Presupuestos públicos con perspectiva de género, ¿un anexo basta?

Es bien sabido que las mujeres enfrentan muchas barreras, laborales, domésticas, en el acceso a la salud y la educación, entre otras. Aunque diversos actores, desde sus distintas trincheras, pueden contribuir a disminuirlas, ninguno de ellos es tan importante como el gobierno, por el alcance de sus acciones.

Con el fin de visibilizar qué políticas implementa el gobierno para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres o para garantizar el respeto de sus derechos humanos, desde hace varios años distintos gobiernos elaboran presupuestos públicos con perspectiva de género.

Los presupuestos con enfoque de género, o presupuestos sensibles al género, sirven para identificar qué hace o qué no hace un gobierno y cuántos recursos invierte en reducir las desigualdades que enfrentan las mujeres. En México desde el 2008 contamos con el Anexo 13. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. A partir de ahí muchos gobiernos estatales y municipales han replicado este ejercicio. En Chihuahua, por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2021, el gobierno del estado destinó 403 millones de pesos a este tema, mientras que Jalisco duplicó la cifra al invertir 1,229 millones de pesos en este rubro.

Sin embargo, contar con anexos transversales es sólo la punta de lanza, pues muchos de estos cálculos son realizados por servidores públicos que tienen nociones mínimas de qué es un presupuesto con perspectiva de género o qué son las acciones afirmativas para reducir las brechas entre mujeres y hombres. Esto resulta en que los recursos etiquetados en los anexos muchas veces no contribuyen a disminuir las desigualdades que enfrentan las mujeres.

Pongamos un ejemplo claro de esta situación. Un presupuesto público con perspectiva de género no implica que los recursos para la compra de 100 lápices deben etiquetarse como presupuesto para la equidad de género sólo porque esos 100 lápices son utilizados por mujeres. Aunque parezca absurdo, esta es la forma en la que muchas dependencias del gobierno federal, estatal y municipal clasifican su presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres.

Por el contrario, un presupuesto sensible al género parte de la premisa de que un mismo problema afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Por ejemplo, pensemos en un programa que otorga créditos productivos para incentivar la industria pesquera de una región. Una manera sencilla de asegurar que ciertos recursos lleguen a las mujeres es destinar un monto fijo de créditos productivos a las mujeres. Sin embargo, si no se analiza el problema con perspectiva de género no podremos darnos cuenta que el problema no es que las mujeres no puedan acceder o no quieran participar en la industria pesquera, sino que sus labores de cuidado en el hogar les impiden participar en estas actividades. Entonces, etiquetar recursos de este programa para mujeres no tendrá el efecto deseado si lo que se busca es incrementar la participación de las mujeres en el sector pesquero.

Es por eso que contar con un anexo es una condición necesaria para avanzar hacia la igualdad, más no suficiente. Un anexo nos permite exigir al gobierno mayores recursos para atender el problema. La otra parte de la ecuación es que estos recursos estén bien invertidos, y para ello es necesario trabajar en fortalecer a las áreas encargadas de la programación y presupuestación para contar con verdaderos presupuestos sensibles al género. Pero también es necesario que los diseñadores de políticas comprendan estos conceptos básicos. Sólo así se podrá garantizar que los recursos invertidos en esta lucha tendrán los resultados esperados.

@simetriamx