Redacción Animal Político · 2 de noviembre de 2022
Han pasado tres años desde que el Congreso mexicano aprobó reformar la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La lista que inicialmente contemplaba seis delitos por los cuales una persona debe ser puesta en prisión de manera automática, con sólo haber sido acusada de ese ilícito, se triplicó.
Así como aumentaron los delitos, incrementó también la población penitenciaria, especialmente aquella que no cuenta con una sentencia que acredite su culpabilidad. De enero de 2020 al cierre de agosto del presente año, el número de personas privadas de su libertad ha crecido 13.4%. De las 229,621 1 personas que se encuentran en alguno de los centros penitenciarios del país, el 40% se encuentra recluida con la posibilidad de ser inocente, pues hasta el momento no se le ha probado lo contrario.
Quienes impulsaron esta reforma argumentaban que esta medida aseguraría la presencia en la cárcel de quienes han trasgredido a la sociedad, contribuiría a la pacificación del país y a la lucha contra la impunidad. A varios años de su implementación, la cárcel ha probado no servir ni para disminuir la delincuencia, ni para disuadir a otras personas de ejercer violencia, ni para devolver años de sufrimiento a tantas víctimas que existen en nuestro país.
Un documento elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, órgano del Senado de la República, especializado en realizar investigaciones estratégicas para contribuir a la toma de decisiones legislativas, aporta datos para sostener esta afirmación. Con información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estudio da cuenta del aumento en la incidencia delictiva en la mitad de los delitos que fueron incorporados a esa lista en el año 2019.
Entre 2020 y 2021, delitos como el feminicidio aumentaron 3.2%. En el mismo periodo el abuso sexual aumentó 23%, la desaparición forzada un 13% y otros ilícitos como el uso de programas sociales con fines electorales incrementaron en un 557%. En todos los casos, el porcentaje de personas ingresadas a prisión por estas conductas ha aumentado en comparación con el año anterior, sin embargo, esa acción no ha servido para disuadir la comisión del delito y mucho menos ha servido para que en nuestro país, podamos contar cada vez menos víctimas. 2
En el año 2019, diversas organizaciones advertimos la violación a los derechos humanos que implicaba la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Advertimos que, en un país donde la cárcel siempre ha tenido rostro de pobreza, esta medida no sólo tendría como consecuencia encerrar durante años a personas que no tienen acceso a recursos para pagar una defensa, sino también facilitaría evitar que exista un verdadero proceso de investigación, alimentando la impunidad en nuestro país. Advertimos también que esta medida afectaría especialmente a las mujeres, a quienes la sociedad sanciona y estigmatiza aún más el haber tenido una historia de reclusión.
Tener contacto con el sistema penitenciario nos ha permitido escuchar cientos de historias de personas privadas de su libertad, y contrastar la realidad con lo que, en ocasiones, se argumenta o se propone a lo lejos desde una tribuna o un escritorio. Hace más de una década que visitamos cárceles de mujeres en México. En los últimos dos años han sido ellas mismas quienes nos han contado cómo han pasado de vivir en estancias que estaban destinadas para seis personas, a vivir con 25 compañeras a quienes se les ha dictado como medida cautelar la prisión automática.
Actualmente 3 de cada 10 hombres que están en prisión no tienen una sentencia. En el caso de las mujeres, esta cantidad aumenta, 5 de cada 10 de ellas permanecen en prisión, sin que se les acredite la culpabilidad del delito por el que se les acusó. Poco hemos reflexionado sobre el costo social que implica mantener innecesariamente a una persona en prisión, especialmente en un sistema penitenciario que carece de un modelo efectivo de reinserción social.
Hoy la Suprema Corte de Justicia tiene una nueva oportunidad para rectificar el camino. El nuevo proyecto que ha hecho público el ministro Luis María Aguilar propone acotar la prisión preventiva oficiosa para que los jueces no la apliquen de manera automática, sino que analicen caso por caso y determinen si procede imponerla.
El propio Congreso contempló como parte de la reforma publicada en 2019 el deber de evaluar la continuidad de su aplicación, a partir de que se cumplieran cinco años de su entrada en vigor. A tres años de eso, no queda duda que esta medida no ha servido para el objetivo que se planteó. La cárcel, por lo tanto, ha probado no ser sinónimo de justicia o de culpabilidad. Es falso afirmar que eliminar la prisión automática pone en riesgo a las víctimas. Hoy existe la prisión preventiva justificada y otras trece medidas cautelares que permiten garantizar la seguridad de las víctimas.
En un país como el nuestro, en el que se criminaliza la pobreza y en el que la violencia estructural de género es una constante, mantener una figura como esta que encarcela a mujeres durante años sin que se les pruebe su culpabilidad, también es violencia.
* Wendy Balcázar Pérez es cofundadora de La Cana (@LaCanaMx).
1 Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Agosto 2022, disponible aquí.
2 Giles, César A. “Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación.” Instituto Belisario Domínguez. Disponible aquí.