Presupuesto 2022: evidencia y costo de oportunidad

Ahora que se discute el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual debe ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados, vale la pena recordarle a las diputadas y a los diputados el concepto de “costo de oportunidad” y su importancia en la toma de decisiones.

El costo de oportunidad de un bien o un recurso es su valor medido en su mejor uso alterno. La definición se basa en el hecho que todos las personas, empresas u organizaciones cuentan con recursos limitados tanto de capital como de tiempo, lo cual les obliga a tener que elegir constantemente entre dos o más opciones. Es necesario asimismo diferenciar entre el costo de oportunidad, también llamado “costo económico”, y el costo contable, el cual es simplemente el costo monetario de ese bien. El costo de oportunidad de un edificio que es usado como hotel está constituido por los beneficios que el inmueble podría obtener de utilizarse para otros fines como oficinas o centro comercial, mientras que el costo contable es simplemente la renta que se paga por el edificio. El costo de oportunidad de asistir a la escuela para un estudiante no es sólo el gasto en colegiatura (costo contable) sino también el ingreso que podría obtener si en lugar de ir a la escuela se dedicara a trabajar. El costo de oportunidad de una persona de usar su tiempo para ir al cine es el valor implícito de ese tiempo en caso que hubiera decidido ir al teatro. Así, el costo de oportunidad de una elección es el valor de la mejor opción no seleccionada.

El concepto es importante pues las decisiones deben tomarse con base en el costo de oportunidad y no con el costo contable. Lamentablemente, en muchas ocasiones el costo de oportunidad es ignorado en el diseño de las políticas públicas y en las decisiones de gasto público.

Un error común en el diseño de políticas públicas es pensar que el costo de oportunidad es cero si este costo no tiene un valor monetario explícito y fácil de cuantificar. Por ejemplo, muchas familias con acceso a la seguridad social cuando tienen un problema simple de salud como una gripa o una infección estomacal prefieren acudir a un doctor privado que a su centro de salud, a pesar de que ir a la clínica del IMSS o ISSTE tiene un costo contable igual a cero. La razón es el costo de oportunidad. El tiempo que tardan en llegar al centro de salud, el tiempo de espera y la calidad en la atención hacen que la gente prefiera pagar un poco y ahorrar tiempo. Otro ejemplo similar tiene que ver con el verdadero costo, el costo de oportunidad, de obtener un documento oficial como un permiso para construir o una licencia para un operar un comercio. El costo más importante de estos trámites no es el dinero que se paga al gobierno sino el costo del tiempo que perdemos en obtenerlo. El hecho que no se contabilice este costo no quiere decir que no exista. Es por esta razón que diversos indicadores sobre competitividad como el Doing Business del Banco Mundial miden el tiempo en la obtención de este tipo de permisos. Así, en el caso de estos ejemplos, gastar más, aunque parezca paradójico, sin duda redundaría en un mayor bienestar social al reducir el costo de oportunidad de las personas que acceden o solicitan estos servicios.

Otro error que suele observarse es pensar que el costo de un programa social o de una obra pública es sólo su costo contable o monetario sin considerar su costo de oportunidad. El costo de oportunidad de construir un puente que cuesta mil millones de pesos no son esos mil millones sino lo que se podría hacer con esos recursos como equipar escuelas u hospitales o construir dos carreteras de 500 millones. Así, para establecer si conviene o no construir ese puente no basta con saber si el retorno social neto del mismo es positivo, necesitamos también comparar ese retorno social con el de las alternativas que se están dejando de llevar a cabo. Si equipar escuelas con mil millones tiene un retorno social neto mayor que el del puente, los recursos deben irse al equipamiento de escuelas, no al puente.

Las diputadas y los diputados tienen una gran responsabilidad al aprobar en qué se van a gastar los aproximadamente 7 billones de pesos del presupuesto federal para el año 2022. Como suele suceder, es muy posible que la discusión sea más política que técnica, pero como sociedad debemos exigir cada vez un debate más transparente y con base en evidencia.

@simetriamx