Gonzalo Ortuño · 22 de julio de 2023
Luego de cinco sexenios federales observando a profundidad las políticas de seguridad pública en México, puedo confirmar algunos hallazgos que caracterizan lo que entiendo como un ciclo perverso de repetición. Explico siete de ellos.
Primero, al final de cada sexenio se confirma la disociación del discurso político y la experiencia social. Cada presidente, sea cual sea su saldo en términos de la evidencia disponible, afirma que sus decisiones fueron en el camino correcto. Prácticamente no existe reconocimiento de errores, insuficiencia o fallas de cualquier naturaleza en el discurso presidencial, de manera que el Ejecutivo Federal no equilibra su discurso, debilitando de manera crónica el aprendizaje y el cambio.
Segundo, la Presidencia de la República se encierra en un círculo de confianza-lealtad que valida la ruta de toma de decisiones sin contrastarla con opiniones diferentes y contrarias externas. O bien, cuando hace aparentes ejercicios de deliberación, los usa para confirmar su ruta. Los presidentes no cambian el rumbo, pase lo que pase.
Tercero, se prefiere la confianza y lealtad sobre las competencias profesionales. Esta tendencia tiene profundas raíces históricas, siendo la seguridad originalmente construida como un instrumento político de protección del gobierno y de las élites públicas y privadas beneficiadas de sus esquemas de operación. De ahí que la impunidad es parte del andamiaje de la estabilidad política, beneficiando a pocas personas privilegiadas y sometiendo a quienes no tienen recursos y relaciones.
Cuarto, se antepone el saber inercial de los operadores sobre la creatividad y la disrupción basada en el conocimiento científico. Ya sea por la manipulación para beneficiar al grupo político propio, a grupos incrustados en el aparato de seguridad y quizá a organizaciones delictivas; ya sea por ignorancia o por temor al cambio, los presidentes toman atajos con puertas falsas una y otra vez. Todo lo que suene a investigación profunda, por ejemplo, los diagnósticos sólidos, es relativa o completamente marginado, dada la inversión que supone, especialmente en cuanto al tiempo.
Quinto, la víctima más relevante de estas tendencias, en términos de política pública, es la prevención. Por eso asfixiaron el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. Al sobreponerse los incentivos político electorales, no alcanzan los tiempos para la maduración de las buenas prácticas, aún si se ha comprobado que incrementan la eficacia sostenida y terminan reduciendo todo tipo de costos.
Sexto, cada presidente abona al debilitamiento crónico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impidiendo hacer del mismo un afluente de buenas prácticas, así comprobadas con la investigación aplicada. Es hoy más un andamiaje de distribución de recursos -cada vez menos- sin importar o importando muy poco la evaluación sexenio tras sexenio (asómense a los programas nacionales en la materia y confirmen la inexistencia de marcos de referencia soportados en la evaluación). Peor, he sido testigo de que algunos municipios o entidades federativas han llevado sus mejoras al Sistema, pero estas no han logrado insertarse como referencia para el aprendizaje colectivo. En el sexenio de Calderón miré a varios municipios negando trabajar con propuestas de la academia y la sociedad civil a favor de la mejora policial, no por considerarlas erróneas sino para no poner en riesgo el acceso a recursos federales. El Sistema distribuye recursos pero no distribuye conocimiento e incluso parece haberlo inhibido en una dimensión que no conocemos.
Séptimo, uno tras otro los presidentes se han concentrado más en informar públicamente sobre el despliegue civil y militar armado que en cualquier otra cosa. Es quizá el más vistoso y efectivo anclaje del llamado populismo punitivo, es decir, la extendida popularidad entre la sociedad de medidas que aparentan que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y somete a la delincuencia, independientemente de que ni una ni otra sean verdad. Por increíble que sea, la gente sabe que ese monopolio no es tal y que la impunidad es casi absoluta y el relato sigue funcionando, al menos para reproducirse a sí mismo. Hace más de medio siglo la investigación con base empírica viene cuestionando los alcances del despliegue armado en tareas policiales, demostrando que este solo ayuda bajo contextos y políticas multidimensionales específicas; con todo, la presidencia lo usa como medida suficiente por sí misma, una y otra vez demostrándose que no es así.
Son estas solo algunas notas sobre un ciclo perverso de repetición que podría incluso agudizarse del 2024 en adelante, dada la evolución, diversificación y agudización de las violencias.