El presupuesto que necesitamos para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres

La salud sexual y reproductiva de las mujeres parece no ser una prioridad en México. Las cifras no mienten: entre 2018 y 2021, los recursos ejercidos para el programa Salud materna, sexual y reproductiva (en adelante P020) 1 a cargo de la Secretaría de Salud federal (SSA), dirigido a las mujeres sin seguridad social, han disminuido 39 %. 2

Esta disminución es preocupante porque pone en riesgo la salud sexual y reproductiva (SSyR) de las mujeres,  que –como ha señalado la UNFPA– garantiza poder disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos; decidir si se quiere procrear o no y cuándo; poder elegir métodos de planificación familiar y/o anticonceptivos seguros, eficaces, aceptables y asequibles, así como tener acceso a servicios de salud materna adecuados para vivir partos seguros y nacimientos de hijos e hijas sanas.

A pesar de la existencia de una política pública en la materia diseñada por la SSA federal, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) e implementada por los Servicios Estatales de Salud, persisten aún muchos desafíos para que las mujeres, sobre todo aquellas en mayor situación de vulnerabilidad, tengan garantizado su derecho a la SSyR; entre estos destaca la asignación suficiente de presupuesto. Algunas cifras que dan cuenta de esta desafiante realidad son las siguientes:

• La Razón de Muerte Materna (RMM) nacional, es decir, el número de mujeres que fallecieron en México por cada 100 mil recién nacidos vivos en 2020 y 2021 de acuerdo con información del Observatorio de Muerte Materna OMM, fue de 39.8 y 46.6 por cada 100,000 nacidos vivos respectivamente. 3
• México también ocupa el primer lugar en embarazos en mujeres de 15 a 19 años dentro de la OCDE. Muchos de estos embarazos no son planificados y, en parte, son producto del limitado acceso de las adolescentes a servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos.
• Persisten altos niveles de violencia, pues siete de cada 10 mujeres de 15 años y más ha sufrido al menos un acto de violencia a lo largo de su vida.
• La violencia obstétrica persiste: de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 31.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea reportaron sufrir algún tipo de maltrato en su atención.

Estos indicadores de SSyR podrían mejorar si existiera mayor asignación y control de los recursos presupuestarios. Por ejemplo, la mayoría de las muertes maternas que existen en nuestro país son evitables si existen servicios de salud adecuados, oportunos y accesibles para las mujeres. Lo mismo ocurre con el embarazo adolescente no planificado, los niveles de este pueden reducir si hay suficientes servicios y/o insumos para la planificación familiar, así como anticoncepciones disponibles.

Sin embargo, como puede observarse en la siguiente gráfica, el Poder Legislativo, que es el encargado de aprobar anualmente el presupuesto de la federación, redujo –entre 2018 y 2023– en 27 % los recursos asignados al programa P020. Esto a pesar de que distintos actores de la sociedad civil, comunitarios, academia, personas de los servicios de salud y las propias comisiones del congreso han señalado la necesidad de aumentar los recursos destinados al sector salud, incluida la SSyR de las mujeres.

Otro problema relacionado también con el gasto son los recortes que el Poder Ejecutivo hace a lo largo del año a los recursos previamente aprobados por el Poder Legislativo. Como muestra la tabla, en el caso del P020, los recortes que el Ejecutivo hizo respecto al monto aprobado por el Congreso representaron 27 % en 2019, 24 % en 2020 y 12 % en 2021. Esto significa un grave problema de rendición de cuentas y control, ya que el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prohíbe que el Ejecutivo reduzca –sin tener una opinión del poder legislativo– el presupuesto a programas de igualdad entre mujeres y hombres, como es el P020. Como resultado de estos recortes y de los subejercicios que existen, entre 2018 y 2021, los recursos ejercidos para este programa han disminuido 39 %.

Resulta preocupante que, en los últimos años, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo han disminuido los recursos destinados a garantizar la SSyR de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, que se atienden en los servicios de salud estatales y/o afiliados a la SSA.

Uno de los compromisos internacionales adquirido por el Estado Mexicano para garantizar la SSyR de las mujeres se relaciona con la asignación de recursos suficientes y progresivos para que los servicios de salud operen de manera adecuada y las mujeres tengan un acceso efectivo a estos. Por ello es importante que el Congreso y el Poder Ejecutivo asuman sus responsabilidades y roles. El Congreso debe tener un mayor control de los recortes que el Ejecutivo realiza al presupuesto aprobado, así como procurar una mayor asignación de recursos para la operación del P020 para el siguiente ejercicio fiscal. Por su parte, el Poder Ejecutivo no debe realizar recortes al presupuesto aprobado por el Legislativo. Y en caso de que los lleve a cabo, debe rendir cuentas y explicar los motivos excepcionales que los justifican, así como los impactos que estos tendrán en la vida de las mujeres.

El inicio del 2023 debe ser una oportunidad para que los actores políticos garanticen una asignación y gasto progresivo, adecuado y transparente del presupuesto. Por su parte, los actores sociales debemos continuar exigiendo que el Estado Mexicano garantice el máximo uso de los recursos disponibles para SSyR, así como su ejercicio transparente y con rendición de cuentas. En un contexto tan complejo en que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están en juego, la creación de espacios de diálogo y participación ciudadana sustantiva para la construcción de un presupuesto adecuado y centrado en derechos son clave.

* Matilde Pérez y Janet Oropeza son investigadoras en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

 

1 La SSyR de las mujeres sin seguridad social se financia con recursos provenientes de tres fuentes de financiamiento: el Ramo 12 P020; el U013, lo que antes era el U05 seguro popular: y el Ramo 33. En esta columna sólo nos referimos al P020, por ser los recursos más identificables en el PEF

2 Según el INEGI, casi 16 millones de mujeres no está afiliada a ningún sistema de salud.

3 En 2021, se incrementó el número de muertes maternas en México, debido en parte a la pandemia por Covid 19, lo que representa un importante retroceso.