El día siguiente: ocho preguntas para el sistema judicial que nos espera

La próxima elección judicial en México, programada para el 1 de junio, se perfila como un momento definitorio en la historia democrática del país. La reforma ha impuesto a los ciudadanos una tarea casi imposible: formar una opinión informada sobre cuestiones legales y jurídicas complejas. Se espera que todas las personas ejerzan sus derechos políticos en condiciones de incertidumbre, información incompleta o poco confiable, desconocimiento de las funciones y diferencias de los puestos que se eligen, así como falta de garantías respecto al conteo de los votos. Esta pretensión resulta inalcanzable: para que una democracia electoral funcione, se requiere no solo una participación ciudadana amplia, sino también que los votantes tengan acceso a información necesaria y suficiente para tomar decisiones fundamentadas. La reforma ha fallado en proporcionar los medios necesarios para que las personas evalúen correctamente las candidaturas y entiendan las implicaciones de su voto.

El bajo nivel de participación proyectado para la elección, entre 8 % y 15 % del padrón electoral, es otra señal de que la reforma no ha generado el apoyo popular que se le atribuye. La falta de interés de la ciudadanía es reflejo de un proceso atropellado y confuso en su planeación y organización. Entre quienes salgan a votar, probablemente muchos lo harán a partir de criterios superficiales, como el reconocimiento o la imagen, al ser extremadamente difícil destinar el tiempo y esfuerzo necesarios para evaluar las capacidades, experiencia y credenciales jurídicas de todas las personas candidatas. Algunos otros votarán inducidos por prácticas fraudulentas, de las que ha surgido evidencia en los últimos días, condicionando la libertad del sufragio.

Además, como han señalado una gran cantidad de observadores, lejos de fortalecer la independencia judicial, la reforma podría hacerla más susceptible a presiones externas. La falta de experiencia de los nuevos jueces y la injerencia de actores políticos en los procesos judiciales amenazan con generar disrupciones mayúsculas en un sistema ya de por sí frágil e ineficaz.

Durante la historia del México independiente, la evolución del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado marcada por la búsqueda de la autonomía judicial y la separación del poder político, bajo la premisa de que el país debía desarrollar su sistema político-social a partir del principio de legalidad, por encima de la veleidosidad del poder o la arbitrariedad de los gobernantes en turno. Esa progresión llevó a la Corte a convertirse en un tribunal constitucional pleno en décadas recientes, a fungir como guardián e intérprete máximo de las disposiciones contenidas en la Carta Magna, a procurar el equilibrio entre los poderes y a proteger los derechos humanos a partir del principio pro persona.

Si bien estas transformaciones fueron un reflejo del nacimiento de una sociedad más abierta, democrática y plural –particularmente después de 1997–, esta evolución no resultó en la superación de los problemas de violencia, impunidad, corrupción e inseguridad jurídica de las personas buscadoras de justicia. La falta de resultados del Poder Judicial ha sido aludida en la coyuntura actual como un argumento para impulsar un mecanismo de nombramiento de ministros, magistrados y jueces que, de facto, los coloca en un área atípica y desconocida de enorme politización.

Prescindiendo de cuál sea su postura respecto a la elección del 1 de junio y las motivaciones de la reforma judicial, de su opinión sobre ejercer o no el derecho al voto, y con independencia de si los cambios planteados resolverán los problemas estructurales de procuración e impartición de justicia en el país, lo cierto es que el 2 de junio amaneceremos con un Poder Judicial que ha abierto puertas y ventanas a la injerencia de intereses económicos, políticos o de otra índole en la toma de las decisiones jurisdiccionales.

Esta vulnerabilidad aleja a la judicatura de los principios que en la mayor parte del mundo son aceptados como elementos esenciales de la impartición de justicia, tales como la independencia, el desapego, el dominio de las leyes, la estabilidad en el cargo, el profesionalismo y la ecuanimidad. Todo esto ha sido advertido ya por organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por eso creemos relevante dejar una serie de ocho preguntas para el día siguiente de la elección, que futuros ajustes legislativos e institucionales deberían ir corrigiendo, si realmente se reconoce que la democracia y el estado de derecho son ramas interdependientes del árbol jurisdiccional. Sin la garantía de que se cumplirán los principios de imparcialidad, conocimiento especializado y distancia de los juzgadores frente al caso y las partes de un litigio:

1. ¿Cómo podemos estar seguros de que acudir a los tribunales será una forma legítima y segura para resolver nuestras querellas?
2. ¿Cómo confiar en que nuestros asuntos serán resueltos apoyándose en el conocimiento de las leyes, la jurisprudencia y una debida interpretación, y no con base en intereses ajenos a la norma, en la alineación política de los jueces o en la simple y llana ley del más fuerte?
3. ¿Cómo aseguraremos que los actores políticos acepten y cumplan efectivamente las resoluciones judiciales cuando éstas no les favorezcan?
4. ¿De qué forma se dirimirán las potenciales controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo, o entre la Federación y los estados y municipios, de manera neutral y sin la distorsión que genera el peso específico del Poder Ejecutivo?
5. ¿De qué manera los nuevos jueces/as garantizarán que todo acto de autoridad se apegue estrictamente a la Carta Magna y se base en los derechos humanos?
6. ¿De qué manera se definirán las acciones de inconstitucionalidad –que plantean la contradicción entre una ley y la Constitución– ante controversias promovidas por gobiernos encabezados por fuerzas distintas al partido oficial?
7. ¿Cómo se asegurará que los expedientes en marcha no sufran retrasos o se reinicien ante la enorme rotación de jueces que tomarán los casos sin los antecedentes y conocimiento de las etapas procesales previas?
8. ¿Con qué criterios el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial determinará en la práctica que una sentencia ha sido “incorrecta”, e investigará, procesará y sancionará a los jueces que las emitieron?

Los árbitros son individuos cuyas decisiones responderán a los nuevos incentivos –formales e informales– que se harán evidentes a partir del día siguiente de la elección. Es ingenuo suponer que la actividad de los jueces consistirá solamente en interpretar la ley y a partir de ello emitir sus sentencias. Muchas veces, los jueces decidirán cómo resolver los casos a priori y siempre podrán buscar una interpretación jurídica que justifique sus resoluciones.

Parafraseando a Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus Enemigos, el 2 de junio México tendrá que empezar a preguntarse cómo reorganizar al Poder Judicial a fin de que los funcionarios malos o incapaces no puedan ocasionar demasiado daño.

* Javier González (@Javier_GlezGom) es director de Desarrollo Institucional y Alejandra Treviño es pasante, ambos en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).