Presupuestos Participativos, la oportunidad perdida en Zapopan

Una de las grandes deudas históricas de la democracia mexicana es la consolidación de los mecanismos de democracia participativa. Las personas seguimos percibiendo una gran crisis de representación, y mientras esta se profundiza, la clase política no ha logrado revertir la amplia desconfianza que la ciudadanía siente hacia sus representantes, los partidos políticos y las instituciones públicas.

De acuerdo con los resultados de Latinobarómetro nuestro país redujo su apoyo a la democracia de un 63% en 2002 a un 43% en 2020. De la misma manera, la última Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG) del INEGI indica que la calificación de confianza que las y los jaliscienses dan a los gobiernos municipales es de 5.4 puntos sobre 10, mientras que al gobierno estatal es de 4.8 puntos.

Una alternativa para contrarrestar estas malas calificaciones a los gobiernos es ampliar la democracia participativa, o sea, darle más oportunidades y responsabilidades a las personas sobre las decisiones de gobierno.

En este sentido, uno de los mecanismos de democracia participativa con mayor potencial son los presupuestos participativos; con ellos la ciudadanía puede proponer y decidir en qué se invierte un porcentaje del presupuesto público de los municipios. Esta es una oportunidad inmejorable para que la comunidad se organice para proponer parques, alumbrados, proyectos de movilidad, actividades comunitarias o acciones en favor del cuidado medio ambiental.

Zapopan es el municipio que más recursos destina a este ejercicio en todo el país, pues a pesar de ser el tercer municipio con mayor presupuesto en 2022 (después de Guadalajara y Tijuana), su reglamento de participación ciudadana establece que el 25% de los ingresos por el cobro del predial se destinen a este ejercicio. Para este año esto representa la importante cantidad de 358 millones de pesos.

Sin embargo, hay varias restricciones que convierten a este ejercicio en algo que parece una simulación, más que en un verdadero compromiso por parte del gobierno municipal.

Primero, lo más evidente y restrictivo, es que solo se le permite votar por los proyectos de presupuesto participativo a las personas que van a pagar el predial entre los primeros días de enero y el 31 de marzo. Esto de entrada excluye a la gran mayoría de las personas de la ciudad, entre ellas, las personas que viven en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Con esta decisión es claro que a las autoridades de Zapopan se les ha olvidado que la participación ciudadana es un derecho humano y no una táctica recaudatoria. Por el contrario, en municipios como San Pedro Garza García todas las personas con credencial de elector pueden participar de este ejercicio, en Ciudad Juárez todas las personas que acrediten su residencia en el municipio pueden votar por los proyectos propuestos, e incluso, en Chihuahua capital, niñas, niños y adolescentes pueden participar.

La segunda grave restricción en Zapopan es que solo se pueden proponer proyectos a través de los 111 consejos sociales por colonia, si una colonia no tiene consejo social, las personas primero tienen que encargarse de organizarlo, esperar a que sea aceptado por el municipio, para finalmente proponer un proyecto de presupuesto participativo. Esto dificulta y desalienta la participación ciudadana, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades, donde una sola persona, con un formato muy sencillo puede proponer un proyecto.

El tercer grave problema es la ficción que representa la selección de los proyectos que pasan a  votación. De acuerdo con el municipio de Zapopan, los consejos sociales propusieron un total de 200 proyectos para concursar en la votación del 2022, pero sólo 25 de ellos se sometieron a una consulta ciudadana que cierra el 31 de marzo. Esto significa que más del 87% de las propuestas ciudadanas fueron rechazadas para ser votadas este año. De acuerdo con el municipio hay un proceso de tres filtros: los consejos sociales proponen, 10 consejos que representan a grandes zonas en toda la ciudad seleccionan los mejores, y por último, representantes de los organismos sociales y autoridades municipales definen cuales se plasman en la boleta.

Para algunos participantes y testigos esto solo es un ejercicio de apariencias, pues mencionan que la Dirección de Obras Públicas a menudo busca legitimar sus proyectos ya armados con los Consejos Sociales. Además, a final de cuentas, son las autoridades municipales las que de manera arbitraria, sin lineamientos ni reglas claras, pueden decidir qué proyectos van a la boleta. A diferencia de lo que sucede en Zapopan, en Chihuahua capital, todos los proyectos ciudadanos pueden participar en la votación del presupuesto participativo si cumplen con simples criterios técnicos, jurídicos y económicos.

El cuarto problema es la falta de transparencia sobre los resultados de cada año. Los informes de resultados que publica Zapopan en su página de internet detallan todo el proceso anteriormente mencionado, pero nunca dicen qué obras fueron ejecutadas y cuáles no; lo único que hacen es ordenar los resultados y resaltar cuáles fueron las tres opciones más votadas. De este modo no se garantiza que el 25% del predial se haya dirigido al presupuesto participativo.

A partir de esta reflexión hay una clara conclusión, las restricciones que pone el ayuntamiento de Zapopan en sus presupuestos participativos no permiten construir una cultura política participativa alrededor de este mecanismos.

De acuerdo con los resultados de las Leyes de Ingresos de Zapopan en 2019, 2020, 2021 y 2022; el 25% del predial significan más de 1,330 millones de pesos, dinero público que por ley las personas debieron decidir en qué se gastaba, pero por falta de voluntad y capacidad, el gobierno no ha podido rendir cuentas de manera clara.

Con esta reflexión queremos hacer un llamado al ayuntamiento de Zapopan para que cambie su reglamentación municipal. Tienen una gran oportunidad de hacer de sus presupuestos participativos los mejores del país, y no solo una táctica recaudatoria.

* Luis Javier Moreno (@luisja88) es politólogo por la Universidad Autónoma de Querétaro, actualmente forma parte del equipo de Política Colectiva.