Desafíos presupuestarios en la seguridad pública hacia 2024
Redacción Animal Político · 27 de octubre de 2023
La evolución del gasto en seguridad pública en México de los últimos ocho años refleja una realidad preocupante. Su presupuesto experimentó un aumento continuo a partir de 2012, y alcanzó su punto más alto en 2015 –397,741 millones de pesos–, pero tras ello, ha tenido fluctuaciones, y no ha vuelto a alcanzar ese máximo.
Lo que esto revela es la falta de prioridad en los presupuestos gubernamentales de las instituciones civiles de seguridad, especialmente cuando se compara con el notorio incremento presupuestario destinado a las Fuerzas Armadas. El panorama se complica aún más al considerar la evolución del gasto federalizado orientado a tal fin, que muestra un retroceso en las transferencias federales para seguridad pública en los niveles estatal y municipal.
La propuesta 2024 de presupuesto para el sector refleja las tendencias previamente mencionadas. De entrada, es 4.3% menor que el pico alcanzado en 2015. Se mantiene la creciente disparidad entre los montos destinados a las fuerzas militares y civiles, ya que los primeros superarán a los segundos casi tres veces. Asimismo, se anticipa una disminución del 0.9% en el gasto federalizado para seguridad pública, en comparación con el año anterior. Esta evidencia alimenta un llamado a la reflexión sobre las políticas públicas necesarias para garantizar que las fuerzas civiles cuenten con los recursos para cumplir con su función: mantener la paz, promover la seguridad ciudadana y salvaguardar el bienestar de sus miembros y de la comunidad en su conjunto.
Inestabilidad en el gasto de seguridad pública: 2012-2024
Como mencionamos, los 397,741 millones de pesos alcanzados en 2015 no han podido ser siquiera igualados. En los años siguientes, el gasto en seguridad pública ha alternado incrementos y disminuciones. Desde 2017 hasta 2021, se observó un aumento continuo, llegando en 2021 a un nivel cercano al de 2015. Al año siguiente, 2022, estos recursos disminuyeron nuevamente.
Para 2024, el monto planteado es inferior al de 2014, 2015, 2020 y 2021. Como se ve, la inestabilidad ha marcado el presupuesto público destinado a la seguridad pública a nivel federal, a pesar de que ciertos indicadores delictivos han empeorado y otros se han mantenido casi constantes. Un ejemplo es el aumento en la percepción de inseguridad en las entidades federativas, que ha pasado de un 74.7% en 2013 a un 78.6% en 2023, según datos más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Por otro lado, el número de víctimas de delitos ha permanecido prácticamente constante a lo largo de 11 años, con 21.6 millones de víctimas en 2012 y 21.1 millones en 2022, mientras que algunos delitos de alto impacto 1 han aumentado, como los homicidios dolosos, que subieron 14.2% en el mismo lapso, y la violencia intrafamiliar y la trata de personas, que crecieron 198% y 80%, respectivamente. 2
La brecha entre las instituciones militares y civiles
El Presupuesto 2024 es testigo de los recursos crecientes otorgados a las instituciones militares, con un detalle: buena parte de ese flujo se orienta a proyectos ajenos a la función de seguridad, lo que plantea la necesidad de una revisión integral de la asignación presupuestaria en este ámbito. Y es que se proyecta un incremento del 68% en el presupuesto para las Fuerzas Armadas en comparación con 2023, relacionado con proyectos como Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Incluso si excluimos las partidas de transporte y proyectos de infraestructura, el aumento real del presupuesto militar, incluida la Guardia Nacional, supera el 9%.
En contraste, el presupuesto para las instituciones de seguridad civil se mantiene estancado o disminuye. Si se aprueba el PPEF 2024 sin modificaciones, el presupuesto militar será 2.8 veces mayor que el presupuesto de seguridad civil.
Análisis del gasto federalizado para seguridad pública
Para 2023 se presupuestó un aumento del 11% en el gasto federalizado destinado a la seguridad pública. Sin embargo, las transferencias no recuperaron el nivel de 2012. Pues bien, el gasto federalizado proyectado para 2024 es todavía menor, pues ostenta una disminución real del 0.9% en comparación con 2023. De esta manera, se convertiría en el tercer porcentaje más bajo del gasto federal en seguridad pública de los últimos 13 años, con 8.9%.
Además, hay que tomar en cuenta que se ha reconfigurado la estructura de los fondos de ayuda federal para seguridad pública. En 2020 desapareció el Fortaseg (antes Subsemun), que entregaba recursos a los municipios más violentos del país. Otros subsidios, como el Proasp y el Pronapred, tuvieron una duración más limitada: de uno y cuatro años respectivamente.
En 2024, el gasto federalizado para seguridad pública se concentrará en tres fondos: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP). Fortamun, que dirige al menos 20% de sus recursos hacia la seguridad pública en los municipios, y FASP, que distribuye recursos para seguridad en los estados, están incorporados en la Ley de Coordinación Fiscal; por ello, mantienen una estabilidad a lo largo de más de dos décadas, con reglas que definen los recursos y su distribución. En contraste, Fofisp, que además de los estados también entrega recursos a municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad, está situado fuera de esta ley y experimenta cambios anuales en sus reglas de operación, por lo que enfrenta incertidumbre y retrasos en la asignación de recursos.
