blogeditor · 18 de marzo de 2016
Por: Raúl Benet
Autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, respaldados por efectivos militares y policías del Mando Único de Morelos, y fuertemente armados, decomisaron y tuvieron que soltar a 11 venados cola blanca, entre ellos dos crías y dos hembras preñadas, de una UMA que los comuneros tepoztecos cuidan desde hace años en el paraje conocido como Los Venaditos, en las tierras comunales de Tepoztlán.
Los hechos se registraron el pasado martes 15 de marzo, cuando las autoridades, mediante amenazas, amagaron y obligaron al personal del comisariado de bienes comunales que resguardaba el sitio a abrir la cerca para perseguir a los venados, disparando arteramente dardos somníferos para proceder a arrastrar e introducir a los animales sedados en cajas de madera y subirlos a vehículos, mientras a los comuneros los mantenían aislados y amenazados con llevárselos detenidos en caso de oposición.
Mediante el uso de campanas y cohetones, acompañados de WhatsApp, se hizo un llamado a los pobladores, quienes en cuestión de minutos se trasladaron al bosque, rodearon a los soldados, policía y agentes de la Profepa, y lograron la recuperación de los venados.
Los comuneros decidieron hace once años fundar una UMA en ese paraje con el fin de proteger a la fauna y ofrecer a los niños de las escuelas y a los visitantes la oportunidad de conocer y convivir con los animales. A lo largo de los años los venados se han aclimatado, e incluso recientemente nacieron varias crías que se encontraban en buen estado antes de la llegada de la fuerza pública.
En entrevista con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Gobel Demesa, éste señaló que han acudido a la Profepa para actualizar sus trámites, y que no han recibido el respaldo requerido, por lo que es posible que alguno de los múltiples trámites que se requieren para mantener una UMA haya quedado incompleto, razón que esgrimieron los efectivos de Profepa para justificar su acción represiva.
El mismo comisariado de bienes comunales se preguntó cuál es la función de la procuraduría de protección al ambiente, que dedica sus esfuerzos a perseguir a quienes cuidan a la fauna en su territorio comunal, y no persiguen a los talamontes, cazadores furtivos, fraccionadores, constructores de autopistas en parques nacionales, y otros delincuentes ambientales.
También señaló que ellos son amenazados continuamente de ir a la cárcel ‘hasta por diez años’ si cortan una vara, mientras que son precisamente ellos, los comuneros, quienes combaten los incendios y las plagas forestales, cuidan el bosque y se encargan de mantenerlo sano. Reconoció que ellos pueden haber cometido alguna omisión en cuanto a los trámites, pero se mostró sorprendido y disgustado por el hecho de recibir al ejército y a la policía de manera prepotente y violenta, sin siquiera mediar una comunicación o un intento por parte de la Profepa para ayudar a los comuneros a solventar cualquier posible omisión en los trámites de la UMA.
Esta misma situación ocurre a lo largo y ancho del país, donde una absurda sobreregulación persigue a los ejidatarios y comuneros que pretenden hacer un buen manejo de su bosque, mientras que las mismas autoridades permiten y fomentan la destrucción de miles y miles de hectáreas de manglares, bosques y selvas para dar paso a fraccionamientos, minas, excavaciones de gas y petróleo, grandes represas y otros proyectos de ese tipo.
Es necesario revisar y corregir las normas y leyes respectivas, para impedir que se siga criminalizando a los ejidatarios y comuneros por hacer uso de su territorio. Este caso es ejemplar en ese sentido.
* Raúl Benet es coordinador de política forestal en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.