios no es individualizada. La discriminación no se trata de creencias personales ni de actitudes individuales. Los prejuicios se desarrollan y se refuerzan a través de sistemas de opresión que de manera histórica se han venido arraigando culturalmente. Así, el racismo, por ejemplo, desde “la Conquista” ha venido desarrollando ideas de inferioridad respecto de las personas indígenas o afrodescendientes. Esos sistemas, como el racismo, el sexismo, el capacitismo, las lgbtifobias y otros, reproducen las ideas sobre subordinación, inferioridad, inmoralidad, fealdad, incapacidad, criminalidad, etcétera, respecto a ciertos grupos de personas. Por ello, se entiende que la discriminación es estructural, es decir, se encuentra arraigada en nuestros sistemas de creencias, normativos, sociales y se aparece en nuestras relaciones cotidianas de manera natural. Hoy en día, la mayoría de los hechos de discriminación son más inconscientes que conscientes. Es decir, se dan por poner en acción ciertos prejuicios con los que hemos crecido, que perviven en nuestros círculos sociales y que no hemos cuestionado.
Si la discriminación no es un evento individual sino social, culturalmente arraigado, no basta entonces prohibirla. Es necesario desmantelar esos sistemas que producen y reproducen los prejuicios. Pensemos tan solo en una persona con discapacidad que busca insertarse en la sociedad y que vive discriminación y exclusión con motivo de un sistema de opresión capacitista; si solo prohibimos tratarla de manera diferenciada con motivo de su discapacidad, ella no podrá ser incluida de manera efectiva en el espacio público (movilidad en la calle y transporte público), en las instituciones educativas (ajustes razonables físicos y académicos), en el ámbito laboral (ajustes razonables físicos y en la organización y condiciones de trabajo). ¿Basta entonces con prohibir la discriminación? Me parece que la respuesta es clara. No.
Por eso, en materia de igualdad y no discriminación se habla de medidas positivas, estas incluyen las famosas acciones afirmativas, como las cuotas; pero también las de compensación, que atienden necesidades concretas para reducir brechas; las de inclusión, que buscan cambiar actitudes y prácticas que excluyen; y las de nivelación, que eliminan obstáculos físicos, de comunicación o incluso de las propias reglas. Entonces, en el trabajo tratar a todas las personas exactamente igual puede dejar intactas las condiciones que impiden a algunas entrar, permanecer o ascender. El hecho de que se contrate a una persona no garantiza su inclusión en ese espacio. Pero hasta allí llega hoy la claridad de las obligaciones para las personas empleadoras: tienen prohibido discriminar. Nada más.
Hasta hoy, la Ley Federal del Trabajo prohíbe la discriminación en el empleo, en su acceso y permanencia. Asimismo, poco a poco se han venido incluyendo algunas normas que obligan a las personas empleadoras a diseñar e implementar algunas medidas como protocolos, a evitar pruebas de embarazo y, recientemente, mediante una reforma publicada el pasado 15 de enero de 2026, a capacitar en materia de género. Sin embargo, eso no es suficiente.
Durante mis años en el COPRED vi repetirse los mismos motivos de discriminación en el trabajo. Embarazo, condición de salud, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género. Cambiaban las empresas y las personas, pero las historias tenían demasiadas coincidencias. Entre 2018 y junio de 2026, el COPRED registró 1,034 expedientes relacionados con el ámbito laboral. Son expedientes, con todo lo que hay detrás de cada uno: personas que pudieron acercarse a una institución, explicar lo ocurrido y sostener un procedimiento. Muchas otras experiencias nunca llegan hasta ahí.
Desde esa preocupación trabajamos, durante los últimos meses de mi gestión, con organizaciones de la sociedad civil y el equipo de la senadora Celeste Ascencio en una propuesta para fortalecer la inclusión laboral. La iniciativa ya fue presentada en tribuna y turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.
Me interesa contar qué propone porque, entre tantas discusiones sobre diversidad e inclusión, a veces perdemos de vista de qué estamos hablando: de poder conseguir un trabajo, conservarlo y desarrollarnos en él sin que un prejuicio decida por nosotras.