A nivel individual, Fortamun sufrirá una disminución real del 1.4%, y FASP, un modesto crecimiento real del 0.1% en 2024. Por último, el Fofisp verá un aumento del 3%, pero su presupuesto sigue siendo limitado: en 2023 cubre a 800 municipios con aproximadamente mil millones de pesos, mientras que el Fortaseg benefició en 2020 a 286 municipios con alrededor de 4 mil millones de pesos. 3
De Fortaseg a Fofisp: un cambio drástico
La apuesta del Fortaseg era invertir de manera focalizada en los municipios que fueran zonas conurbadas, centros turísticos o capitales, con miras a mejorar la incidencia delictiva, entre otras. Los remanentes del fondo fueron liquidados en 2021 y no fue sino hasta 2023 que con la creación del Fofisp la Federación retomó la entrega de recursos exclusivamente para seguridad pública en los municipios. Sin embargo, no siguió con las buenas prácticas del Fortaseg, ni atendió sus áreas de oportunidad, sino que adoptó un diseño parecido al del Fortamun, en el que el principal determinante para entregar recursos es la población total (número de personas).
Para ilustrar los efectos de los cambios en la asignación de recursos y beneficiarios, evaluamos el caso de tres estados con diferentes niveles de tasa de prevalencia delictiva, de acuerdo con la Envipe (2023): Estado de México, con la tasa más alta, de 31.2%; Morelos, con una tasa de 21.7%, cercana al promedio nacional (22.6%), y Veracruz, con una tasa de 13.6%, y que se posiciona como una de las más bajas del país.
En términos generales, hay una expansión de los municipios beneficiados en los tres estados. Sin embargo, las diferencias en la cobertura pueden ser significativas, como en el caso de Morelos, donde hay cinco veces más municipios incluidos. Aquí es importante destacar que el aumento en la cantidad de municipios que están dentro del fondo no necesariamente implica una mayor población beneficiada. Por ejemplo, en el Estado de México se añadieron 35 municipios, pero la población cubierta apenas varió. En Morelos, la población beneficiada aumentó un 34% en comparación con el Fortaseg, pero en Veracruz, a pesar de incorporar 22 municipios adicionales a la lista de beneficiarios, la población disminuyó en un 3%, ya que se dejaron de otorgar recursos al municipio de Veracruz, que es el más poblado del estado.
En cuanto al monto de los recursos, para hacer una comparación entre los municipios empleamos la distribución per cápita de beneficiarios en pesos para 2024. Observamos una marcada disminución en la cantidad de recursos asignados a los municipios entre el Fortaseg y el Fofisp. El Estado de México experimenta una disminución del 81.7%, pasando de 43 pesos per cápita del Fortaseg a 7.9 pesos con el Fofisp. Morelos y Veracruz muestran una disminución del 73% y 77.8%, respectivamente, lo que se traduce en un promedio de 33 y 60 pesos per cápita menos para cada estado, en comparación con el Fortaseg.
Lo anterior evidencia que el aumento en la cobertura de municipios por parte del Fofisp, junto con la reducción de recursos, conlleva una disminución de hasta ocho de cada 10 pesos que los municipios solían recibir a través del Fortaseg. Esto tiene un impacto directo en la capacidad de los municipios para fortalecer sus instituciones de seguridad pública, especialmente si consideramos que los recursos del Fortaseg se destinaban en gran medida al gasto operativo de las instituciones policiales.
La vía para orientar una solución
Es esencial que exista correspondencia entre la asignación presupuestaria y la entidad responsable de llevar a cabo una función determinada. Parte del financiamiento otorgado a las Fuerzas Armadas no está adecuadamente alineado con su propósito de seguridad. En consecuencia, es imperativo llevar a cabo una revisión exhaustiva del presupuesto destinado tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas civiles, priorizando la protección de la ciudadanía y evitando cualquier inclinación hacia la militarización en las tareas de seguridad interna.
Además, es indispensable contar con un presupuesto sostenible a largo plazo, aumentar de forma continua las transferencias financieras a estados y municipios, y distribuir los recursos de acuerdo con criterios per cápita y las necesidades específicas en materia de seguridad. Además, sugerimos la implementación de una evaluación constante de los resultados y el establecimiento de mecanismos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en la asignación y ejecución de los recursos presupuestarios destinados a las fuerzas de seguridad pública.
* Elsy Alcalá, Francisco Alberto Pérez y Christopher Cernichiaro son investigadores del programa de Gasto Público de México Evalúa.
1 De acuerdo con la clasificación del Observatorio Nacional Ciudadano (2023) los delitos de alto impacto son: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, trata de personas, robo a transeúnte, robo a negocio, extorsión, robo de vehículo, robo de autopartes, robo a casa habitación, violencia familiar, violación simple y equiparada y narcomenudeo
2 La unidad de medida son carpetas de investigación por cada cien mil habitantes. Dados los datos disponibles en el Observatorio Nacional (2023), la cifra correspondiente a los casos de violencia intrafamiliar abarca desde 2015 hasta 2022.
3 Se consideran las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México como beneficiarias, pero no se reportan los municipios beneficiados de Yucatán.