Prisión Preventiva Oficiosa y la crisis del Sistema Penitenciario
Redacción Animal Político · 30 de noviembre de 2022
El 24 de noviembre se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad referente al funcionamiento de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO).
Uno de los avances de la propuesta implica la invalidez para ejecutar la PPO a los delitos de contrabando y defraudación fiscal. Lo anterior resulta un antecedente jurídico de los riesgos que genera la ampliación en el catálogo de delitos que ameritan PPO.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 1 de 2021, ha hecho manifiesto el rechazo al sistema de justicia penal que refuerza la visión punitivista y el exceso de la Prisión Preventiva Oficiosa, por ser contraria a la presunción de inocencia y porque “ha quedado demostrado que la PPO, lejos de lograr una disminución en los altos índices de violencia y comisión de los delitos, solo genera la sobrepoblación de las cárceles, condición importante que evita brindar una atención integral para las personas, no haciendo factibles los fines de alcanzar una efectiva reinserción social”.
Por el contrario, se aprecia una crisis del sistema penitenciario mexicano, derivada del abandono de las autoridades y la nula capacidad por garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2 plantea que, al 2021, hay un total de 319 centros penitenciarios. En dichos centros se reportó una capacidad de 220 mil 831 espacios para la población privada de la libertad. De estos, 29 mil 280 correspondieron a los centros federales, 184 mil 865 a los centros estatales y 6 mil 686 a centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes.
Referente a población penitenciaria, al cierre de 2021, 220 mil 420 personas se encontraron privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales y estatales. De este total, 204 mil 360 (92.7 %) corresponden al ámbito estatal y 16 mil 060 (7.3 %), al federal. Es importante observar que entre 2018 y 2021 la población penitenciaria creció en un 18 %
Vale mencionar que durante el actual sexenio se han cerrado cinco penales federales a pesar de que la mitad de los centros penitenciarios del país tienen sobrepoblación. Entre ellos fue cerrado en 2019 la Colonia Penal Federal Islas Marías, que se había convertido en un modelo de readaptación social y para el trabajo, al ser el centro penitenciario mejor evaluado de todo el país durante tres años consecutivos. 3 De igual forma, fueron clausurados Puente Grande, en Jalisco, y Topo Chico, en Nuevo León.
El problema de sobrepoblación penitenciaria se presenta en 121 de los 233 centros estatales. Los centros ubicados en Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Jalisco y Nuevo León son los de mayor porcentaje de sobrepoblación, mientras que los ubicados en Tlaxcala, Nayarit, Baja California Sur, Campeche y Aguascalientes son los que presentan una menor sobrepoblación.
Sin embargo, el gobierno planteó en julio de 2021 un decreto para liberar a presos del cual, hasta el día de hoy, se desconoce el número total de personas a las que ha beneficiado y mucho menos, los criterios y procedimientos para la liberación. De igual forma, el gobierno impulsó una Ley de Amnistía que hasta noviembre de 2022 solo había beneficiado a 194 personas de acuerdo a la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía. 4 A la par de este tipo de medidas, en 2019, se amplió al catálogo de delitos que ameritan PPO.
¿Cuál es el resultado de la Prisión Preventiva Oficiosa?
Hasta 2021, 92 mil 856 personas privadas de la libertad internadas en centros penitenciarios federales y estatales se encuentran sin sentencia, 25 mil 737 con sentencia no definitiva, y 101 mil 138 ya contaba con sentencia definitiva. Comparado con 2020, la población privada de libertad/internada sin sentencia aumentó 7.6 por ciento.
También cabe destacar que, en un gran porcentaje de los centros penitenciarios analizados por la CNDH presentan condiciones precarias, los cuales carecen de ventilación, luz y agua potable suficientes; alimentos insuficientes y poco nutritivos; falta de servicios médicos y de atención psicológica; carencia de espacios deportivos. De igual forma, el “autogobierno” es una condición que se presenta en 44 de los 233 centros penitenciarios analizados por la CNDH.
Es lamentable que este escenario no mejorará si se continúa con la ampliación del catálogo de los delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa. Por eso es necesario disminuir el número de delitos susceptibles, ya que va en contra de la presunción de inocencia.
Como se puede analizar, el gobierno federal y los estatales carecen de voluntad para solucionar los retos que implica el sistema penitenciario. Las deficiencias, sobrepoblación y violaciones a los derechos humanos profundizan la vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad, por ello es necesario un llamado a que las autoridades asuman sus obligaciones para formular programas de desarrollo del Sistema Penitenciario basados en la profesionalización y el respeto a los derechos humanos.
3 CNDH. Diagnóstico Nacional de Población Penitenciaria 2019. Disponible aquí.