"Los bandazos de la seguridad nacional"

Por Asael Nuche

La controversia por la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua colocó al gobierno de Claudia Sheinbaum frente a un problema más profundo que una disputa diplomática. La presidenta sostuvo que el caso representaba una “violación a la ley” y atribuyó la responsabilidad a autoridades estatales que habrían permitido la participación de personal extranjero sin autorización federal. Sin embargo, el episodio exhibe una contradicción más delicada: el choque entre el discurso soberanista de Morena y la fragilidad real del aparato de seguridad nacional mexicano.

El problema no es solamente jurídico. También es político e institucional. Si autoridades estadounidenses participaron en operaciones dentro del país sin conocimiento del gobierno federal, entonces el sistema nacional de coordinación en materia de seguridad presenta fallas graves. Pero si el gobierno federal sí estaba enterado y decidió negarlo públicamente, entonces la narrativa soberanista funciona más como instrumento político que como auténtica doctrina de Estado.

La Ley de Seguridad Nacional establece que corresponde al Ejecutivo federal preservar la integridad y estabilidad del Estado mexicano, así como coordinar las acciones de las instituciones responsables de la seguridad. Por eso resulta poco creíble que un operativo con participación extranjera pudiera desarrollarse completamente al margen de las áreas federales de inteligencia y seguridad, especialmente en un contexto donde existen despliegue militar, mesas de coordinación y mecanismos permanentes de intercambio de información.

La respuesta oficial frente a estos episodios ha sido errática. Por un lado, el discurso oficial insiste en denunciar cualquier señal de intervención estadounidense como una amenaza a la soberanía nacional. Por otro, el propio Estado mexicano depende crecientemente de información, capacidades tecnológicas, inteligencia financiera y presión judicial provenientes de Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado. Esa contradicción es el verdadero fondo del problema.

En columnas anteriores he sostenido que la agenda del narcotráfico y el terrorismo se convirtió en un instrumento político para Estados Unidos. Sin embargo, eso no significa que toda presión estadounidense sea ficticia o exclusivamente propagandística. La expansión de redes criminales con capacidad de penetrar gobiernos locales, influir en procesos electorales y capturar instituciones representa un problema real de seguridad para ambos países. Sin embargo, del lado mexicano se optó por ignorarlo y negar las acusaciones.

En ese contexto, llegó la solicitud de extradición presentada en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el narcotráfico. Donald Trump ya no está apuntando únicamente contra organizaciones criminales; hoy está señalando presuntas redes de protección política, particularmente a sectores de izquierda acusados de proteger a criminales tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum pedía pruebas de las acusaciones, CNN difundió un reportaje según el cual agentes de la CIA habrían participado en una operación vinculada con la muerte de Francisco Beltrán, alias “El Payín”, identificado como operador del Cártel de Sinaloa, quien murió tras la explosión de un vehículo en el Estado de México. Días después, The New York Times presentó una versión distinta: sostuvo que personal estadounidense no habría participado directamente en el ataque, aunque sí habría proporcionado inteligencia para localizar al objetivo. Ambas versiones fueron rechazadas por el gobierno mexicano y por la propia CIA.

Más allá de cuál versión resulte correcta, el episodio volvió a exhibir una zona gris en la relación bilateral. Incluso bajo la interpretación más limitada, la discusión ya no se reduce a la presencia física de agentes extranjeros, sino al nivel real de cooperación operativa, intercambio de inteligencia y coordinación clandestina entre ambos gobiernos. Y si una operación de este tipo hubiera derivado en una ejecución extrajudicial cometida por autoridades mexicanas con apoyo de inteligencia extranjera, el problema sería todavía más delicado: ya no solo hablaríamos de soberanía, sino también del uso ilegal de la fuerza.

A ello se suma otro episodio particularmente sensible para el discurso oficial: la presunta colaboración con autoridades estadounidenses del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, el general Gerardo Mérida Sánchez, un perfil formado en las áreas más sensibles de inteligencia militar y promovido a la titularidad de la seguridad estatal desde la propia SEDENAdurante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si las versiones sobre una cooperación negociada resultan ciertas, el caso golpearía simultáneamente la narrativa de que “no hay pruebas” sobre vínculos político-criminales y la idea de que las Fuerzas Armadas permanecieron ajenas a las dinámicas de corrupción y protección criminal que marcaron al régimen civil.

Ese cambio altera profundamente la relación bilateral. Durante años, la cooperación entre ambos países estuvo centrada en la captura de capos y el combate al tráfico de drogas. Ahora, la presión estadounidense es directa hacia las estructuras políticas que permiten la expansión territorial y financiera de las organizaciones criminales. Como lo dije antes, la guerra contra el crimen impulsada por Washington tenía un matiz político que fue plenamente ignorado por el gobierno mexicano.

La principal debilidad del Estado mexicano frente a esa presión no es la existencia de agencias estadounidenses interesadas en operar dentro del país. Eso ha ocurrido durante décadas. La debilidad central es otra: la incapacidad política e institucional para investigar, sancionar y depurar sus propias redes de protección criminal debido a la construcción de pactos y acuerdos de gobernanza criminal que permitieron triunfos electorales y el control de las instituciones.

Por eso, el discurso soberanista de Morena enfrenta un límite evidente. Defender la soberanía no consiste únicamente en rechazar públicamente la participación extranjera. También implica construir instituciones capaces de regular la cooperación internacional, ejercer control sobre sus aparatos de seguridad y actuar contra funcionarios vinculados con criminales, incluso cuando pertenecen al propio grupo gobernante.

La soberanía no se defiende únicamente con discursos contra la CIA ni con acusaciones selectivas contra gobiernos opositores. Se defiende con instituciones capaces de investigar, coordinar, sancionar y ejercer autoridad sobre su propio territorio. Y hoy, precisamente ahí, es donde la conducción del Estado mexicano ha fracasado.