La propuesta modifica dos artículos de la Ley Federal del Trabajo.
En el artículo 16 amplía el enfoque de prevención y capacitación para abarcar la discriminación y las violencias que afectan a personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación. Se trata de que el personal reciba capacitación periódica para reconocer estas conductas, prevenirlas y saber cómo atenderlas.
La segunda modificación propone incorporar al artículo 132 la obligación de implementar y mantener políticas y medidas para la igualdad de oportunidades y la inclusión en centros de trabajo con 50 o más personas trabajadoras. El conjunto debe incluir prevención, capacitación y mecanismos internos para atender y dar seguimiento a posibles actos de discriminación. Cómo y qué será definido a través de lineamientos que deberá emitir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los lineamientos deberán considerar el tamaño, la actividad económica y la capacidad operativa de los centros de trabajo. La propuesta contempla un plazo de 120 días para que la Secretaría los emita y, a partir de su publicación, 12 meses para implementar o adecuar las políticas y medidas.
Una política requiere personas responsables, procedimientos conocidos y capacidad para actuar. Si alguien presenta una queja y nadie sabe quién debe recibirla, si se le manda de una oficina a otra o si termina enfrentando represalias, algo está fallando. La existencia del documento sirve de poco para esa persona.
Por eso me parece relevante que la inclusión se incorpore a la gestión habitual de los centros de trabajo. Así como se identifican riesgos de accidentes y se organizan medidas para prevenirlos, también pueden revisarse prácticas de contratación, evaluación o promoción que estén dejando fuera a ciertas personas.
Es muy importante mencionar que la iniciativa reconoce ese trabajo. Prevé que puedan utilizar sus herramientas existentes para cumplir, siempre que sean compatibles con los lineamientos que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eso permite aprovechar lo que funciona, identificar lo que falta y darle continuidad.
También hay una pregunta más amplia detrás de la propuesta: ¿cuánto debe depender la inclusión de la voluntad de quienes están al frente de una empresa?
Conocemos organizaciones que han hecho esfuerzos importantes. El problema aparece cuando todo depende de una persona comprometida, de un presupuesto que puede desaparecer o de las prioridades de la siguiente dirección. Para quien necesita un ajuste, enfrenta hostigamiento o ve cerrarse sus posibilidades de ascenso, esa incertidumbre tiene consecuencias muy concretas.
La ley puede ayudar a dar permanencia a los mecanismos de prevención y atención. Su eficacia dependerá de cómo se implementen, de las herramientas que se desarrollen y del seguimiento que reciban. Ahí estará una parte importante de la discusión legislativa y de lo que venga después.
Me interesa esta reforma porque recoge una lección de los casos individuales: además de resolver lo que le ocurrió a una persona, tenemos que usar ese conocimiento para cambiar las condiciones que hicieron posible la discriminación.
Por ello, aprovecho el espacio para hacer un llamado a los senadores y senadoras que integran la comisión para que la analicen con esta perspectiva en mente: si no se previene la discriminación en el empleo, poco podremos hacer para evitarla. La discriminación en México está prohibida y, sin embargo, sigue sucediendo. Esta reforma hará efectivo el ideal de que los centros de trabajo no solo no discriminen, sino que incluyan efectivamente a las personas en sus empleos, y eso sí es igualdad.
Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República: su presidenta: Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) e integrantes: Ruth Miriam González Silva (PVEM), Sasil de León Villard (Morena), Ricardo Anaya Cortés (PAN), Miguel Márquez Márquez (PAN), Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Heriberto Aguilar Castillo (Morena), Alfonso Cepeda Salas (Morena), Martha Lucía Micher Camarena (Morena), Sandra Simey Olvera Bautista (Morena) y Aníbal Ostoa Ortega (Morena).
Que la próxima trabajadora pueda comunicar su embarazo con tranquilidad. Que una persona con discapacidad encuentre una respuesta a sus necesidades. Que quien denuncia tenga una vía clara y segura para hacerlo. Y que, cuando una empresa diga “aquí no discriminamos”, pueda explicar cómo trabaja todos los días para conseguirlo.♦