Programas sociales y la importancia de su fiscalización

El pasado domingo 21 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció cambios en el programa de pensiones de las y los adultos mayores: ahora la recibirán a partir de los 65 años –en vez de 68 años– y estas incrementarán su monto al doble en 2024. Sin embargo, el anuncio de esa medida unos meses antes de las elecciones causó críticas de diversos actores y personas expertas.

De acuerdo con los resultados complementarios del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país un cuarto de las viviendas cuenta con una persona beneficiaria de programas sociales, y los estados con más personas atendidas por los programas se encuentran: Guerrero, con 43.2%; Oaxaca, 42%; Chiapas, 38.1%; Hidalgo, 32.9%, y Tabasco, con 32.6%. Mientras que los estados con menos personas atendidas por programas son: Querétaro con 17.4%, Coahuila 17.1%, Nuevo León 15.4%, Quintana Roo 15,4%, y Baja California con 13.9%.

Pero pese a la existencia de programas sociales para combatir la pobreza, recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos por la crisis de Covid-19. CONEVAL detalla que nuestro país de por sí ya enfrentaba esta crisis en condiciones de vulnerabilidad, ya que cuatro de cada diez personas se encuentran en situación de pobreza (41.9 por ciento de la población).

Dadas las alarmantes cifras de aumento de pobreza, se vuelve imprescindible mejorar los instrumentos del Estado mexicano para combatirla. Al respecto, revisten de mucha utilidad los resultados de auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública de 2019, entre las que incluyen siete relacionadas con programas sociales del gobierno federal. A continuación, compartimos los hallazgos en algunas de las auditorías realizadas a programas sociales:

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente

La ASF menciona en la auditoría de cumplimiento del programa que se otorgaron apoyos económicos por más de 192 millones de pesos a 41,694 personas beneficiarias del programa que carecían de la validación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad; se proporcionaron pagos a 677 personas que según el Registro Nacional de Población fallecieron antes de la fecha de pago; se detectaron pagos duplicados por 206,600 pesos a 37 personas beneficiarias con edades superiores a los 64 y 67 años quienes también recibieron apoyos del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores por 529,100 pesos y no se registró el padrón de personas beneficiarias trimestralmente en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, por mencionar solo algunos hallazgos. El monto por aclarar de este programa es de 4,697,100 pesos. Respecto a la auditoría de desempeño se destaca que hay deficiencias por la falta de criterios y mecanismos para realizar las entrevistas domiciliarias; falta de coordinación con las dependencias de la Administración Pública y el registro en las oficinas de la Secretaría de Bienestar para identificar a las posibles personas beneficiarias.

Sembrando Vida

Entre los hallazgos más relevantes de la auditoría de cumplimiento de este programa están: la Secretaría del Bienestar no acreditó la entrega de recursos a 61,602 Sujetos de Derecho (SD) por 338,362,700 pesos, no realizó la entrega de 66,631,300 pesos por concepto de 1,407 apoyos a 6,373 SD, sin justificar las razones de ello; otorgó a 737 SD el apoyo económico por un monto superior al establecido por 481,300 pesos, y entregó apoyos económicos a 896 personas por 9,891, 000 pesos que no se encuentran incluidos como beneficiarias del programa. Se determinaron 1,832,710,896.03 pesos pendientes por aclarar, una cifra bastante alta. Respecto a la auditoría de desempeño del programa se detectó que no se establecieron mecanismos de distribución y administración para otorgar acceso equitativo a los solicitantes del apoyo, para que se priorizara a las y los jóvenes en edad productiva, así como a mujeres campesinas e indígenas. No se especificaron los mecanismos de coordinación con otras dependencias y entidades para evitar duplicidad con programas sociales similares, ni para favorecer el desarrollo del programa. Además, no se elaboraron criterios, ni parámetros para determinar la cantidad de ingresos, tanto monetarios como apoyos en especie, que son suficientes para que los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural logren hacer productiva su tierra, ni para definir la temporalidad en la entrega del subsidio.

Pensión para adultos mayores

La ASF detectó, en la auditoría de cumplimiento de este programa, que se tramitaron liquidaciones de 77,177 apoyos económicos por el importe de 983,663, 600 de pesos en los que el padrón de personas beneficiarias carece de la información correspondiente a la Clave Única de Registro de Población de las personas adultas mayores; en 511 casos, por un importe de 1,836,000 pesos, las y los beneficiarios recibieron de forma duplicada, en una o más ocasiones el monto de la pensión. En total, se determinaron 992,680,415.00 pesos pendientes por aclarar.

El común denominador de las observaciones de la ASF a los programas revisados fue: montos pendientes por aclarar, pagos duplicados a personas beneficiarias, expedientes incompletos de personas beneficiarias y padrones incompletos. Es importante que las instituciones retomen los resultados de la fiscalización y subsanen las deficiencias detectadas para asegurar que estos programas logren efectivamente los impactos deseados a favor de las y los beneficiarios.

Para que los programas funcionen verdaderamente y no sean únicamente paliativos se tienen que atender las recomendaciones que realizan instancias técnicas y especializadas en la materia. Solo con un óptimo funcionamiento de los programas se blindarán de aseveraciones que los consideren un instrumento con fines electorales, al tiempo que mejorarán las condiciones de vida de las personas beneficiarias.

* Anaid García Tobón es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la corrupción de @FundarMexico.