El problema no son los jueces, es el sistema

En tiempos de crisis institucional, se anuncian elecciones judiciales como si fueran una panacea. En México, la promesa de que las juezas y jueces sean elegidos por voto ciudadano aparece como la solución mágica para restablecer la legitimidad de un sistema de justicia profundamente debilitado. Pero una mirada más crítica y estructural revela que este tipo de medidas, si no se acompañan de transformaciones profundas, corren el riesgo de convertirse en meros ejercicios simbólicos que ignoran las verdaderas causas del naufragio judicial.

El problema no radica únicamente en las personas que integran los órganos jurisdiccionales; también está en un diseño institucional que históricamente ha privilegiado la reproducción de privilegios por encima del acceso efectivo a la justicia. Un sistema que sigue siendo inaccesible para quienes viven en pobreza, hablan una lengua indígena, son mujeres, forman parte de la diversidad sexual, o se encuentran privadas de libertad, así como un entramado institucional que desempeña sus funciones con deficiencias en su organización, sin recursos humanos suficientes y capacitados, así como con precariedad en su infraestructura física y tecnológica.

En el informe “Hallazgos sobre Problemáticas Estructurales, Culturales y de Contenido del Poder Judicial del Estado de Oaxaca”, ASILEGAL detectó que la impartición de justicia enfrenta obstáculos por deficiencias estructurales, culturales y de contenido político-normativo, más allá de las personas que dirigen los órganos jurisdiccionales.

Sobre la estructura, el informe detectó que las fallas en la infraestructura del Poder Judicial (como la escasez de mobiliario, la falta de artículos de limpieza, la insuficiencia de salas de audiencias y oficinas, entre otros) no han sido subsanadas porque, desde 2016 hasta 2023, no se ha destinado más del 3 % del presupuesto a la mejora de infraestructura. ¹ Este aspecto y más afectan la impartición de justicia, debido a que impactan en el retraso en los procesos judiciales al no tener capacidad institucional para cumplir con los plazos legales.

Respecto de las prácticas culturales, resalta que no hay atención adecuada a grupos en situación de vulnerabilidad desde el poder judicial por falta de personal y protocolos. El informe identificó que no hay protocolos especializados de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, lo que puede generar revictimización y falta de comprensión de las personas usuarias sobre sus procesos. Asimismo, aunque más de la mitad de la población de Oaxaca pertenece a comunidades indígenas, el poder judicial estatal solo cuenta con 76 personas intérpretes y traductoras en diferentes lenguas. ² Esto puede afectar el debido proceso y los derechos de defensa de las personas procesadas que pertenezcan a comunidades indígenas.

Sobre el contenido político-normativo, el informe se centra en la falta de transparencia del Poder Judicial. Esta ausencia se percibe en la limitada publicación de decisiones judiciales, la falta de acceso a datos sobre procesos internos y el retraso en la entrega de sentencias, pero es un reflejo del gobierno de Oaxaca en su totalidad. Esto porque tiene un puntaje 0.39 en gobierno abierto del Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que mide la disponibilidad de la información pública. ³ Esta deficiencia impide la supervisión social de la impartición de justicia, pero deriva de una estructura gubernamental que incumple sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.

En ese contexto, hablar de elegir nuevas juezas y jueces sin garantizar previamente condiciones estructurales para el ejercicio pleno de sus funciones, sin modificar los patrones de discriminación que atraviesan el sistema, y sin asegurar recursos materiales y humanos suficientes, es una medida superficial. Elegir diferentes personas no garantiza diferentes decisiones si el aparato judicial sigue siendo el mismo, operando bajo una lógica formalista, punitivista y patriarcal.

Lo urgente es repensar el sistema de justicia desde una arquitectura institucional distinta: una donde se garantice la autonomía real del Poder Judicial  y se establezcan mecanismos efectivos de control interno y rendición de cuentas que no respondan a cuotas de poder. Esto implica también revisar profundamente la formación judicial y los protocolos para atender a personas usuarias del sistema de justicia, asegurando que juezas y jueces cuenten con herramientas metodológicas que integren una perspectiva de género, interseccionalidad y derechos humanos.

Además, es indispensable abrir el debate público a las comunidades más afectadas por la desigualdad judicial. No puede haber reforma sin participación activa de mujeres privadas de libertad, pueblos indígenas, organizaciones de defensa legal y colectivos LGBTIQ+. La justicia no puede seguir pensándose desde arriba ni desde el escritorio; debe venir desde el reconocimiento de las voces que históricamente han sido excluidas del diseño institucional.

El informe realizado en Oaxaca —y que bien podrían replicarse en cualquier otra entidad del país— muestra con claridad cómo la justicia falla por un entorno institucional que impide a jueces y juezas actuar con independencia y que privilegia los intereses del poder político y económico por encima de los derechos de las personas, no por falta de perfiles.

Cambiar al funcionariado judicial sin revisar estas estructuras es como cambiar al elenco de una obra cuyo guion ya está escrito por siglos de desigualdad y exclusión. Es mantener intactas las causas profundas del problema: la impunidad estructural, la falta de autonomía judicial, la desigualdad en el acceso a los recursos judiciales, y la ausencia de una perspectiva interseccional en la aplicación del derecho.

Una reforma verdaderamente transformadora del sistema de justicia debe partir de reconocer que las personas juzgadoras no operan en el vacío. Necesitan condiciones materiales, independencia real, formación constante con enfoque de derechos humanos y una institucionalidad que no castigue a quien se atreve a decidir con justicia. Necesitan, sobre todo, un rediseño del modelo judicial que incorpore a las poblaciones históricamente excluidas como sujetas de derecho, no como objetos del sistema.

El acceso a la justicia no se logrará solo con urnas. Se logrará cuando las mujeres indígenas privadas de libertad, las personas trans criminalizadas por sobrevivir, y las comunidades rurales desatendidas puedan encontrar en el Estado una respuesta oportuna, digna y con enfoque de derechos. Se logrará cuando dejemos de simular transformaciones y enfrentemos, con honestidad y compromiso, las raíces de la desigualdad.

Mientras eso no ocurra, las elecciones judiciales seguirán siendo un gesto reformista más, incapaz de tocar las estructuras que verdaderamente sostienen la injusticia.

*José Luis Gutiérrez Román es director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL) y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mariana González Correa es abogada en el área de Defensa Integral de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) y licenciada en Derecho y en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey.

 

 

¹ Páginas 46 y 47.

² Páginas 59 y 60.

³ Página 66.