El presupuesto también emite carbono

Por Beatriz Acevedo*

El pasado 24 de junio, el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), conocido como el principal impulsor de la Coalición México Resiliente, tuvo la oportunidad de presentar los resultados de su estudio “Política fiscal y sector energético en México: trayectoria, incentivos y desafíos para la transición energética (2012–2024)”. La presentación estuvo a cargo de Lorena Caballero, actual directora técnica de GFLAC – México.

El contexto regional nos obliga a exigir y ser parte de la acción para el cumplimiento de grandes compromisos orientados a rediseñar una política fiscal que conduzca a la región hacia una economía baja en emisiones.

Localmente ¿cuáles fueron los hallazgos reportados en la política fiscal de México entre 2012 – 2024?

1. México presenta una de las mayores dependencias fósiles de América Latina y el Caribe

Por cada ingreso sostenible generado, México obtiene 86 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono que sostenibles, muy por encima del promedio regional de 11. Esta estructura también se refleja en el gasto público, donde se destinan 15 veces más recursos a actividades intensivas en carbono que a sectores sostenibles, mientras que la generación renovable representa únicamente el 18.2 % de la electricidad nacional frente al 65.2 % del promedio regional.

1. Los subsidios a los combustibles fósiles representan una presión significativa sobre las finanzas públicas

Entre 2012 y 2024, los subsidios acumularon 255.6 mil millones de dólares, equivalentes al 7.56 % del presupuesto nacional acumulado en el periodo del 2012 al 2024. Este monto supera ampliamente los recursos destinados a funciones estratégicas del desarrollo, alcanzando casi 12 veces el presupuesto acumulado de protección ambiental y un nivel similar al presupuesto destinado a salud durante el mismo periodo.

1. Una reasignación de subsidios podría liberar recursos para fortalecer alternativas energéticas

El análisis de trayectorias muestra que una reducción anual del 8 % en los subsidios al productor permitiría redirigir aproximadamente 2,178 millones de dólares y asociarse con la generación de 50,672 GWh adicionales de energía limpia y la mitigación de 22.25 MtCO₂e. Los resultados permiten dimensionar el potencial de distintas alternativas de asignación de recursos públicos dentro del sector energético y otros programas estratégicos para el desarrollo nacional.

Otras voces expertas se sumaron al análisis de los instrumentos y decisiones fiscales:

Luis Martínez, consultor sénior en transición energética del sector de petróleo y gas, del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD por sus siglas en inglés), enfatizó que los objetivos planteados en los instrumentos de planeación energética pueden representar una ambición importante, pero corren el riesgo de quedarse en una aspiración si no cuentan con disciplina fiscal y recursos suficientes para respaldarlos. 

Señaló que la dimensión fiscal es clave para hacer viables las metas de transición energética y destacó que, desde su instituto, una de las medidas fundamentales es avanzar en la redirección de los subsidios a los combustibles fósiles.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP), señaló que el panorama actual refleja un regreso a una lógica similar a la de los años 80 y 90, cuando una parte importante del presupuesto público dependía de los ingresos petroleros. 

En ese contexto, las decisiones orientadas a producir más combustibles fósiles, generar mayores ingresos y fortalecer la soberanía energética han justificado la asignación de subsidios al sector. Sin embargo, advirtió que estos apoyos también ejercen presión sobre las finanzas públicas, ya que desplazan recursos que podrían destinarse a salud, medio ambiente, infraestructura y otros rubros necesarios para avanzar hacia una transición energética justa con igualdad y justicia social.

Ada Bahena, coordinadora en Hackers por Nuestro Futuro, cerró la sesión señalando que las asignaciones presupuestarias y las reglas actuales parecen responder principalmente a necesidades de corto plazo, aunque se presentan como decisiones orientadas a construir un futuro económicamente próspero. 

Advirtió que existe una contradicción entre el futuro que se promete y el futuro que realmente se está financiando, ya que los recursos públicos siguen favoreciendo estructuras que pueden limitar una transición energética justa y sostenible.

Finalmente, con todo lo antes expuesto, la Coalición México Resiliente felicita y agradece el profesionalismo y compromiso de GFLAC en construir un México bajo en emisiones.♦

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*Beatriz Acevedo es especialista ambiental y coordinadora de prensa de la coalición México Resiliente. Redes: @mexico.resiliente