Posesión simple de drogas: la salida fácil

En 2018, la narrativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador aterrizaba en el debate público como una oportunidad para reformar la política de drogas en México. La regulación del cannabis se presentó como el primer paso por fuera de la política de prohibición que tanto daño ha causado en el país.

El inicio de la administración arrancó con el reconocimiento de que “la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de las que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción (…)”. Este pilar del proyecto del poder ejecutivo fue acompañado de los otros poderes. Por un lado, con la presentación de una iniciativa en el Congreso para generar el mercado regulado de cannabis en México y por el otro con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconoció y protegió el libre desarrollo de la personalidad frente al uso adulto de cannabis.

Tres años después, cualquier intento de materializar esos primeros pasos se han difuminado. El discurso del presidente cambió radicalmente. Su posición repite sin evidencia la narrativa de gobiernos anteriores de vincular el uso de sustancias psicoactivas a la comisión de delitos y su política respecto al uso de drogas. Lejos de tener un enfoque de salud pública, se basa en una estrategia bélica operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El poder legislativo no se queda atrás, decenas de iniciativas han desfilado en los últimos años sin enfoque de justicia social ni consenso para impulsar una regulación responsable. A la par, la decisión de la SCJN se encuentra condicionada a la burocracia de la COFEPRIS para la emisión de permisos para la posesión y el uso personal de cannabis.

Mientras tanto, el enfoque punitivo se mantiene en las calles y en las estrategias de seguridad pública a nivel federal y local. El delito de posesión simple de drogas, que da pie a que una persona pueda ser detenida, procesada y sentenciada aun y cuando dicha posesión no sea para fines de comercialización, se ha convertido en un mecanismo de extorsión, detenciones arbitrarias y ejercicios de violencia. Pero también, en la herramienta perfecta de las autoridades para reprimir protestas, privar de la libertad a personas y dar una falsa percepción de resultado, sin la necesidad de realizar una investigación diligente.

Desde el área de política de drogas y derechos humanos en Elementa hemos recopilado cifras e historias que dan cuenta de esto. En el informe “Historias de Detención por posesión simple” recopilamos 150 testimonios de personas, de las cuales el 77% fueron detenidas por poseer cannabis para uso personal, el 80% sufrió algún tipo de violencia por parte de las autoridades y el 90% fueron víctimas de extorsión. Cada una de las historias dan cuenta de una persecución en contra de las personas usuarias que atraviesa el estigma respecto al uso, el color de piel y la clase social.

Las cifras oficiales también muestran el nivel de priorización que durante años el sistema de justicia penal le ha dado al delito de posesión simple de drogas. En nuestro informe “El papel del delito de posesión simple en la guerra contra las drogas en México” evidenciamos cómo entre 2009 y 2020, solamente en el fuero federal se ejerció acción penal en contra de 8,980 personas por el delito de posesión simple de drogas. En dicho trabajo también señalamos que, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, por lo menos 1,787 personas se encontraban en prisión preventiva por poseer una sustancia psicoactiva, sin que la autoridad pudiera comprobar que la misma era con fines de venta.

Actualmente según datos del mismo Censo en su edición 2020, se encuentran privadas de la libertad 5,674 personas por dicho delito. Las cifras del INEGI evidencian que, por lo menos en 21 entidades federativas, la posesión simple es la conducta bajo la figura de narcomenudeo por la que más personas están en la cárcel. Además, que la sustancia en posesión al momento de la detención de la mayoría es la cannabis.

Las historias y datos alrededor del delito de posesión simple retratan violaciones a derechos humanos y afectaciones al proyecto de vida de miles de personas que alimentan el sistema penitenciario y una guerra simulada. La posesión simple es la salida fácil; por el contrario, la salida real requiere medidas de no repetición que permitan avanzar a una política de drogas con enfoque de derechos. Si las reglas del juego para la regulación del cannabis en el Congreso se complican, existen unos mínimos para evitar que grupos en situación de vulnerabilidad sigan siendo afectados por la prohibición. Valdría la pena regresar a la idea original expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, levantar la prohibición, sumarse al movimiento internacional de reforma a la política de drogas, empezar por la despenalización efectiva del delito de posesión simple de sustancias psicoactivas y retomar un camino más sensato y urgente: concentrar los esfuerzos de investigación y persecución de aquellos eslabones que se fortalecen en el marco de la corrupción y las violencias que azotan el territorio nacional.

* Adriana Muro Polo (@adrianawall) es abogada y maestra en derechos humanos y democracia. Es Directora Ejecutiva de @ELEMENTADDHH.