Claudia Ramos · 29 de enero de 2026
En “Plan D” de la reforma electoral se encuentra en un punto de inflexión, ya que el PT y el PVEM no están, momentáneamente, de acuerdo con las propuestas del gobierno federal. Es inverosímil que la principal resistencia de los designios presidenciales no provenga de los partidos políticos opositores, las instituciones electorales, los medios de comunicación y la ciudadanía, sino que radique en los partidos políticos aliados del oficialismo.
Hasta el momento todo indica que habrá reforma electoral, pero tal vez -solo tal vez- no contenga las pretensiones de concentración del poder político que quiere y que necesita instaurar el gobierno federal y Morena para acabar con los resquicios que aún quedan de pie en la maltrecha democracia mexicana, tales como el pluralismo político, la representación popular, el voto libre y los partidos políticos.
En las próximas semanas, probablemente meses, el debate político nacional girará en torno a los contenidos, los pactos, los silencios, las disputas y las apologías de la reforma electoral. Pero, dado los fallidos planes A y B, así como por el actual contexto político, es probable pronosticar que se presentarán siete escenarios que definirán los procesos de elaboración de contenidos, deliberación nacional y aprobación legislativa del Plan D de la reforma electoral. Veamos.
En las últimas semanas el PT y el PVEM se pronunciaron en contra de la eliminación de las diputaciones y las senadurías de representación proporcional, así como de la disminución del financiamiento público de los partidos políticos. Esto ha implicado una interrupción abrupta de los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y ha provocado que el gobierno federal tenga que negociar con sus aliados partidistas.
En consecuencia, la reforma electoral se podría convertir en una moneda de cambio para que el PT y el PVEM obtengan candidaturas y/o espacios en el gabinete presidencial y en los gobiernos estatales y municipales. Pero tal vez estas negociaciones podrían revelar la naturaleza autoritaria del gobierno federal, ya que el PT y el PVEM podrían ser forzados a apoyar la reforma electoral a cambio de no revelar ni perseguir actos de corrupción, vínculos con grupos criminales, hechos delictivos, entre otros.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral recibió 382 propuestas de modificaciones constitucionales y legales que fueron presentadas en 65 audiencias públicas. No obstante, aquellas proposiciones contrarias a los designios del gobierno federal y Morena podrían ser eliminadas sin ni siquiera ser leídas y/o estudiadas.
Así lo advirtió Pablo Gómez 1 sobre las propuestas presentadas por el Instituto Nacional Electoral y así lo sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las iniciativas de Somos México y Salvemos a la Democracia. Este mismo camino podrían seguir decenas de propuestas provenientes de servidores públicos, especialistas, académicos y de la ciudadanía.
Es inaudito que el PAN, PRI y MC tuvieron más de seis meses para presentar una iniciativa de reforma electoral y no lo hicieron. Tampoco participaron en las audiencias de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Ni existen indicios sobre que estén preparando una contrapropuesta de reforma electoral que confronten las iniciativas del gobierno federal.
En las próximas semanas los partidos políticos opositores podrían utilizar el contrataque para debilitar y reprobar las propuestas reformistas del oficialismo. Sin embargo, nuestra frágil democracia requiere de un debate de ideas y propuestas que se lleve a cabo a partir de un análisis basado en contextos, datos, estudios y verificaciones.
A pesar de que durante la ejecución de los Planes A, B y C el oficialismo evidenció la debilidad y la desarticulación de los partidos políticos opositores, estos no han querido reconocer que sus tácticas mediáticas, políticas, sociales y legislativas han fallado. Por lo tanto, están condenados a revivir, una y otra vez, las sendas derrotas parlamentarias y en esta ocasión no habría sociedad organizada ni Poder Judicial que detenga el Plan D de la reforma electoral.
Aquellas personas que decidieran levantar la voz para denunciar que los contenidos de la reforma comicial debilitan a las autoridades electorales, restringen derechos, limitan libertades, erradican la pluralidad política, erosionan los principios democráticos y concentran el poder político, serían señalados, desprestigiados, exhibidos y repudiados por las persona legisladoras de Morena, el gobierno federal, los medios de comunicación oficialistas y los influencers de redes sociales allegados al morenismo.
El gobierno federal y Morena aprendieron las lecciones que les dejó el proceso legislativo del Plan B y no volverían a aprobar una reforma electoral con celeridad, sin dictamines de comisiones, con fraudes normativos, sin deliberaciones en comisiones ni con errores procedimentales. Este conjunto de desaciertos ocasionó que las modificaciones a las leyes electorales fueran impugnadas y declaradas invalidas por la SCJN. 2
No obstante, habrá prácticas no democráticas que serían retomadas por Morena, tal vez por PVEM y el PT, en el Congreso de la Unión y que consistirían en: i) desconocer las recomendaciones y las reconvenciones de la autoridades electorales, académicos, organismos internacionales y especialista; ii) no leer, analizar ni debatir los pros y los contras de sus propuestas; iii) ignorar y rechazar sin leer ni analizar las proposiciones los grupos opositores; iv) no generar consensos con los partidos políticos opositores; v) no explicar públicamente la importancia de los cambios contenidos en la reforma electoral, y vi) descalificar a las voces disidentes.
El gobierno federal y Morena conseguirían, cueste lo cueste, que el PT y el PVEM apoyen las propuestas de cambios normativos y, con ello, obtendrían los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional y las reformas legales. Este es el consenso que les importa y que tanto necesitan para llevar a buen puerto el Plan D de la reforma electoral.
La reforma electoral del oficialismo rompería con la historia legislativa sobre el involucramiento, respaldo y consenso de los partidos políticos, ya que las modificaciones comiciales serían aprobadas solo por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT. Lo que contrasta con las reformas electorales de 1977, 1986, 1990, 1994, 1996, 2007 y 2014, ya que fueron producto del acuerdo y del compromiso, lo que ocasionó que fueran apoyadas y aprobadas por todos los partidos políticos.
En esta ocasión el gobierno federal y Morena no tendrían ninguna preocupación sobre una eventual impugnación de la reforma electoral, ya que le TEPJF, en los últimos años, se ha caracterizado por avalar y salvaguardar los intereses de morenismo. Mientras que la SCJN no ofrecería ninguna garantía de imparcialidad para detener el menoscabo del pluralismo político, el sometimiento de las autoridades electorales, el deterioro de las condiciones equitativas de la competencia comicial y la merma de los partidos políticos.
Nos encontramos a unos días, tal vez semanas, de conocer las propuestas que integrarán el Plan D de la reforma electoral del gobierno federal y Morena. Dada la cercanía de las elecciones federales y locales de 2027, no sería idóneo trastocar el sistema electoral ni el sistema de partidos políticos, ya que los cambios podrían generar una crisis política, social y económica que mermarían la débil estabilidad del Estado.
* César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.
1 Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
2 Acción de Inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas y Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas.