Prisión preventiva oficiosa: política de empobrecimiento y criminalización

México signó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas en 1981. El artículo 9.3 del Pacto indica que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa (PPO) –es decir, que una persona este presa sin que haya sentencia en su contra en lo que transcurre el juicio por algún delito “grave”– se ha expandido.

La PPO fue introducida en 2008 en la Constitución como parte de la guerra contra las drogas, y se amplió el catálogo de delitos meritorios de la misma en este sexenio. El caso que se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en próximos días determinará si esta figura es Constitucional. El propio ministro Cossío Díaz explica por qué considera que una figura que está en la Constitución puede ser eliminada justo porque contraviene un tratado internacional de derechos humanos como el Pacto mencionado.

Coincido con todos los argumentos contra la PPO en materia de derechos humanos. Aquí quiero elaborar en lo que otros han investigado: quienes son los presos por la PPO. Intersecta y Animal Político hicieron un fantástico reportaje del tema. Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes. A este reportaje quiero agregar algunos datos de fuentes similares que usaron los equipos de Intersecta y Animal Político: los Censos del Sistema Penitenciario, Estadísticas de Homicidios, Encuestas de Victimización, y la última Encuesta de Población Privada de la Libertad en México, todos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Secretaría de Gobernación mencionó que la estrategia de seguridad descansaba en la PPO. La gráfica 1 muestra el total de personas presas en los Censos del Sistema Penitenciario en México. El número ronda alrededor de 200 mil, y ha crecido de manera constante desde entonces. Luego entonces, no hay razón real para pensar que tener más personas presas reduce tasas de violencia o crimen en México. En Estados Unidos, el país con más población en prisiones del mundo, no ha reducido sus tasas de criminalidad incrementando su capacidad de tener más personas privadas de la libertad.

Quiero enfatizar por qué aumentar la población presidiaria no se relaciona con la reducción del crimen o la violencia. En la gráfica 2 comparo la población carcelaria, homicidios, y tasa de victimización, usando unidades en decenas de miles. Visualmente podemos apreciar que, aunque la tasa de victimización tiene una relación inversa con el total de homicidios, ninguna de las dos parece guardar una relación directa con la población presa. En cambio, más bien parece que cuando aumenta la violencia y la criminalidad, los gobiernos expanden el uso de la prisión como política de seguridad. Esto, como veremos, tiene resultados graves en términos sociales.

La población que termina en prisión es eminentemente hombres jóvenes empobrecidos. De la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021 del INEGI obtuve los datos de la población sin sentencia alguna (en su mayoría por la PPO) y su ingreso mensual, presentados en la gráfica 3. El resultado: la PPO está esencialmente destinada a la población más pobre. Casi 70 % de las personas sin sentencia en prisión ganaban menos del promedio mensual de los hogares en México según CONEVAL y 23 % vivía en pobreza alimentaria antes de ser detenidos.

Podemos ver que la PPO también se concentra en algunas ocupaciones. Según la gráfica 4, podemos ver que en su mayoría las personas en PPO eran comerciantes, constructores, asistentes en tareas elementales, vigilantes y operadores. Es decir, la mayoría tenía ocupaciones manuales de baja calificación educativa, usualmente relacionadas con la población en pobreza o marginación en México.

 

Lo anterior se confirma con la gráfica 5. La abrumadora mayoría de las personas presas sin sentencia en México tienen menos de 9 años de escolaridad (71.87 %), es decir, estudiaron hasta la secundaria. Seguido de 20 % que estaban los que estudiaron algún grado de preparatoria. Solo estudiar la universidad podría garantizar a muchos evitar la prisión.

Finalmente, sabemos que el tono de piel también afecta la probabilidad de vivir en pobreza y marginación. La gráfica 6 nos revela que la población presa sin sentencia en México tiene tonos de color de piel más oscuros a los de la población general. Más de la mitad tiene un tono de piel de la escala PERLA del G a la A. Sumados con el tono H, son poco más del 90 por ciento.

Una de las preguntas que se hacen en sociología del crimen es si este perfil se deriva del comportamiento delictivo de ciertos grupos sociales o si hay una selección sesgada. Es decir, si el sistema de justicia termina encarcelando personas pobres. La evidencia se ha acumulado para Estados Unidos que este es el caso. Y que la probabilidad de que ciertas poblaciones cometan delitos se debe a que los sistemas socioeconómicos los marginan.

Hay varias formas en que el sistema de justicia criminaliza a la población más pobre. Una es que los policías -de manera informal- tengan perfiles de las personas a las cuales van a detener. El caso clásico es contra las personas de tono de piel más oscuro. Otro es que ejecuten sus detenciones en zonas empobrecidas, las cuales vigilan más. Una más es que usualmente detienen personas empobrecidas y por exposición a criminales más profesionales justo en las prisiones donde comienzan carreras criminales. Es decir, si no eran personas que cometían crímenes antes, lo podrían ser después porque las organizaciones los reclutan en las prisiones, en las cuales muchos están sin sentencia. Finalmente, cuando alguien en pobreza termina en prisión, es probable que ahí permanezca porque no tendrá recursos para su defensa, en particular un abogado o para los sobornos que el sistema requiere.

Eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa tendría un efecto general de política social y uno de prevención del delito. El primero es justamente evitar que poblaciones marginadas terminen en prisión, la cual es otra trampa de pobreza: una vez en prisión, las personas estarán en otro ciclo de pobreza asociado con la discriminación a quienes estuvieron reclusos. En prevención del delito, al evitar que más personas hacinen nuestras prisiones, habrá menos aprendizaje de actividades delictivas de quienes también están ahí presos. El sistema legalmente ya ofrece salidas con mediación sin prisión que puede ser usado proactivamente para interrumpir carreras criminales antes de que maduren.

Hoy por hoy, la Prisión Preventiva Oficiosa es una política que reproduce ciclos de pobreza, marginalización y criminalización, sin aparentes beneficios en la reducción del crimen o la violencia en México. En México necesitamos discutir más cómo el sistema de justicia criminal es un mecanismo generador de desigualdades. Y en particular, por qué las prisiones terminan siendo contraproducentes para el objetivo con el cual fueron creadas. Tener miles de personas mexicanas tras las rejas sin una sentencia no previene el delito, pero sí los empobrece, y aumenta el número de personas que tendrán carreras criminales. Espero la Corte tome la decisión de abolirla.